Pese a que cada año se reactiva la polémica por la reivindicación del número de 30.000 desaparecidos, las estadísticas oficiales –realizadas incluso durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner- ponen en duda es afirmación.

Mientras el informe de la Comisión Nacional de Personas (Conadep), constituida por el gobierno de Raúl Alfonsín y presidida por Ernesto Sabato, registró 8961 desaparecidos (solo recibía denuncias por desconocimiento de paradero), el informe de la Secretaría de Derechos Humanos de 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, contabilizó 7089 casos de desapariciones y 1299 muertos. Un total de 8368 víctimas.

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El tercer y último cómputo oficial es el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte), confeccionado en 2015, durante la presidencia de Cristina Kirchner. Dio un resultado inferior a los dos registros anteriores: 8631 víctimas (7018 desaparecidos y 1613 muertos). En los tres relevamientos, basados en la recepción de denuncias y, en algunos casos, la recopilación de causas judiciales, figuran como desaparecidos o víctimas del terrorismo de Estado personas caídas en enfrentamientos con fuerzas militares o policiales, e, incluso, en acciones guerrilleras, como el intento de copamiento del Regimiento de Infantería Monte 29 de Formosa, en octubre de 1975. Varios militantes de Montoneros caídos en esa operación figuran en los listados oficiales y, además, cobraron indemnizaciones como víctimas del terrorismo de Estado.

En todos los informes se recepcionaron casos registrados a partir de 1967. No solo se computan las víctimas de la dictadura militar que se inició el 24 de marzo de 1976. Se tuvieron en cuenta, por ejemplo, las personas caídas en atentados de la Triple A, la agrupación parapolicial atribuida a José López Rega a partir de fines de 1973, durante el gobierno de Juan Domingo Perón.

El propio líder justicialista reaccionó enérgicamente al ataque perpetrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) al Regimiento 10 de Caballería Blindada de Azul, en enero de 1974, en un mensaje transmitido por cadena nacional, al llamar a “aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal”.

Un número diferente aporta el Parque de la Memoria de la Ciudad, donde se registran casos de víctimas del terrorismo de Estado, pese a que incluye nombres de personas que realizaron ataques guerrilleros durante períodos democráticos. Registra un total de 8751 muertos y desaparecidos.

Los casos ponen en duda el número de 30.000 desaparecidos, como también lo viene haciendo el exdirigente montonero Luis Labraña, quien en el spot oficial del Gobierno difundido el domingo declara “haber inventado” esa cifra para maximizar el impacto y contribuir a la llegada de las organizaciones de derechos humanos a sectores políticos influyentes en Europa.

Más cerca de los 30.000, un informe de inteligencia del régimen de Augusto Pinochet en Chile, advertía a su gobierno que en el Ejército argentino se admitía un cálculo estimativo de 22.000 víctimas como resultado de la represión entre 1975 y 1978, según documentos desclasificados que se conocieron en Estados Unidos. Pero los gobiernos argentinos ni la Justicia durante la vigencia de la democracia no tuvieron en cuenta esta versión.

Con las leyes reparatorias sancionadas a partir del gobierno de Carlos Menem se habilitó el pago de indemnizaciones a familiares de muertos y desaparecidos, pero los listados de personas que cobraron no son de acceso público. Algunas fuentes señalan que se pagaron 7907 indemnizaciones hasta diciembre de 2015. En el spot oficial que presentó el domingo el gobierno de Javier Milei, el periodista Juan Bautista “Tata” Yofre reveló que los montos equivalián a una cifra cercana a los 200.000 dólares en cada caso. Los resarcimientos se extendieron más tarde a personas detenidas y exiliadas.

Según el periodista e investigador José D’Angelo, autor de libros e investigaciones sobre el tema, el pago de indemnizaciones alcanzó a distintos gobiernos.

Mientras en la presidencia de Carlos Menem se abonaron 2868 indemnizaciones en tres años (1997 a 1999), en la gestión de Fernando de la Rúa fueron abonados 2693 pagos (entre 2000 y 2001).

El número se elevó a 1388 durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y alcanzó a 958 en los ocho años de la presidencia de Cristina Kirchner (2007-2015). El número total ascienda 1 7907 y también está lejos de los 30.000.

Así, todas las cifras oficiales de víctimas mencionadas en los informes oficiales, incluso las elaboradas durante administraciones kirchneristas, presentan números alejados de las 30.000 víctimas denunciadas a lo largo de estos 40 años de democracia por sectores cercanos a las organizaciones de derechos humanos. Un debate que en distintos momentos generaron una fuerte polémica, por declaraciones de funcionarios o dirigentes opositores, como en distintos momentos Darío Lopérfido, el entonces candidato presidencial Mauricio Macri, cuando denunció “el curro de los derechos humanos”, y en los últimos días la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Con este polémico aniversario del golpe militar del 24 de marzo, el gobierno de Milei reactivó la polémica, en una estrategia que también está lejos de buscar caminos de encuentro con sectores de la oposición y organizaciones de la sociedad civil.