El Gobierno anunció que va a privatizar la empresa estatal Corredores Viales SA. Esta empresa maneja 6.000 km de las rutas nacionales más importantes del país, por donde pasa un tercio de todo el tráfico de la red vial troncal. Fue creada en 2019 para atender una urgencia puntual en la Autopista Ricchieri, pero a partir de diciembre de 2020 fue tomando todas las concesiones privadas que vencían junto con su personal y estructura operativa.

Todas las rutas de Corredores Viales SA estuvieron bajo gestión privada desde la década de 1990 mediante diferentes modelos de asociaciones pública-privadas. Desde las tradicionales concesiones por peaje de Menem hasta los PPP de Macri, pasando por las pseudo concesiones subsidiadas del kirchnerismo. Las 42 plazas de peaje, los obradores, el equipamiento y gran parte de los 3600 empleados que tiene este leviatán de las rutas fueron puestos ahí por estas empresas.

La privatización es el camino correcto para recuperar las rutas principales. La mayoría de estos corredores tienen un tránsito mediano o intenso y son caminos de 2 carriles en terreno llano y rural. Esto hace posible cobrar un peaje de alrededor de 1 dólar cada 100 kilómetros durante 10 o 15 años para repagar obras importantes, aunque no tan complejas. Ejemplos de esto son la Ruta 9 entre Buenos Aires y Rosario, la Ruta 3, la Ruta 5 o la Ruta 34. Aparentemente, el plan del gobierno es licitar casi exactamente los mismos diez contratos de 2006 o 2011, aprovechando los estudios, diseños y pliegos originales. Haría mejor en darle una vuelta de rosca más y organizar proyectos más cortos, de 300 o 400 kilómetros, con nuevas plazas de peaje. El esquema anterior tenía concesiones de 1000 kilómetros y con tan poca recaudación que apenas pagaban los sueldos de los peajistas y a la larga terminaron fuertemente subsidiadas y a cargo de un puñado de empresas.

Con un plan un poco más elaborado se podría también concluir algunas obras críticas y abandonadas como las autopistas entre Córdoba y San Francisco, Cañuelas y Las Flores o la Variante Palmira en Mendoza, compensándolo con una tarifa adicional o alguna fuente de repago alternativa, como lo hacían los PPP con el fondo del impuesto a los combustibles. Se podrían actualizar temas elementales como la cartelería vial, que está atrasada medio siglo, mejorar curvas peligrosas y pasos urbanos congestionados, construir algunos intercambiadores, mejores plazas de peaje y áreas de servicio o pavimentar las banquinas. La extensión del Buen Ayre hasta La Plata es otra mega obra millonaria que le falta poco para terminar y que todo indica que tendrá muchísimo uso, ya que conectará 12 municipios del conurbano.

No hay que inventar la rueda: cualquier modelo de gestión privada sirve si se tienen los recaudos necesarios y si el Estado cumple sus compromisos y obligaciones en el tiempo. Cuando se cumplen los contratos y los incentivos no están distorsionados por subsidios, excesivo control o falta de transparencia, los intereses del empresario y de los usuarios se alinean y todos ganamos.

Las rutas se encuentran a la deriva desde hace años. El gobierno anterior se dedicó a priorizar recursos nacionales en obras municipales y provinciales, no licitó ni un contrato de recuperación y mantenimiento y le entregó la operación de las arterias de nuestro país a una empresa pública para hacer política. Es hora de tomar acción antes de que lamentemos más pérdidas humanas y económicas en las maltratadas rutas de nuestro país.

*El autor es ingeniero, consultor del gobierno de EE. UU. y fue coordinador de Gestión de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) durante la administración de Mauricio Macri.