Algunos consultores de opinión pública consideran seriamente la hipótesis de que cuanto más crece la exposición pública de Cristina Kirchner, más sube la imagen positiva de Javier Milei. No sería casual para ellos que, en las últimas semanas, al tiempo que la expresidenta comenzó a recorrer con inusual frecuencia el conurbano bonaerense y movió cielo y tierra para ser ungida como líder del Partido Justicialista, el apoyo al actual jefe del Estado empezó a mejorar tras varios meses de leve caída.

Así lo exhiben, por ejemplo, las más recientes encuestas de Aresco y de Giacobbe & Asociados, concluidas entre fines de octubre y principios de noviembre. La primera le da a Milei una imagen positiva del 54,1% contra una negativa del 44,1%, cuando dos meses atrás registraba una percepción favorable del 49,9% y una desfavorable del 49%. De acuerdo con el segundo sondeo, la imagen positiva de Milei creció ocho puntos en el último mes, alcanzando el 50,5%, en tanto que su imagen negativa descendió en el mismo período del 46,2 al 40%.

Dentro de las múltiples causas que pueden explicar la mejoría de la imagen de Milei, según los autores de este último estudio, a la que menos peso se le debe asignar es a la que curiosamente más importancia le otorga el gobierno nacional, que es la recuperación económica.

En tal sentido, cuando la encuesta de Giacobbe interrogó a la población sobre cuáles de las promesas de campaña de Milei están cumplidas, solo el 19,4% mencionó la reactivación económica. En cambio, el 44,2% citó el hecho de que se pusiera orden en la calle; el 42,2% mencionó el achicamiento del Estado y el 41%, el combate contra la inflación.

Pero uno de los aspectos que mejor explica el crecimiento en la imagen de Milei es precisamente la irritación que en mucha gente provoca la salida de Cristina Kirchner a la cancha. Al salir la expresidenta al campo de juego, generó en un primer momento un reverdecer en su propio público, que venía de una fase de depresión y desorientación tras la emergencia y el triunfo electoral de Milei. A partir del reverdecer de ese sector, que busca una suerte de héroe para enfrentar al actual gobierno, también se potenció el polo mileísta.

A nadie debería extrañar, entonces, que en las últimas horas, luego de la ratificación de la condena a Cristina Kirchner por el delito de administración fraudulenta contra el Estado en la llamada causa Vialidad, el Gobierno se esforzara por mantener a la expresidenta en el centro de la escena, resolviendo dar de baja la jubilación y la pensión de privilegio que ella cobra y que, sumadas, representan un ingreso de bolsillo de casi 22 millones de pesos, según la información oficial. En igual sentido, puede verse el anunciado proceso de “deskirchnerización” de edificios públicos, iniciado ayer con el retiro de un busto de Néstor Kirchner de la sede de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) en el centro porteño.

A la iniciativa del Poder Ejecutivo de derogar el beneficio jubilatorio de privilegio de Cristina Kirchner, hay que añadir una decisión similar respecto del haber que recibe, en su carácter de exvicepresidente de la Nación, Amado Boudou, condenado en 2018 a cinco años y diez meses de prisión e inhabilitación perpetua por el intento de apropiarse de la imprenta Ciccone.

Las jubilaciones y pensiones de privilegio fueron establecidas por la ley 24.018, promulgada por el gobierno de Carlos Menem en 1991. La norma no regula la posibilidad de quitarle el beneficio a quien recibe una condena judicial, aunque sí estipula que esa asignación especial no alcanza a quienes, previo juicio político o previo sumario, fueren removidos por mal desempeño de sus funciones.

Sin embargo, el Gobierno interpreta que las jubilaciones de privilegio devienen “jurídicamente incompatibles” para quien haya cometido un delito en perjuicio del Estado nacional en ejercicio del mismo cargo público por el cual ha accedido al beneficio jubilatorio. En un comunicado, el Ministerio de Capital Humano sostuvo que la jubilación de privilegio es “una asignación graciable, sin carácter previsional” que se brinda como una contraprestación al buen desempeño en el cargo. “Constituye una gracia otorgada en reconocimiento del mérito y del honor”, señala la comunicación oficial, a partir de lo cual el Gobierno interpreta que la existencia de una condena por corrupción en la función pública, con el consecuente daño para las arcas públicas, implica el incumplimiento del requisito del buen desempeño para acceder a la asignación vitalicia.

La medida de derogar el beneficio jubilatorio de privilegio tendría pocas chances de no ser objetada por la Justicia, pero sin dudas le servirá al objetivo de Milei de promover una polarización del electorado con Cristina Kirchner, que podría favorecerlo de cara a los comicios legislativos de 2025. Paralelamente, le permite al Presidente dar una señal de que está efectivamente combatiendo los privilegios de la “casta” en momentos en que una no menor porción de la ciudadanía viene advirtiendo que el mayor costo del ajuste lo está haciendo el común de la gente y no la dirigencia política.

Entretanto, entre dirigentes políticos, gana terreno la idea de que a Milei le agradaría tener enfrente a Cristina Kirchner en la arena electoral. Más que defenestrarla y sacarla del juego en lo inmediato, al Presidente le gustaría mantenerla en el escenario político, consciente de que la polarización con ella terminaría beneficiándolo.

Es cierto que si el Congreso aprobase el proyecto de ley de ficha limpia, la líder del PJ se quedaría sin posibilidades de competir electoralmente, por cuanto esa iniciativa prohibiría las candidaturas de quienes tengan una condena judicial en segunda instancia. Para el próximo miércoles 20, está prevista en la Cámara de Diputados una sesión especial para tratar este tema, impulsada por legisladores de Pro, La Libertad Avanza y el radicalismo. Se estima, sin embargo, que el proyecto muy difícilmente pueda ser aprobado en el Senado, donde el kirchnerismo tiene 33 de las 72 bancas.

Elevando a Cristina al centro de la escena, Milei apostaría a sumar apoyos en el electorado antikirchnerista que podrían trasladarse desde tradicionales votantes de Pro, al tiempo que consolidar a la exmandataria como líder del peronismo impediría la conformación de una coalición antimileísta más afín al republicanismo.

“O nos votan a nosotros o vuelve Cristina”, sería el mensaje a los votantes que imaginan dirigentes de La Libertad Avanza que ya piensan en la próxima campaña electoral.

La conducción de Cristina Kirchner le permitiría al justicialismo consolidar un piso electoral, en función de que la expresidenta es la figura con mayor intención de voto dentro de esa fuerza política. Pero su liderazgo obturaría la potencial renovación partidaria, dificultando las chances del peronismo de volver al gobierno en 2027.

Existe, sin embargo, un riesgo político para el oficialismo si, avanzado el próximo año electoral, Cristina Kirchner creciera en intención de voto en las encuestas. Esa situación podría perturbar a los mercados, sembrando una desconfianza entre los actores económicos que termine retrasando el crecimiento del país y afectando la marcha de la propia gestión gubernamental de Milei.