En un nuevo capítulo del conflicto entre el Gobierno y la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Sindicatura General de la Nación (Sigen) –con el patrocinio del Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra– presentó ayer un escrito ante la Justicia para que la casa de altos estudios presente la documentación sobre la utilización de los fondos públicos que le otorga el Poder Ejecutivo.

Según comunicó la Secretaria de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, la demanda apunta a que la Justicia instruya a la UBA a que informe cómo fueron ejecutados los fondos nacionales en lo relativo a, por ejemplo, licitaciones, convenios o contrataciones directas. Pero aclaran que no pretenden auditar planes de estudio, ni su contenido, la designación de autoridades, ni afectar la libertad de cátedra, como así tampoco designar el auditor interno de la universidad, “cuestiones totalmente ajenas al objetivo de las auditorías de la Sigen”, apuntaron.

La Sigen solicitó que se inste a la UBA “a rendir cuenta documentada de los fondos transferidos por el Tesoro Nacional” para que el organismo pueda cumplir con sus funciones en el marco de la actividad propia del control interno, complementario al control externo que lleva a cabo la Auditoría General de la Nación (AGN).

El pasado 15 de octubre, el ministerio de Capital Humano anunció que la Procuración del Tesoro había firmado un dictamen que habilitaba a la Sigen a realizar controles sobre las altas casas de estudios. Fue uno de los pedidos del Pro luego de que anunciara que apoyaría el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario. Estos controles se habían interrumpido en 2022 luego de la resolución del entonces procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que impidió al organismo auditar a las universidades.

El lunes pasado, la UBA informó que iniciarían acciones legales contra los controles de la Sigen, en rechazo al “intento de intervención” por parte del Ejecutivo. Lo anunció el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, en compañía del vicerrector, Emiliano Yacobitti, y de los decanos de la universidad en una conferencia de prensa en el Consejo Superior de la UBA. “Queremos ser auditados todo lo que sea necesario, pero dentro del marco de las leyes e instituciones. Por eso decidimos presentarnos ante la Justicia para que decida el procedimiento dentro del marco legal vigente. Nosotros entendemos que no corresponde, pero acataremos de manera irrestricta lo que el Poder Judicial decida”, dijo Gelpi.

A su vez, informaron que realizarán una convocatoria nacional e internacional para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre su sistema de control interno y manifestó ser uno de los entes más auditados del sector público. “Nuestra intención es dar un lugar que sirva para explicar técnicamente cuestiones específicas, más allá de las ideológicas o legales”, apuntó el rector.

Horas después, la Sigen notificó presencialmente a la UBA sobre el comienzo de los trabajos de auditoría en esa casa de estudios. “Luego de que las autoridades de la Universidad de Buenos Aires no respondieran a las notificaciones enviadas por el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y el aviso al correo electrónico oficial del rectorado, se decidió entregar la notificación en un documento físico, para evitar más dilaciones”, dijeron.

Según informaron, la solicitud de la Sindicatura General de la Nación incluye: la normativa interna de la universidad para la aprobación y autorización de gastos por parte de cada funcionario; normas reglamentarias vigentes referidas al circuito de compras y contrataciones; listado de expedientes que conforman cada una de las rendiciones efectuadas sobre los fondos, sujetos a rendición, transferidos por la actual Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación durante los ejercicios 2022-2023; detalle de las adquisiciones realizadas a través de los fondos transferidos por la cartera de Educación; acceso a los Sistemas Siu Pulagá y Siu Diaguita (módulo de compras, módulo de patrimonio), a modo de consulta para comprobar las registraciones de los gastos y sus rendiciones de cuenta.

En paralelo, la Secretaría de Educación informó que el rector de la Universidad de La Matanza, Daniel Martínez, recibió a las autoridades de Sigen para el inicio de las auditorías. Según informaron, el Síndico General de la Nación, Miguel Blanco, y a sus adjuntos Santiago Herrera y Marcelo Bailo, se reunieron para coordinar los trabajos de fiscalización en esa casa de altos estudios y conversaron sobre “los procedimientos a seguir, la documentación requerida y las actividades más destacadas que se realizarán en el corto plazo”.