El pasado 15 de octubre, el ministerio de Capital Humano anunció que la Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra, había firmado un dictamen que habilitaba a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) a realizar controles sobre las altas casas de estudios.

Si bien el texto expresaba que esto no atentaría contra la independencia administrativa y financiera de las universidades de gestión estatal, como lo establece la Constitución Nacional, la Universidad de Buenos Aires (UBA) informó esta mañana que iniciará acciones legales contra la medida, en rechazo al “intento de intervención” por parte del Ejecutivo. La Ley de Educación Superior (24.521) establece que las universidades nacionales tienen autarquía económico-financiera.

Así lo anunció esta mañana el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, en compañía del vicerrector, Emiliano Yacobitti, y de los decanos de la universidad. La conferencia de prensa se hizo en el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, sobre Viamonte 444, con el objetivo de “aclarar, una vez más, distintas situaciones sobre las auditorías, en relación con el intento de intervención de la Sigen”.

La UBA también informó que realizará una convocatoria nacional e internacional para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre su sistema de control interno y manifestó ser uno de los entes más auditados del sector público. “Nuestra intención es dar un lugar que sirva para explicar técnicamente cuestiones específicas, más allá de las ideológicas o legales”, remarcó Gelpi.

De esta manera, afirmó que la UBA entiende que la Sigen no posee las competencias necesarias para llevar a cabo los controles sobre las universidades nacionales, con una base jurídica que sostiene esta postura, lo cual, aclaró, “no significa que la UBA se opone a las auditorías, todo lo contrario”.

“Queremos ser auditados todo lo que sea necesario, pero dentro del marco de las leyes e instituciones. Por eso decidimos presentarnos ante la Justicia para que decida el procedimiento dentro del marco legal vigente. Nosotros entendemos que no corresponde, pero acataremos de manera irrestricta lo que el Poder Judicial decida”, amplió.

Lo mismo dijo Juan Alfonsín, secretario general de la UBA: “Acataremos las resolución judicial, ya que son los jueces quienes deben interpretar el sentido de las leyes, derechos y libertades de las y los ciudadanos”.

Según el comunicado compartido por la institución el viernes pasado, también solicitaron a la AGN que la vuelva a incluir en la Plan de Auditoría 2025, y declaró que tomará acciones legales contra la medida, lo cual fue cuestionado el sábado por el presidente Javier Milei, quien había dicho en declaraciones radiales: “Nosotros no queremos intervenir a las universidades, queremos tener un control del dinero que pagan los pagadores de impuestos. En la Argentina, siete de cada 10 niños son pobres. Esos chicos están recibiendo menos asistencia por las universidades. Entonces, queremos saber qué están haciendo con esa plata”.

Según la legislación previa al dictamen, estas instituciones deben ser auditadas por la Auditoría General de la Nación (AGN), un órgano dependiente del Congreso nacional. Los organismos a auditar los define la Comisión Especial Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual está formada tanto por diputados como por senadores, y la selección debe ser luego aprobada por el propio Congreso.

Por esto mismo, en respuesta a la decisión del Gobierno, la UBA señaló el viernes pasado que la Sigen no posee las competencias para llevar a cabo dichos controles: “El artículo 98 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156 dice en términos indudables que la Sigen puede controlar a las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado que dependan del mismo”. También manifestaron que existe un intento de controlar la “libertad académica”.

Matías Ruiz, secretario de hacienda de la institución, volvió a hacer foco en que la UBA es uno de los entes más auditados del sector público: “De ningún modo nos oponemos a las auditorías, todo lo contrario, pero siempre dentro del marco de la ley”.

A modo explicativo, realizó un repaso por los distintos órganos e instancias en donde se controlan los gastos de la universidad. Entre estos se encuentra la ya nombrada AGN, que es un órgano externo, y que desarrolló las últimas auditorías en 2021, 2022 y 2023. La UBA también rinde cuentas al Ejecutivo todos los meses a través de informes que envían al subsecretario de políticas universitarias, dependiente de Capital Humano. Muchos de estos informes, aseguró, se encuentran disponibles a toda la comunidad a través de la página web de la misma UBA. Por otro lado, también es controlada por el Poder Legislativo, ya que se remiten cuadros contables dos veces al año, el primero, con corte el 30 de junio, y el segundo, el 31 de diciembre. “Estos son remitidos al Congreso Nacional, son balances que también están disponibles a la ciudadanía general”, precisó.

Por último, Ruiz recordó que la UBA realiza auditorías internas. “Cuando alguien afirma que la UBA no es auditada, aunque lo repita mil veces, lo que dice es llanamente falso. Quien afirma esto lo hace con un objetivo diferente o para confundir a quien escucha. Es auditada y rinde cuentas en múltiples instancias y ante múltiples organismos con facultades para hacerlo”, aclaró.

Respecto de los controles internos, explicó que los auditores son independientes de la administración institucional, ya que el titular no es elegido por el rector, sino por el Consejo Superior, mientras que el titular de la Sigen es “elegido a dedo por el propio Presidente”.

Por su parte, Leonora Colombo, consejera superior, explicó que la acción legal que la UBA tomará se trata de una acción judicial declarativa de certeza. “Acá hay un debate respecto de la interpretación del sistema jurídico vigente. La universidad sostiene que la Sigen no tiene competencias para auditarla, y el Ejecutivo sostiene que sí. En nuestra república, el órgano llamado a resolver este tipo de conflictos es el Judicial, por lo que la universidad decidió encauzar este debate para lograr un pronunciamiento del último órgano intérprete de la Constitución y las leyes, que es el Poder Judicial. La Sigen está creada por la Ley de Administración Financiera, que establece su ámbito de competencia. En el artículo 98 dice que la Sigen puede establecer actos de control respecto de los entes y organismos que dependen el Ejecutivo nacional, no es opinión de la UBA, es la letra de la ley”, enfatizó.

También repasó en la historia, y mencionó que la modificación de 1994 de la Constitución Nacional incorporó el artículo 75 inciso 19 que estableció la autonomía universitaria. Desde entonces, el contenido y alcance de esa autonomía fue establecido por el Congreso a través de la Ley de Educación superior y por la Corte Suprema de Justicia, que en 2003 declaró que “la autonomía implica que las universidades no dependen del Poder Ejecutivo, y que están exentas sobre cualquier tipo de interferencia o control por parte de este”, agregó Colombo.

Sobre los próximos meses y lo que espera para 2025, Ruiz concluyó que la intención es que este cuatrimestre termine como corresponde, que las luces permanezcan prendidas y las puertas abiertas, algo que se resolvió a principios de año tras la primera marcha federal del 23 de abril, cuando se acomodó el presupuesto para el funcionamiento. Aun así, destacó la pérdida del poder adquisitivo de docentes y trabajadores no docentes. “Ya estamos trabajando para que se completen los calendarios académicos y que finalice el cuatrimestre, al tiempo que trabajamos y concientizamos para que se incorporen las garantías para la recomposición de los salarios docentes de 2024, y les pedimos a los senadores y diputados el presupuesto 2025, para garantizar un primer cuatrimestre con la normalidad a la que la UBA está acostumbrada”.

Este es uno de los mayores pedidos en estos meses cargados de paros —hubo ocho en dos meses—, ya que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pidió $7,2 billones, mientras el Gobierno planea asignar $3,8 billones, casi la mitad, una diferencia que radica en las paritarias salariales.