Mientras la CGT y la CTA cuestionaron en duros términos la reforma laboral y la restitución del impuesto a las ganancias ante las tres comisiones del Senado que discuten los proyectos de Ley Bases y de reforma fiscal, los negociadores del Poder Ejecutivo iniciaron conversaciones con los senadores de la oposición dialoguista para tratar de acordar los cambios que se le introducirán a las iniciativas y acelerar, así, la firma de los dictámenes para tratar de llevar ambos textos al recinto de la Cámara alta la semana próxima.

Por lo pronto, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, encabezaría una reunión este martes con Martín Lousteau (UCR-Capital), Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital) y Juan Carlos Romero (Cambio Federal-Salta) para discutir los cambios reclamados por los legisladores la semana pasada, durante el inicio del debate de los proyectos en las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales.

De hecho, el segundo de la jefatura de Gabinete se reunió este lunes por la tarde con referentes del bloque radical. Lo hizo acompañado del secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, mano derecha legislativa de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Todavía no está definido el formato de la reunión, que podría ser grupal o con cada legislador de manera individual. “Esta verde, todavía falta mucho”, afirmó a LA NACION un senador al tanto de los contactos que viene protagonizando Rolandi en la Cámara alta. “La idea es hacer una síntesis de todos los cambios para que el Gobierno tenga un panorama completo de lo que estamos pidiendo”, agregó una legisladora.

De hecho, las conversaciones podrían extenderse al miércoles y ampliarlas a otros senadores que también platearon modificaciones, como la neuquina Lucila Crexell y los peronistas Carlos Espínola, Edgardo Kueider y Alejandra Vigo. Ese día está previsto que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, brinde su primer informe sobre la marcha del Gobierno ante la Cámara alta y se espera que lo haga acompañado por el ministro del Interior, Guillermo Francos, uno de los principales negociadores de las leyes que reclama el Poder Ejecutivo.

El deshielo empezó el viernes último, con los primeros contactos de funcionarios del Gobierno con los senadores que hicieron punta en la crítica a los proyectos. Ese día, Francos mantuvo una conversación con Lousteau para acercar posiciones. Otro tanto hizo Rolandi con el salteño Romero, que le entregó un punteo de los temas cuestionados y los posibles cambios.

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Sobre la mesa de negociación están cuestiones consideradas claves por el Gobierno, que ya mostró su predisposición aceptar cambios y su resignación a que los proyectos volverán en segunda revisión a la Cámara de Diputados.

Los puntos más cuestionados son el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), el plan de blanqueo de bienes y fondos no declarados antes la autoridad impositiva, la eliminación de la moratoria provisional y su reemplazo por un nuevo sistema y la restitución el Impuesto a las Ganancias. No son los únicos temas, pero serían los que el Gobierno considera prioritarios responder para ver si consigue convencer a los senadores de la oposición dialoguista cuyas firmas serán imprescindibles para darle luz verde a los proyectos para que puedan llegar al recinto del Senado.

Con diferencia de matices, los sindicalistas Héctor Daer y Hugo Yasky, secretarios de la CGT y de la CTA de los Trabajadores, respectivamente, cuestionaron en duros términos los proyectos de Ley Bases y de reforma impositiva, con especial énfasis en el capítulo de reforma laboral que fue incluido en las iniciativas a pedido de la UCR durante el debate en la Cámara de Diputados.

“Estamos llevando a los trabajadores de la formalidad a una informalidad legal, esto es lo más grave que tiene este proyecto, porque en vez de avanzar en una medida adecuada a lo que se pretende, que es la formalización, no sólo los estamos mandando a la normalidad sino que le damos un paraguas formal a la informalidad”, denunció Daer, que habló en representación de la conducción colegiada de la CGT.

Por su parte, Yasky, que es diputado nacional de Unión por la Patria, coincidió con su colega cegetista al afirmar que la reforma laboral incluida en la Ley Bases “desincentiva la registración y legaliza el fraude laboral”, al tiempo que sostuvo que “abarata el costo del despido, por lo que favorece el despido sin causa”.

Ambos sindicalistas también hicieron hincapié en el “despido discriminatorio” que autoriza la iniciativa, al establecer una indemnización monetaria ante un despido originado por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política o gremial.

“Esto es absolutamente contrapuesto con al artículo 14 bis”, afirmó Yasky, quien fue más allá y aseguró que “no hay un sólo articulo” del proyecto de Ley Bases que se ajuste a la letra constitucional. “Además, va en contra del 75 de la Constitución, que habla de la no regresividad de las leyes”, agregó el jefe de una de las vertientes de la CTA.

Daer también cuestionó la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que se encuentra en la reforma fiscal, y lanzó una advertencia a los gobernadores que apoyan la medida con el argumento de que en sus provincias la mayoría de los salarios no quedarían alcanzados. “Hasta que se implemente van a pasar seis meses con 100% de inflación por delante, por lo que va a alcanzar a más del doble de los que alcanza ahora”, alertó.

El miembro de la conducción de la CGT también cuestionó el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) porque “no se hace cargo de la cadena de valor de producción nacional”, al tiempo que cuestionó que “favorezca la acción extractiva de recursos”. “No es el mejor camino”, agregó.

Yasky coincidió en la crítica al régimen de incentivo a las inversiones. “Una política extractiva para lograr un superávit fiscal que, en rigor, no existe, es de corto plazo”, sentenció el diputado nacional y secretario general de la CTA de los Trabajadores.