Sin avances significativos en las negociaciones, al punto de que algunos senadores de la oposición dialoguista todavía trabajan en la redacción puntual de los artículos que quieren modificar, el oficialismo en el Senado empieza a preparar el terreno para continuar la semana próxima con el debate en comisiones de los proyectos de Ley Bases y de reforma fiscal.

Es que todo apunta a que recién el fin de semana el Poder Ejecutivo podrá ponerse a trabajar con las propuestas de cambios y definir en qué puntos está dispuesto a modificar los proyectos. Esto corre el umbral de una eventual sesión para después del día 25 del corriente, fecha fijada por el presidente Javier Milei para firmar con gobernadores el Pacto de Mayo al que convocó en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el pasado 1 de marzo, y que ahora ingresó en un cono de dudas.

“Estamos haciendo todo lo posible, poniéndole el cuerpo al debate, quedándonos hasta cualquier hora en el debate de las comisiones, pero veo difícil”, reconoció en diálogo con LA NACION una importante fuente del oficialismo de la Cámara alta una vez concluido el informe del jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Desalentó así los rumores lanzados desde la Casa Rosada, anunciando que este jueves estarían listos los despachos de comisión que permitirían a ambos proyectos llegar al recinto el jueves de la semana próxima.

Más taxativos fueron en la oposición dialoguista, en donde descartaron que vaya a firmarse dictamen al término del nuevo plenario de las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales que se reunirá este jueves, a partir de las 10.30, para escuchar las opiniones de una veintena de invitados.

Hasta el momento, los negociadores del Gobierno se han llevado las propuestas de algunos senadores, como el peronista entrerriano Edgardo Kueider (Unidad Federal), Juan Carlos Romero (Cambia Federal) y de una porción importante del bloque radical que preside Eduardo Vischi (Corrientes).

Sin embargo, todavía no tienen en sus manos las propuestas del núcleo más duro de quiénes vienen reclamando cambios. En esa lista se anotan los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco, Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital) y el provincial santacruceño José María Carambia.

Como ha surgido de los plenarios de comisión que empezaron el martes de la semana pasada, cuando expusieron los funcionarios del Poder Ejecutivo, los puntos más controvertidos son el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el blanqueo, la reforma previsional, el monotributo social y el impuesto a las Ganancias.

Pero en las últimas horas se vienen sumando cuestiones que deberían poner en alerta al Gobierno. De a poco cobra fuerza, es decir que suma votos, el pedido de excluir a Aerolíneas Argentinas, de la lista de empresas a privatizar.

Además, la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal) planteó un listado en el que incluyó la continuidad de la moratoria previsional -que el proyecto de Ley Bases elimina-, el sostenimiento en 60 años de la edad jubilatoria para las mujeres y la exclusión de manera taxativa de las facultades que pide el Poder Ejecutivo para avanzar en una reforma del Estado a varios organismos públicos, como el Banco de Datos Genéticos, el Conicet, la Comisión de Energía Atómica y los institutos nacional de tecnología industrial (INTI) y agropecuaria (INTA).

La senadora también reclama que se impida ingresar al blanqueo a aquellos que, habiendo participado de planes anteriores, no hubiesen regularizado sus obligaciones fiscales ni de la seguridad social.

El blanqueo es uno de los puntos más objetados del paquete fiscal. El salteño Romero pretende impedir que accedan al régimen quienes lo hayan hecho en los dos últimos programas votados por el Congreso. Por su parte, Tagliaferri, pide que el veto alcance a los funcionarios públicos de las dos últimas administraciones nacionales.

La senadora porteña también quiere excluir la posibilidad de declarar bienes de terceros, por considerar que sería una forma de permitir el blanqueo de propiedades o dinero en manos de testaferros y, en sintonía con Lousteau, cerrarle la puerta al programa a los familiares directos, como los hermanos.

Nadie termina de comprender en el Senado la estrategia del Gobierno de presionar al Senado dejando trascender que tienen las firmas para emitir dictamen, cuando eso está muy lejos de acercarse a la realidad. “No entiendo esta política de infringirse estos micro fracasos”, reflexionaba en diálogo con LA NACION una senadora radical que se ha mostrado siempre dispuesta a colaborar con la aprobación de los proyectos.

Los ejemplos están a la vista. El fin de semana, Francos anunció que tenía 38 votos. El lunes, el ministro del Interior reculó en público y deslizó la posibilidad de postergar la firma del Pacto de Mayo al reconocer que se retrasaría la aprobación en el Senado de la denominada Ley Bases. Pero al día siguiente volvió a la carga y dijo que esperaba que ese día las comisiones firmaran dictamen cuando, en realidad, los enviados del Poder Ejecutivo recién habían empezado a recoger las inquietudes de los senadores que reclaman cambios.

Las presiones de la Casa Rosada empiezan a calar en el ánimo de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) que conduce Ezequiel Atauche, en la que se interpretaron las palabras del ministro del Interior como un intento por responsabilizar al oficialismo por las demoras en el trámite legislativo de los proyectos. “Desde la semana pasada conocían las objeciones al proyecto, recién este martes empezaron a moverse para negociar cambios y salen a decir que están los votos o que están las firmas para el dictamen”, se quejó un senador libertario.