La subsecretaria de legales de Capital Humano, Leila Gianni, ratificó la semana pasada en la Justicia la denuncia por las presuntas irregularidades en las contrataciones que la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia hizo a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Sin embargo, en la declaración judicial de Gianni hubo vaguedades y aspectos que generan dudas respecto a cuán al tanto estaba ella –funcionaria de suma confianza de la ministra Sandra Pettovello– de este sistema de contrataciones con el organismo internacional.

Fragmentos de su relato parecen indicar que Gianni conocía el mecanismo, pero muchos otros sugieren lo contrario y eso resulta llamativo dado que Ariel Romano, su mano derecha en las denuncias del Ministerio y quien oficia como abogado patrocinante del Estado en muchas de ellas, es uno de los tantos profesionales contratados a través de la OEI.

Tras la declaración de Gianni, el fiscal federal Ramiro González ordenó una serie de medidas de prueba para tener más claro el panorama después de lo denunciado. En estas horas prepara otras medidas más, informaron fuentes judiciales a LA NACION.

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En la audiencia de la funcionaria con el fiscal, la semana pasada, la subsecretaria de Legales de Capital Humano indicó que se puso al corriente de ciertas “irregularidades” en estas contrataciones a partir de informes periodísticos. Aseguró, además, que el organismo internacional efectuaba las contrataciones por expreso pedido de la Secretaría entonces a cargo de Pablo de la Torre. Siempre según su declaración, cuando Gianni tomó conocimiento de esto, convocó a una reunión al funcionario Federico Fernández –presunto artífice de estos contratos– para esclarecer los hechos.

El fiscal González evalúa citar a Fernández como testigo. Por el momento –dijo un funcionario que trabaja en la causa–, el caso no tiene imputados y así se lo hizo saber la fiscalía a un abogado que pretendió presentarse como defensor de uno de los mencionados en la denuncia.

Fernández –señala Gianni en su declaración– concurrió a una reunión en la que, entre otras personas, estaba presente el abogado Romano, a quien Gianni califica como “asesor”, obviando el hecho de que este también se encuentra contratado por la OEI. En aquella reunión, afirmó la subsecretaria, Fernández relató que Agustín Sánchez Sorondo, Lucila Ravskowsky y Maximiliano Keczeli, todo ellos exfuncionarios del Ministerio, le contaron que habían sido “habilitados” a contratar personal a través de la OEI. Ni Gianni ni Fernández precisaron quién “habilitó” dicha contratación, aunque, acto seguido, Fernández indicó –siempre según Gianni– que fue Keczeli quien “autorizó” a los otros dos funcionarios a realizarlas.

La afirmación podría volverse en contra de la propia ministra, ya que Keczeli era el secretario de Coordinación Legal y Administrativa del Ministerio de Capital Humano, señalado entonces como la mano derecha de Pettovello. Renunció a su cargo en abril, antes de la marcha en defensa de la universidad pública. Además, tras la polémica, se conoció que los contratos con la OEI se extendían a otras áreas de Capital Humano y de otros ministerios del gobierno de Javier Milei.

Tras ello, Gianni llegó al nudo de su relato. “ Nos cuenta que había muchas personas que por temas impositivos no podían facturar. Entonces buscaron a otras que facturen en su nombre”. Tal como lo reconstruye la subsecretaria a través de Fernández, algunos de los empleados que trabajaban en el área social del ministerio no podían facturar ante la OEI, motivo por el cual decidieron tercerizar la facturación. Es decir que los empleados del ministerio habrían cobrado su sueldo por interpósitas personas.

Luego, Gianni describió un movimiento muy confuso en el que parece que los funcionarios cambiaron pesos a dólares. “Los consultores –es decir, los que facturaban– cobraban en pesos, lo sacaban de la cuenta y lo cambiaban a dólares a fin de reducir el volumen de billetes a entregar. Este dinero se lo entregaban a algunos funcionarios que cambiaban el dinero a dólares y luego lo distribuían. Una parte se la entregaban a De La Torre”.

Más adelante en su declaración, la subsecretaria respondió una serie de preguntas. En una de ellas, Gianni se refirió al funcionario Fernández como el recaudador de “estos sobresueldos”. En rigor, según el relato de Gianni –supuestamente basado en el de Fernández–, no existía ningún esquema de “sobresueldos” sino de empleados que, imposibilitados de facturar por sus propios medios, recurrían a terceros para recibir su salario. En el informe periodístico por el cual la subsecretaria dice haberse enterado de cómo funcionaba este sistema tampoco se alude a un esquema de sobresueldos, sino a una serie de contratos fantasma que alimentaban una caja negra del ministerio.

En otra respuesta, Gianni afirmó que los consultores externos era elegidos por la secretaría que comandaba De la Torre. ¿Era también el caso de Romano, quien trabaja con ella y factura ante el organismo por los servicios que presta como asesor externo?

Por último, al ser consultada sobre el acuerdo marco con la OEI –es decir, el convenio que habilitó la contratación de estos profesionales externos–, la funcionaria de Pettovello aclaró que “todas las gestiones” realizaron contratos a través de OEI. Lo curioso es que más adelante, en otra aclaración que Gianni creyó pertinente hacer, señaló: “Ni la ministra ni nosotros estábamos al tanto de esta situación”. No quedó claro si se refería a las “irregularidades” del esquema de contratación o del mecanismo en su conjunto. En ese “nosotros” Gianni pareció incluir a Romano.

El Ministerio de Capital Humano recibió un nuevo revés judicial. El fiscal Franco Picardi solicitó desestimar una de las tantas denuncias que Pettovello, apalancada en Gianni y Romano, impulsó contra funcionarios de la gestión anterior por presuntas irregularidades. En este caso, la denuncia de la ministra se erigió sobre la sospecha de desvíos de fondos para los centros de primera infancia.

Para el fiscal Picardi, la denuncia que activaron los letrados del Ministerio de Capital Humano no solo “adolece de defectos o errores materiales y formales, sino que también contiene información parcial y segmentada de los casos analizados”. Picardi advirtió en su solicitud que los hechos denunciados son sustraídos de manera textual de expedientes administrativos: “En cuanto al contenido resultan ser copias textuales uno del otro, lo que denota un confuso copy & paste dejando en evidencia que se trató de una deficiente labor realizada para la confección de una denuncia penal”. El fiscal señaló que el propio Romano reconoció durante la ratificación de la denuncia la “duplicación de los hechos denunciados”

“Resulta llamativo que no se haya hecho ninguna mención –añadió el fiscal– o referencia a que los hechos ventilados se vinculaban con observaciones realizadas en un informe de la Sindicatura General de la Nación. Muy por el contrario, los hechos fueron presentados como detectados en el marco de ‘gestiones, auditorías e investigaciones’”.

El ministerio recibió un primer revés hace dos semanas, cuando el juez federal Julián Ercolini hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal para desestimar la denuncia que Capital Humano realizó sobre la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), un organismo que entrega subsidios para la adquisición de medicamentos.

En su fallo, Ercolini indicó que Gianni dedujo de un informe de auditoría que el procedimiento aplicado por la Dadse para comprar medicamentos violaba el régimen de contrataciones de la Administración Pública. En su denuncia, Gianni indicó que “había una alta chance” de que se estuvieran “consumando delitos”.

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Cuando fue convocada a ratificar la denuncia, Gianni reconoció ante la Justicia que el Ministerio de Capital Humano todavía se encontraba recabando datos y que “sin perjuicio de no contar con toda la información pertinente, por carga de ley, se decidió formular la denuncia”.

Al ser consultada sobre el impacto estimado de la maniobra denunciada sobre las arcas públicas, Gianni se limitó a mencionar el presupuesto anual del organismo, que, según señaló, “daba la pauta del potencial perjuicio económico”.