La suerte del juez federal Ariel Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla como futuros jueces de la Corte Suprema se negocia en conversaciones reservadas entre el Gobierno y representantes del kirchnerismo, que ya plantearon un primer pliego de exigencias a cambio de permitirle al presidente Javier Milei designar a dos miembros en el máximo tribunal de justicia.

Las negociaciones avanzan a paso lento y todavía no hay definiciones. Lo demuestra el hecho de que a una semana de haberse presentado en audiencia pública, la nominación de Lijo todavía sigue sin tener dictamen, al menos de manera oficial. Así lo confirmó la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital).

Sin embargo, durante esta semana comenzó a circular entre los miembros de la Comisión de Acuerdos un despacho favorable a la designación del polémico juez federal que, hasta este momento, apenas ha cosechado tres firmas. Necesita nueve rúbricas, sobre un total de 17 miembros, para obtener dictamen favorable y poder avanzar, así, hacia su tratamiento en el recinto de la Cámara alta.

Alertados de la existencia del diálogo entre el kirchnerismo y el Gobierno, el radicalismo decidió abstenerse de apoyar a cualquiera de los candidatos hasta no tener un panorama más claro de las condiciones en que se discute la nominación de ambos candidatos. Otro tanto decidió hacer el peronista Juan Carlos Romero (Cambio Federal-Salta), quien reiteró que firmará los dictámenes una vez que lo haya hecho Unión por la Patria.

Según pudo saber LA NACION de fuentes legislativas, el kirchnerismo planteó dos opciones en la discusión con el Poder Ejecutivo a través de un senador que mantiene línea directa con Cristina Kirchner. El Gobierno hasta el momento no ha dado una respuesta a las propuestas.

Una de las alternativas que ofrecieron los interlocutores del Instituto Patria es que el Gobierno sacrifique la candidatura de García-Mansilla y que lo reemplace por un postulante elegido por el sector que lidera la exvicepresidenta. El postulante no es del gusto de los halcones kirchneristas de la bancada de Unión por la Patria, como lo dejaron en claro con las preguntas que le realizó la bancada al jurista durante su presentación en el Senado.

La otra propuesta es la idea de un acuerdo mucho más amplio, que implicaría la aprobación de ambos candidatos a cambio de un paquete de cargos judiciales. En este caso, se incluirían las nuevas poltronas de una eventual ampliación de la Corte, el número de futuros miembros que tendría el tribunal es una incógnita, y otros sitiales que requieren también el voto de una mayoría agravada de dos tercios, como el Procurador General y el Defensor del Pueblo; y la designación de los 140 cargos en la justicia federal que se encuentran vacantes en todo el país y cuyos pliegos el Poder Ejecutivo debe enviar a la Cámara alta.

El sacrificio de la candidatura García-Mansilla se presenta como un callejón sin salida si se tiene en cuenta el énfasis con el que Santiago Caputo sostiene la necesidad para la administración libertaria de que el decano de la facultad de Derecho de la Universidad Austral ingrese en el tribunal. De hecho, en su exposición en el Senado de este miércoles el postulante dijo que no conoce a Javier Milei y reveló que fue el asesor presidencial quien le ofreció la postulación para le Corte.

Más aún, según el joven Caputo el deseo de ascender al catedrático a la máxima judicatura de la Nación es lo que justifica el costo político que pagaría el Gobierno, incluso ante muchos de sus votantes, por convertir a un personaje tan controvertido como Lijo en juez de la Corte. Es la idea que subyace detrás de la exigencia de “los dos o ninguno” que el asesor se encargó de enviarle a los diferentes bloques políticos del Senado.

Una versión del dictamen que impulsa la designación de Lijo comenzó a circular esta semana, aunque nadie pudo precisar quién fue el encargado de redactarlo y cuáles son los fundamentos usados para respaldar la nominación. El jefe de la bancada libertaria en el Senado, Ezequiel Atauche (Jujuy), fue uno de los que intentó sumar voluntades al despacho mientras en el Salón Azul del Congreso se desarrollaba la audiencia pública de García-Mansilla.

A pesar de la enjundia del senador, la recolección de firmas no tuvo demasiado éxito. Por el momento, el pliego de Lijo sólo reúne tres firmas. Una de ellas es la del provincial Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia de Misiones), quien le confirmó a LA NACION su apoyo a la postulación. Se estima que otra rúbrica es la del propio Atauche, aunque el legislador negó haber puesto su rúbrica cuando fue consultado por este diario.

El único plazo que existe para firmar un dictamen lo impone la renovación del Senado, algo que no ocurrirá hasta diciembre del año próximo, ya que el recambio de un tercio de los legisladores suele alterar la integración de las comisiones.