“Siguen sumándose los jubilados”, contaron desde adentro de la ex AFIP –ahora la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)–. Según las fuentes oficiales, en el mes que termina, se jubilarán unos 270 agentes pese a que en los gremios denuncian que hay solicitudes de 1700 empleados en un contexto de altísima tensión, cuando los sindicatos encararon medidas de protesta y ya presentaron un amparo en la Justicia para frenar los cambios que impulsa el Gobierno.

En ese marco, en el Ministerio de Economía confirmaron a LA NACION que la fecha de cierre de la primera etapa del blanqueo –para exteriorizar efectivo– no sufrirá cambios. Esa etapa se clausurará el jueves.

Fuentes gremiales de la ex AFIP indicaron desde la mañana que existían rumores de que el Gobierno dictaría la conciliación obligatoria. Si la secretaría de Trabajo no avanzara en esa dirección, los gremios Aefip y Supara (Aduana) se plegarían al paro de transportes contra Milei de mañana. Por la tarde, el Gobierno dictó la conciliación.

“El Gobierno nacional –a través de la Secretaria de Empleo, Trabajo y Seguridad Social de la Nación, que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano–, a instancias de las autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA - ex AFIP), dictó la Conciliación Obligatoria en el marco de las medidas de fuerza adoptadas luego de la reconversión del organismo. La medida será por 15 días, los cuales pueden ser prorrogados”, indicó un comunicado.

“Con la intención de impedir que se extiendan las medidas de fuerza, el Gobierno exhorta los sindicatos del organismo a terminar con las medidas de fuerza que obstaculizan el normal funcionamiento del órgano recaudador. A su vez, la Secretaría de Trabajo convocó a las partes a una audiencia el día lunes 4 de noviembre de 2024 a las 11 horas”, se agregó.

A fines de la semana pasada, el Gobierno formalizó la disolución de la AFIP y la creación de ARCA. Así, dijeron desde Casa Rosada, se ahorrarán alrededor de $6400 millones, mientras que se reducirán las autoridades superiores en un 45% y los niveles inferiores de la estructura actual en un 35%. Además, se despedirán unos 3100 empleados que, según adelantaron, ingresaron de manera irregular durante la última gestión. Esto implica una eliminación del 34% de cargos públicos.

Hoy la agencia estuvo convulsionada adentro, ya que hubo asambleas entre trabajadores y también apagones informáticos de cuatro horas, mientras que afuera se realizaron protestas y movilizaciones.

“Siguen sumándose los jubilados”, dijeron fuentes oficiales de la ex AFIP. “En el mes de octubre egresan aproximadamente 270 agentes”, agregaron. Hasta septiembre inclusive se habían ido 800 agentes de la AFIP. En octubre se esperaban 200 (fueron unos 270). Y preveían un buen número en noviembre y diciembre (cerca de 300 entre ambos meses).

“En la medida que siga el ruido interno y externo, los que estén en situación de jubilarse, sobre todo las mujeres entre los 60 y los 64, se irán”, estimaron fuentes que conocen los números finos.

En los gremios denunciaron que los números son mucho más altos, aunque no precisaron en qué período. “Lamentablemente, el daño que ya se hizo no se puede retrotraer, más de 1700 empleados de los más experimentados han pedido su retiro de la ex AFIP y la repartición está literalmente paralizada con una histeria colectiva y caos que no se vivió nunca en la casa”, afirmó un comunicado del gremio de empleados jerarquizados (Upsafip), el sindicato que dirige Julio Estévez.

“Quieren aprovechar la gratificación; tienen miedo a que se las saquemos”, dijeron en Presidencia por los 20 sueldos que tienen como derecho, según el convenio colectivo de AFIP, los trabajadores que se retiran de la ahora ARCA.

Mientras tanto, Upsafip presentó ayer en los tribunales contencioso administrativo federal un amparo para frenar el decreto de disolución de la AFIP publicado a fines de la semana pasada en el Boletín Oficial.

Se busca “obtener una sentencia que ordene retrotraer la situación de hecho al estado anterior al dictado del decreto impugnado, hasta tanto sea resuelta la cuestión de fondo planteada, en tanto que su aplicación inmediata genera o generará en lo inmediato, graves, irreparables y actuales perjuicios al Estado Nacional, y a los trabajadores del Organismo Fiscal”, dice el pedido al que accedió LA NACION. “Subsidiariamente, habiendo disuelto la AFIP, basándose en las facultades delegadas al PEN mediante la Ley N° 27.742, se busca obtener una sentencia que declare la inconstitucionalidad del decreto 2024-953-APN-PTE y del artículo 2 de la ley 27.742″, se agrega.

“No podemos ni siquiera enviar una comunicación simple vía electrónica, ya que absolutamente toda nuestra papelería, los sistemas, nuestras credenciales, ropa, móviles, convenios nacionales e internacionales, contratos, todo es todo- dice ‘AFIP’ y la AFIP fue brutalmente disuelta con un decreto que esperamos en breve se declare inconstitucional”, estimó el comunicado enviado por Upsafip. En tanto, según supo este medio, los equipos jurídicos de Aefip y Supara estaban hoy reunidos “evaluando el tipo de presentación” que se hará en la Justicia.

En medio de ese caos, el Ministerio de Economía ratificó la fecha de cierre de la primera etapa del blanqueo de capitales. Será el jueves. Había algunas dudas –pese a que ya había sido prorrogado–, porque los últimos días de estas operaciones son intensos en volumen. Justamente, esos días coinciden con la decisión oficial de disolver la AFIP.

“Sigue todo igual”, ratificaron en el Palacio de Hacienda a LA NACION.

A fines de septiembre, la cartera que dirige Luis Caputo y por pedido de los especialistas, había extendido la primera etapa del blanqueo de capitales, aquella en la que se puede exteriorizar dinero y había establecido nuevas fechas.

Estas eran para las tres etapas: desde el 1° de octubre de 2024 y hasta el 31 de octubre de 2024, ambas fechas inclusive (primera etapa); desde el 1° de noviembre y hasta el 31 de enero de 2025 (segunda etapa); y desde el 1° de febrero de 2025 y hasta el 30 de abril de 2025 (tercera etapa).