Con el objetivo de “contar la historia completa” y “ayudar a que las víctimas del terrorismo tengan derecho a la verdad, la justicia y la reparación”, los hijos de dos militares asesinados por la guerrilla durante la vigencia de gobiernos constitucionales se incorporaron el 1° de julio a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa.

Se trata de Silvia Ibarzábal y Arturo Larrabure, que llevan años denunciando que existió una visión sesgada en torno de los derechos humanos durante el kirchnerismo. Sus padres –el teniente coronel Jorge Roberto Ibarzábal y el coronel Augusto del Valle Larrabure- fueron secuestrados durante los ataques del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) al regimiento de Azul, en enero de 1974, y a la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María, en agosto de ese año, y asesinados con alevosía tras el largo cautiverio. El primer caso fue durante la presidencia de Juan Domingo Perón y el segundo, en el gobierno de Isabel Perón.

Ahora, Silvia Ibarzábal y Arturo Larrabure fueron convocados por el ministro de Defensa, Luis Petri, y asesorarán al director nacional de Derechos Humanos del ministerio, el abogado Lucas Miles Erbes. Ambos están compenetrados con la prédica de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien insiste en la necesidad de una mirada completa sobre lo que pasó en los años 70 en la Argentina.

“Van a colaborar en los contenidos formativos para los integrantes de las Fuerzas Armadas relacionados con los valores que transmitieron sus respectivos padres desde el cautiverio, como ejemplos de vida y de amor a la patria”, explicaron cerca de Petri. El trabajo en los contenidos formativos se orientará, principalmente, a los institutos de formación de los militares, lo que probablemente entre en colisión con programas que se desarrollaron en los años del kirchnerismo.

Ubicados ya en el décimo piso del edificio Libertador –sede de la cartera de Defensa- los flamantes funcionarios hablaron con LA NACION sobre sus planes y objetivos.

“Varias veces, Petri dijo que quiere la historia completa. Durante muchos años se miró con la historia sesgada y el ministro está empeñado en que se termine de completar”, explicó Ibarzábal. Anticipó que se manejarán “con la verdad, sin ideologizar ni adoctrinar”. Y dijo: “Vamos a esclarecer la historia que se venía relatando”.

“Apuntamos a que la gente conozca la historia completa. Durante muchos años se hizo todo lo posible para que la verdad no llegara a la gente. Los sub45 no vivieron estos hechos”, señaló Larrabure.

No tendrán competencia sobre la situación de los militares detenidos por delitos de lesa humanidad, muchos de los cuales enfrentan prisiones preventivas prolongadas (algunas llevan más de 15 años), largos procesos sin definición, con problemas graves de salud y edades avanzadas. “Es un tema tabú, que corresponde a la Justicia y a otros resortes del Estado”, dijo Ibarzábal. “No estamos pensando en eso. Sí queremos que mínimamente se respeten los derechos humanos que tienen”, agregó.

La mirada crítica sobre la política agresiva contra los militares que caracterizó al período kirchnerista es contundente. “Nadie se animó a mentir como se ha mentido y a robar como se ha robado, porque se ha hecho de eso un negocio. En vez de constituir un bien universal, los derechos humanos fueron un negocio. Nosotros pretendemos que la historia se cuente tal como fue”, aseguró Larrabure, quien trabajó con Villarruel en el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) desde su creación, en 2006.

Ibarzábal y Larrabure, que en su adolescencia compartieron el dolor por los martirios de sus padres, están convencidos de que las víctimas del terrorismo han sido “olvidadas y escondidas debajo de la alfombra”. Sostienen que “la sociedad argentina ha sido muy estafada en nombre de los derechos humanos”, en referencia a las denuncias por indemnizaciones fraudulentas que se investigan en la Justicia.

Larrabure amplió esa convicción. “Nunca se entregó una indemnización a una víctima del terrorismo. Todos los países buscan la verdad, la justicia y la reparación. Con las víctimas del terrorismo en la Argentina no hubo verdad, ni tampoco justicia”, dijo el hijo del militar, que recordó que la causa por la muerte del líder sindical José Ignacio Rucci se mantiene paralizada desde hace varios años en el juzgado federal de Ariel Lijo, el magistrado propuesto por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia.

Por otra parte, la Corte tiene pendiente la causa del secuestro y asesinato del coronel Larrabure, para determinar si fue un delito de lesa humanidad. Y cierra los ejemplos de la justicia largamente esperada el atentado contra el capitán Humberto Viola, que continúa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Es un buen momento para comenzar a estudiar cada caso en particular, sin influencias ni condicionamientos”, señalaron los nuevos funcionarios.