La salida de las universidades a las calles para expresar su rechazo al ajuste presupuestario aplicado por el gobierno de Javier MIlei tiene un antecedente, que se remonta a marzo de 2001, cuando docentes y estudiantes resistieron el recorte de $360 millones que implicaban las medidas del entonces ministro de Economía, Ricardo López Murphy, quien pagó los costos del severo plan de ajuste con su renuncia.

Era el gobierno de Fernando de la Rúa, nueve meses antes del estallido de diciembre de 2001 y en ese tiempo aún sobrevivía la convertibilidad. El plan de López Murphy, quien llevaba menos de dos semanas en el Palacio de Hacienda, contemplaba el ajuste de $360 millones para el presupuesto de ese año y otro más pronunciado, de $450 millones, para 2022, lo que provocó la reacción de organizaciones estudiantiles, sindicatos y amplios sectores de la comunidad universitaria de todo el país, que respondieron con marchas, cortes de calles, tomas de facultades y clases alusivas en la vía pública.

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Más de veinte años después, en diciembre pasado, el propio López Murphy –hoy diputado nacional-, aseguró que el ajuste propuesto en 2001 era “mucho menor” al que ejecutó presidente Javier Milei. “La corrección que nosotros planteábamos en ese momento era relativamente pequeña”, insistió.

El mensaje en el que el fugaz ministro de Economía anticipó el recorte en el presupuesto universitario el viernes 16 de marzo de 2001 provocó casi en forma inmediata la renuncia de los ministros del Interior, Federico Storani, de larga militancia en el radicalismo y en el movimiento estudiantil, y de Educación, el médico Hugo Juri, muy vinculado con la Universidad Nacional de Córdoba, en medio de un clima en ebullición. “Toda mi vida defendí la educación pública. No puedo avalar este recorte. Es mi límite político”, le dijo Storani a De la Rúa, al fundamentar su decisión.

Storani pidió hablar a solas con el Presidente, quien debió interrumpir una reunión en su despacho con miembros de su equipo: el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo¸ el canciller Adalberto Rodríguez Giavarini, y la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, para definir los alcances de los decretos que iban a poner en marcha las medidas anunciadas por López Murphy.

Una masiva marcha, que se sumó a los cortes y tomas estudiantiles, reflejó el malestar de las universidades. Franja Morada dominaba el movimiento estudiantil, en cuya conducción había noveles dirigentes que con el tiempo cobraron relevancia. Pablo Javkin, hoy intendente de Rosario, había concluido su mandato como presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), donde fue reemplazado por Manuel Terrádez, también radical y de la Universidad Nacional de Rosario. Al año siguiente, en 2002, tomó la presidencia de la FUA Emiliano Yacobitti, hoy vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y lugarteniente del presidente de la UCR, Martín Lousteau. El radical Oscar Shuberoff atravesaba su cuarto mandato consecutivo como rector de Universidad de Buenos Aires (UBA).

Una semana antes de la crisis que derivó en la renuncia de López Murphy, Storani -uno de los fundadores de la FUA- había asistido a un congreso de Franja Morada en San Luis, donde realizó una encendida defensa de la educación pública. Lo acompañaban el ministro Juri y sus colaboradores inmediatos: Andrés Delich (secretario de Educación Básica), y Juan Carlos Gottifredi (Educación Superior), además de la secretaria de Ciencia y Tecnología, la pedagoga Adriana Puiggrós.

El movimiento estudiantil había protagonizado en los años 90 un fuerte rechazo en las calles a las políticas educativas y económicas del gobierno de Carlos Menem y habían mostrado una particular inquina con la gestión de Domingo Cavallo, quien a la postre sucedería a López Murphy, tras la primera crisis de la administración de la Alianza. Junto con organizaciones de izquierda habían realizado varias marchas para oponerse a la ley federal de educación y a la ley de educación superior, sancionadas en 1993 y 1996.

Las medidas del plan anunciado por López Murphy en 2001 contemplaban también la reducción de la planta del Estado en 40.000 puestos de trabajo, dentro de la administración pública nacional, el Poder Legislativo y organismos autónomos y la eliminación de regímenes especiales, que la oposición –alentada por un sindicalismo combativo- identificaba con una flexibilización laboral.

El gobierno de De la Rúa llegaba a esta crisis luego de algunos avances en materia educativa, al lograr diez días después de su asunción, en diciembre de 1999, el levantamiento de la carpa blanca instalada por los gremios docentes frente al Congreso. La protesta de los docentes, que se turnaban para realizar jornadas de ayuno, se mantuvo más de dos años en el último tramo del gobierno de Menem, desde el 2 de abril de 1997, en reclamo de un mayor financiamiento para la educación.

Fruto del acuerdo que permitió el levantamiento de la carpa blanca surgió el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), un plus en la remuneración de los maestros a cargo del gobierno nacional, que la gestión de Milei interrumpió, incrementando el malestar de la comunidad educativa.