La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado, atraviesa un momento delicado. Internamente, la Casa Rosada le pidió la renuncia al vicepresidente del organismo, Manuel Tessio, y externamente, su presidente, Ignacio Yacobucci, batalla en Singapur para evitar que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), degrade a la Argentina a la “lista gris” de países poco confiables, permeables al lavado de dinero, con el riesgo de una caída del PBI -según estudios del FMI-, el aumento de tasas internacionales y el retiro de bancos e inversiones.

Para colaborar en la tarea de evitar que la Argentina sea degradada por el GAFI, la UIF propuso la contratación de la consultora internacional K2 Integrity, una firma con sedes en Nueva York, Londres, Washington, Los Angeles, Chicago, Miami, Ginebra, Riad, Doha y Abu Dhabi, dijeron fuentes oficiales, pero ese contrato fue frenado en medio de desinteligencias en el Ministerio de Justicia.

K2 Integrity, especializada en asesorar a los países sobre cómo presentar su caso en el GAFI, la metodología a usar y también el lobby, está integrada por exjefes de la UIF de Estados Unidos, expresidentes del GAFI, especialistas que redactaron la legislación global contra el lavado de dinero.

Integra esa firma el argentino Mariano Federici, que fue titular de la UIF durante el macrismo y participó de las investigaciones patrimoniales de los Kirchner y Lázaro Báez; de los casos Vialidad y Hotesur, y de la causa por la fortuna de Daniel Muñoz, el exsecretario de los Kirchner, entre otros casos.

Hace dos meses empezaron las conversaciones entre la empresa y el Ministerio de Justicia. Hubo una serie de reuniones por Zoom -de las que participó Federici- entre el equipo de la UIF y funcionarios de la Cancillería para organizar la presentación de la información ante el GAFI y, por otro lado, hubo intercambios relacionados con la contratación internacional.

Fuentes al tanto de los negociaciones dijeron que se habló de un pago de 600.000 pesos, un monto irrisorio en comparación con las facturas de millones de dólares que le pasa la firma a los países que son sus clientes -entre ellos, México, Costa Rica o Emiratos Árabes-, aunque en la Argentina dicen que hay dudas de a cuánto se elevaría finalmente esa cifra.

La consultoría de K2 Integrity por ahora quedó frenada. Hubo una orden del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, de parar el contrato hasta revisarlo, dijeron a LA NACION fuentes del ministerio. Por otro lado, el ministro Mariano Cúneo Libarona observó que variaban las cifras que le presentaron, cuando se agregaron gastos de viáticos y traslados que demandaba la tarea. No se firmó ningún acuerdo, coinciden en afirmar a LA NACION fuentes del Gobierno.

Este traspié se da en momentos en que la UIF, presidida por Yacobucci, concluyó el viernes pasado en Singapur su participación en el pleno del GAFI, donde se reunió además con Interpol. Allí la Argentina buscó incidir en los países que deben votar antes de octubre para evitarle caer en la lista gris de países relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Este año, en Singapur, el GAFI anunció que Venezuela y Mónaco se sumaban a esa lista de otros 18 países que están “bajo vigilancia reforzada” por el riesgo de que sean plataformas para el blanqueo, la financiación del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva. La reunión celebrada sirvió también para la asunción de la mexicana Elisa Anda Madrazo como presidenta del GAFI hasta el 30 de junio de 2026.

Allí, los argentinos se reunieron con sus pares de otros países para demostrar los avances realizados en la legislación. Hablaron de la aprobación del tipo penal de financiamiento de terrorismo, de los nuevos sujetos obligados, entre ellos los abogados, y de distintas resoluciones de la UIF.

El GAFI es el organismo internacional G40 integrado por los países más influyentes del mundo y organismos internacionales tales como la OCDE, el Banco Mundial, el FMI, la Comisión Europea y las Naciones Unidas. Busca reforzar los sistemas nacionales de prevención en materia de lavado de dinero, terrorismo y financiamiento del terrorismo.

La Argentina recibió en marzo pasado a una delegación de 20 evaluadores que estuvieron 26 días revisando la legislación, pero fundamentalmente, la aplicación de las normas: si hay multas, si hay condenas, si funciona la AFIP, si la UIF recibe reportes de operaciones sospechosas y qué hace con ellos, qué pasa con los casos de corrupción y lavado de dinero, como el caso de los cuadernos de las coimas.

En marzo, la Argentina informó al GAFI un fuerte incremento de las condenas por lavado de dinero -de tres pasaron a un total de 77 sentencias- y otros tantos decomisos por millones de pesos, en la reunión que se llevó a cabo en Buenos Aires, en la Cancillería, con representantes de la justicia federal, el Ministerio Público Fiscal y el Banco Central.

El objetivo está puesto ahora en la reunión que tendrá la Argentina, en la sede del GAFI, en París, en forma individual con los evaluadores. El resultado de la evaluación se conocerá en octubre próximo, con la aprobación final de cada país.

La permanencia de la Argentina en el grupo mundial del G40 GAFI es fundamental por su relación con el crédito internacional, con el FMI y el Banco Mundial, con organismos internacionales como la OCDE y las Naciones Unidas, y en cuanto a su posicionamiento global con las potencias mundiales. Entrar en lista gris implica la baja de circulante de masa monetaria en siete puntos del PBI, conforme surge de investigaciones del FMI.

Cuando asumió el gobierno de Javier Milei, en diciembre pasado, designó a Yacobucci, que asumió en marzo. Al llegar se encontró con la inminente visita de los evaluadores del GAFI. Los países del GAFI ya fueron evaluados tres veces y esta es la cuarta ronda. La Argentina es el último país que resta evaluar. El país ya debía haber superado esta etapa, pero primero se postergó la evaluación por la pandemia y luego, en el gobierno de Alberto Fernández, se volvió a pedir una prórroga.

La delegación argentina es coordinada desde la Argentina por el secretario de Justicia Amerio, que monitorea la actividades. En Singapur estuvieron Eugenio Curia, de Justicia; Yacobucci; el presidente de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky; Silvina Rivarola, del Banco Central de la República Argentina; Felipe Giménez Losano y Mariana Currais, directora de Internacionales de la UIF.

Amerio es un funcionario de estrecha confianza de Santiago Caputo, el joven asesor que más influye sobre Milei. Fue Amerio quien intervino para transmitir la indicación acerca de la renuncia de Tessio como vicepresidente de la UIF. “La orden viene de arriba, de la Casa Rosada”, le dijeron al vicepresidente del organismo antilavado. Tessio renunció, pero no le aceptaron su dimisión y Amerio le está buscando un reemplazante, dijeron fuentes oficiales.

El pedido de renuncia coincidió en el tiempo con una solicitud de explicaciones del Ministerio de Justicia a la UIF acerca de las razones que la habían llevado a ser querellante en la causa en la que se investiga al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde por lavado de dinero y enriquecimiento.

La UIF, lejos de dar marcha atrás, se presentó como querellante en la causa contra los piqueteros por desviar fondos destinados a planes sociales y, fundamentalmente, apeló la decisión de la Cámara de Casación que desligó al empresario Angelo Calcaterra del juicio oral por la causa de los cuadernos de las coimas.

A Yacobucci le toca ahora enfrentar el examen del GAFI con un equipo disminuido, por ahora sin ayuda externa y jaqueado por internas dentro del Ministerio de Justicia, donde se vive una sensación de que existe un doble comando entre las decisiones del ministro Cúneo Libarona y las que toma su segundo, validadas por la Casa de Gobierno.

Esta crisis provocó la salida de funcionarios del ministerio. En el área de Prensa, por ejemplo, las salidas sucedieron luego de que le bloquearan al área el acceso a determinada información y le mandaran los comunicados escritos desde la Casa Rosada.

Al frente del nuevo equipo de comunicación fue designado, desde la Casa Rosada, el joven abogado Marcos Ledesma, egresado del Colegio Cardenal Newman, graduado de la UCA, especialista en derecho de Familia y Sucesiones, que llegó con la colaboración de una joven especialista en redes sociales.

El cambio en el equipo de Prensa en Justicia se suma a otra salida, ocurrida en mayo pasado en el equipo de Cúneo Libarona: la de su entonces jefe de Gabinete, Diego Guerendiain, un amigo personal del titular de la cartera, que venía dialogando con senadores sobre los pliegos de 70 jueces que la Casa Rosada debe enviar al Senado para aprobar sus designaciones. En su lugar fue nombrada María Florencia Zicavo, una funcionaria especialista en derecho administrativo.

En el Ministerio de Justicia aclaran de todos modos que Amerio no busca ser ministro, sino que “es más útil al espacio y a Santiago como secretario y consejero, cuidando la espalda de Cúneo Libarona”. Sostiene que fue él quien lo llevó ante Caputo, que lo validó en su cargo de ministro.