COMODORO RIVADAVIA.– En la primera jornada del juicio oral y público por la causa conocida como la “masacre de pingüinos”, el tribunal denegó la suspensión propuesta por el único imputado por el delito de “ecocidio”, quien ofreció ceder 300 hectáreas de su campo a la reserva natural de Punta Tombo a cambio de evitar ser juzgado.

El abogado defensor Federico Ruffa hizo un planteo previo a pedido de su defendido, Ricardo La Regina, acusado de ser el causante de un desastre ambiental tras pasar con una topadora sobre cientos de nidos de pingüinos en noviembre de 2021. El pedido fue denegado de forma unánime por el tribunal.

Frente al tribunal, Ruffa sostuvo: “ mi asistido de solicitar que este proceso penal se solucione por la suspensión del juicio a prueba, esta oferta la planteamos en contra de mi consejo profesional, en virtud de que mi asistido tiene una intención muy concreta de establecer una convivencia con los pingüinos como lo ha hecho su familia hace un centenar de años”.

Luego Ruffa expuso la oferta: “Poner a disposición del Estado aproximadamente 300 hectáreas linderas a Punta Tombo para ampliar la reserva, ya que hoy tiene 210 hectáreas y en paralelo generar un área de protección en la zona de Punta Clara que abarcaría unas 270 hectáreas más, por lo que se sumarían cinco kilómetros de costa”.

Y agregó: “Si esta petición es aceptada, nos vamos a perder la oportunidad de llegar a la única instancia en que se pueden discutir verdades con pruebas, y voltear una gran cantidad de falsedades que se han dicho, pero los egos no pueden estar por delante de los clientes”, dijo el abogado.

Además, cuestionó: “No hemos tenido la oportunidad de constituir una mesa para una instancia de negociación con los acusadores, sería una reparación ante cualquier hecho delictivo que se pudiera presumir contra mi cliente”.

Y aclaró que no implica reconocer la culpabilidad, sino el derecho de evitar el tormento de un juicio de estas características: “Mi cliente no ha tenido ningún contacto con el sistema penal en toda su vida. La expectativa de pena merece un llamado de atención, porque la pretensión punitiva restringe un derecho. Ya existen falencias graves ya que no se ha explicado la cosa ajena pasible de ser dañada”.

Luego se sentó a exponer Ricardo La Regina y dijo que su oferta es la mejor opción para todos. “Lo vengo planteando hace más de 10 años, porque es el mejor uso para la tierra”. La Regina fue interrumpido por la parte acusadora, porque consideraba que la historia vital del acusado era parte de la prueba, a lo que Ruffa consideró que “se coarta el derecho de su asistido y en el peor de los casos hay resortes procesales si alguien se ve afectado por la declaración”.

Por su parte, el abogado querellante Eduardo Hualpa, dijo: “Este debate está convocado hace dos meses y hubo mucho tiempo para hacer la propuesta, si la defensa decidió hacerla este día, debe atenerse a las consecuencias. Hay que compatibilizar sus derechos y contar su propuesta, pero ahondar en su historia es un exceso procesal”.

En este punto, el abogado defensor le preguntó al acusado cómo llegó a la idea y las razones, y La Regina sostuvo: “Siempre estuvo en mi mente tratar de hacer algo así, porque he tenido problemas para trabajar con la ganadería, porque no hay límite real entre Tombo y mi propiedad, debería existir una zonificación, pero es imposible de cumplir”.

“Las dos actividades son incompatibles, siempre pensé que la solución era que el uso sea exclusivo para pingüinos y turismo, pero había que delimitarla de alguna manera, con un alambre para lograr un área intangible, nunca obtuve respuesta de las autoridades y esta la oportunidad de hacerlo efectivo”, agregó.

Al responder el planteo, la fiscal Florencia Gómez pidió que se rechace el planteo de la suspensión del juicio a prueba. “Cuando se inicia el debate, cualquier planteo forma parte del debate, aunque erróneamente se consideren cuestiones previas, da rienda suelta a que la defensa haga abuso de sus derechos, abusando de los tiempos de los presentes”, indicó.

Agregó que se invirtió una gran “cantidad de recursos humanos y materiales para esta audiencia de debate, la presencia de integrantes de organizaciones internacionales que ha dedicado su tiempo, el interés público debe prevalecer”. Y cuestionó “nunca hicieron la propuesta por escrito como habían prometido en la audiencia preliminar en abril, tuvo tiempo suficiente para hacer el planteo, que debe ser rechazado por extemporáneo”.

También desde la Fiscalía de Estado, Martín Castro dijo que “la querella va a adherir a los argumentos de la fiscal, no solo es extemporánea, de difícil cumplimiento, no está en condiciones legales de ofrecer tierras porque no tiene la capacidad jurídica y legal para hacerlo”, y además “en varias oportunidades el STJ ha dicho que el dictamen fiscal es vinculante y nos oponemos porque entendemos que se ha violentado el medio ambiente que es un derecho fundamental humano”.

Luego el tribunal, integrado por los jueces María Laura Martini (presidenta) Carlos Richeri y Eve Ponce, pasó a un cuarto intermedio de media hora, tras lo cual comunicaron la decisión unánime de no acceder al pedido de la defensa, por lo que el debate oral y público debe continuar.

La reserva faunística de Punta Tombo, en la provincia de Chubut, fue escenario de una masacre de pingüinos de Magallanes. Según la fiscalía, el dueño de la estancia La Perla, Ricardo La Regina, arrasó un sector clave de nidificación de esta especie en plena temporada reproductiva, provocando daños ambientales de magnitud.

Según el relevamiento realizado por expertos, se comprobó la construcción de un camino de 190 metros de longitud y entre 30 y 40 cm de ancho, el desmonte de un área de nidificación de la colonia de pingüinos que alberga casi el 40% del total mundial, y la colocación de un cerco electrificado a menos de 20 cm del suelo.

Los datos son estremecedores: se destruyeron alrededor de 146 nidos, se registró la muerte de 292 pichones y se encontraron vacas dentro de la reserva, afectando gravemente el ecosistema. “Se van a necesitar más de 35 años para que se recuperen los daños hechos al ecosistema de un área natural protegida de la estepa patagónica”, afirmó la fiscal del caso, Florencia Gómez.

La denuncia fue presentada por Alfredo La Regina, tío del imputado y dueño de la estancia lindante, quien al constatar los destrozos dio intervención a las autoridades ambientales y al doctor Pablo García Borboroglu, referente y creador de la Global Penguin Society (GPS), organización internacional dedicada a la conservación de pingüinos.

Tras el allanamiento realizado a pedido de la fiscal Gómez, se pudo comprobar la utilización de una retroexcavadora entre el 26 de noviembre y el 4 de diciembre de 2021, en plena temporada reproductiva de los pingüinos. Esto contradice la versión del imputado, quien había declarado que había abierto el camino en julio de 2021.

Además, se constató el levantamiento de 40 cm de la capa superficial del terreno, lo que resulta devastador para los nidos de los pingüinos, que hacen sus cuevas en el suelo. “Encontrar ejemplares muertos es casi imposible, tenemos en cuenta que los pichones pesan 100 gr y fueron destrozados o quedaron enterrados en medio de la tierra”, explica la fiscal.

La resonancia del caso fue tal que rápidamente se sumaron como querellantes diversas organizaciones como Greenpeace, la Fundación Patagonia Natural y la Asociación Argentina de Abogados Ambientales. También se realizó un informe con la intervención de especialistas en suelo, vegetación y fauna de organismos como el CONICET y el Centro Nacional Patagónico (CENPAT).

La inusual participación de organizaciones como National Geographic y Disney, que aportaron imágenes satelitales de alta definición, fue clave para determinar con precisión los hechos ocurridos y refutar los argumentos de la defensa.

Esta masacre de pingüinos en Punta Tombo representa un duro golpe para la conservación de esta especie y un devastador impacto ambiental en una de las áreas protegidas más importantes de la Patagonia argentina. Se espera que el caso siente un precedente en la aplicación de las leyes ambientales en el país.

El hecho que se le imputa es presunto maltrato animal y podría solicitarse una pena de cuatri años de prisión. Es la primera vez en la Argentina que un caso de daño ambiental agravado llega a esta instancia judicial.