La renovación de la licencia de conducir no es gratuita. Entre el trámite y el Certificado de Antecedentes de Tránsito (Cenat), cuyo costo varía según la jurisdicción, estamos hablando de un monto no inferior a los 20.000 pesos ($28.860 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Si bien según los municipios las licencias pueden expedirse por plazos que van de cinco a diez años, los problemas de visión, audición o edad avanzada obligan a renovar anualmente el registro.

Quienes por alguno de estos problemas deben presentarse anualmente se quejan no solo del costo del trámite sino también de que reiteradamente debe ver los mismos videos informativos y pasar por exactamente el mismo test psicológico, además del control de la visión. Reclaman que el plazo de vigencia se prolongue a dos años, pero nada indica que haya planes en tal sentido. Para los adultos mayores, en su mayoría jubilados, el trámite resulta oneroso toda vez que terminan pagando anualmente lo que otros abonan por un registro para cinco años o más, si bien en el distrito porteño los jubilados con un ingreso igual o inferior a dos salarios mínimos están exceptuados del pago.

La diputada Patricia Vázquez (PRO) presentó en el Congreso un proyecto para frenar el vencimiento de las licencias no profesionales de conducir, evitando la revalidación de exámenes teóricos y prácticos. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipó que trabajan conjuntamente en los cambios. En realidad, no se trataría de suspender su vencimiento sino de mantenerlas actualizadas de manera simplificada, vía digital, y gratuita. Cada cinco años deberá presentarse virtualmente una declaración jurada y un apto físico emitido por médico acreditado. La renovación deberá ser anual en caso de superar los 75 años, con los mismos requisitos. Conductores profesionales, de transporte de pasajeros o carga sí deberán renovar sus registros cada 5 años.

La validez de licencias no profesionales difiere según los países. La diputada cuenta con datos respecto de que en aquellos que no tiene vencimiento la siniestralidad es menor que en la Argentina.

El proyecto contempla la creación de un protocolo de evaluación psicofísica y una capacitación para médicos que deban expedir el certificado que pasarán a integrar un registro. No está claro si esto supondrá un costo adicional para los usuarios. Se fija también que cualquier modificación en los datos de la licencia, como por ejemplo el domicilio, debe ser denunciada inmediatamente de manera electrónica, sin costo. La licencia expirará automáticamente ante la falta de presentación en tiempo y forma de la declaración jurada y el certificado. Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial podrá suspender a conductores que reciban sanciones por exceso de infracciones o participación en siniestros.

La iniciativa de Vázquez propone también crear un Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito bajo la órbita de la Agencia de Seguridad Vial con datos de “presuntos infractores, prófugos, rebeldes, inhabilitados” que incluya las sanciones impuestas. Se menciona también un sistema de puntos. Habrá que aguardar a la reglamentación.

Sea que se apruebe la ley nacional, o que se desregule más rápidamente por decreto la cuestión, cada jurisdicción deberá luego adherir o no y adecuar sus procedimientos en consecuencia. Se habla de un plazo de dos a tres semanas.

Desde la activa ONG Luchemos por la Vida se plantean algunas inquietudes sobre los cambios impulsados para abaratar costos y trámites. Para empezar, critican que tanto el otorgamiento de licencias como su renovación no sean todo lo exigentes que debieran, con heterogéneas y un tanto anárquicas modalidades según los municipios.

Preocupados por la seguridad vial, destacan que el Cenat resulta una información imprescindible para evitar autorizar a quienes pueden estar inhabilitados para conducir por delitos y/o infracciones graves.

El proyecto no haría mención a la necesidad de saldar las deudas por infracciones a la hora de renovar, como hasta aquí sanamente se hace. Agregan que, además, rara vez las personas son notificadas como debieran de sus faltas y que suelen recién enterarse al momento de tramitar el registro. El valioso efecto disuasivo de las penalidades se diluye.

La obligación de completar un taller presencial o un curso online como ocurre en la ciudad de Buenos Aires y otros municipios es una práctica que Luchemos por la Vida celebra pues hace a la concientización y actualización en temas clave sin un costo adicional.

Nadie cuestiona los beneficios de reducir trámites y costos en la enorme estructura del Estado. Lo que está claro es que habrá que revisar que en ese afán no se descuiden cuestiones sensibles cuyos efectos y consecuencias posteriores podamos lamentar.

Basta pensar en la cantidad de muertos en siniestros viales que contabiliza la citada asociación civil, 6245 para 2023, y adicionarle los lesionados para entender la verdadera dimensión del problema. El costo económico de tanta siniestralidad, que se mide en vidas pero también en millones de pesos, supera en mucho los costos de tramitar las renovaciones de licencias de conducir. De ninguna manera deberemos consentir que se conviertan en permisos para matar.