La reforma propuesta por Jorge Macri para el Código Urbanístico (CUR), que fija reglas para construir en la ciudad de Buenos Aires, comenzó a analizarse en la Legislatura porteña en una audiencia pública que se extenderá por ocho jornadas y que este miércoles tuvo como oradores a funcionarios del Poder Ejecutivo, referentes de las juntas comunales y vecinos de distintos barrios.

“Es un Código Urbanístico al que le falta humanidad”, coincidieron los referentes de las comunas respecto de la iniciativa oficial, mientras que los vecinos alertaron que la nueva versión no evitará un perjuicio a la identidad barrial en las zonas de casas bajas.

El proyecto en debate fue elaborado por la administración de Jorge Macri y obtuvo una primera sanción legislativa en septiembre. Para su aprobación definitiva requiere de una instancia de participación, la audiencia pública, en la que la ciudadanía pueda expresar su opinión. Este espacio arrancó hoy y se extenderá hasta el viernes 15 en el Parlamento local, con un total de 1740 oradores.

Según los lineamientos generales señalados por el gobierno porteño, la reforma apunta a la preservación de los barrios con edificaciones bajas que fueron impactados por la proliferación de inmuebles en altura habilitados por la sanción, en 2018, del actual CUR. Para ello, la propuesta a futuro prevé llevar las grandes construcciones a las avenidas.

Por otra parte, contempla la implementación de un instrumento llamado Capacidad Constructiva Adicional (CAC), que apunta a potenciar la zona sur de la ciudad a partir de estímulos a desarrolladores en el corredor norte. Los alcances de la herramienta fueron los más abordados por Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano porteño, al dar inicio hoy a la audiencia.

“Esta actualización del Código Urbanístico es relevante para el futuro de la ciudad de Buenos Aires. Es un ajuste que apela a generar un equilibrio, pero eso no significa estar estático en un mismo lugar, sino administrar un sistema de fuerzas dinámico”, precisó.

El funcionario dijo que su pretensión es que “de esta norma surja dónde queremos que la ciudad se desarrolle y dónde hay infraestructura instalada para recibir ese desarrollo: para nosotros ese lugar es el sur”. Y abundó en la importancia para su gestión la inclusión en el proyecto de la CAC también aplicada a los que invierten en la conservación de inmuebles patrimoniales.

A su turno, hicieron uso de la palabra otros funcionarios de la Secretaría que brindaron precisiones técnicas respecto de cómo se implementarán los cambios propuestos, entre ellos, las incorporaciones de categorías a las Unidades de Sustentabilidad, que son las que marcan la altura y la extensión de las futuras construcciones. También mencionaron la ampliación de la superficie libre destinada al centro de manzana.

Bárbara Rossen, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, evaluó que la propuesta del Ejecutivo “estimula la ejecución de proyectos aislados que generan disrupciones en el tejido urbano e inequidades con los predios del entorno, no incorpora criterios de sustentabilidad ni incrementos de espacios verdes públicos”.

Posteriormente, hablaron los representantes de las juntas comunales para plantear la situación específica de cada barrio frente a las reformas urbanas. Silvia Collin, presidenta de la junta comunal 3, correspondiente a los barrios de Balvanera y San Cristóbal, pidió que el entorno de la estación ferroviaria de Once sea incorporado como “área de desarrollo prioritario”.

El juntista Diego Achile de la comuna 13, que engloba Núñez, Belgrano y Colegiales, compartió imágenes de viviendas de la zona cercana a la Avenida del Libertador con grietas en las estructuras y algunas otras que fueron evacuadas por peligro de derrumbe. Para el referente comunal “son la consecuencia del desastre hecho con una sumatoria de la construcción de torres que perjudicaron a esos vecinos”.

Pablo Ortiz Maldonado, de la comuna 12, integrada por Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Coghlan y Saavedra, trasladó la inquietud de vecinos respecto de los permisos que se otorgan a nuevas edificaciones en parcelas cercanas a los arroyos entubados “para que tengan en cuenta que son zonas inundables”.

Malena Rotondo y Gastón Fernández, de la comuna 11, expresaron la preocupación por los barrios de Villa Devoto y Villa Del Parque frente a “la saturación de usos del suelo”. A su turno, Daniela Romero, de la comuna 10 (Floresta, Monte Castro, Vélez Sarsfield, Versalles, Villa Luro y Villa Real), resaltó la necesidad de ampliar el “área de protección histórica” en Floresta para limitar el uso comercial ante “ante el avance del polo textil de la avenida Avellaneda” en una zona residencial.

Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, consideró que “los problemas urbanos se incrementaron y complejizaron en todas sus dimensiones. Nos hablan de que este Código ha venido a reducir la capacidad constructiva principalmente en los barrios de casas bajas, pero cuando vamos a los datos oficiales vemos que esto no es así”.

Magdalena Eggers, arquitecta, sostuvo que “es una falacia decir que bajan las alturas en los barrios de baja densidad” y evaluó que “la Capacidad Constructiva Adicional es un acuerdo disparatado con los grandes desarrolladores porque a nadie se le ocurría que para promover el sur hay que premiarlos sobresaturando el norte de la ciudad”.

Adriana Fernández, vecina del barrio de Colegiales, destacó la inclusión en la primera lectura del proyecto de la rezonificación como “urbanización parque” de los lotes que conforman el playón ferroviario. “Esto permitirá que se anexen 7000 metros cuadrados de suelo verde absorbente en un barrio densamente poblado”.

Silvia Pennella, residente de Villa Crespo, dijo estar “muy preocupada por los efectos negativos que provoca el Código vigente y los que van a seguir provocando con la propuesta actual, particularmente en nuestro barrio, donde no van a bajar las alturas y no quedará ningún lugar protegido”.