El reciente fallo de un juez federal en Texas bloqueó una norma impulsada por la Administración de Joe Biden que buscaba ampliar la elegibilidad para el pago de horas extra en Estados Unidos. Esta medida, que afectaría a decenas de miles de trabajadores asalariados, se enfrenta ahora a una incertidumbre legal y económica. La decisión, tomada por el magistrado Sean D. Jordan, quien fue designado durante el anterior mandato de Donald Trump, representa un obstáculo significativo para las políticas laborales del actual gobierno.

La norma propuesta y su impacto en los trabajadores

La regla, que había sido propuesta por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL, por sus siglas en inglés), pretendía aumentar el umbral salarial para que los trabajadores pudieran recibir los pagos de horas extra.

El 1° de julio de este año, ese límite había subido a 43.888 dólares anuales, por lo que ciertas personas que percibían un sueldo que no llegaba a ese monto podían verse beneficiados con la medida oficial. Además, había una proyección de incremento a US$58.656 para el 1° de enero de 2025.

Esto habría beneficiado a más de cuatro millones de trabajadores de bajos salarios y otros casi 300 mil en rangos salariales más altos, según estimaciones oficiales a las que tuvo acceso NPR. Sin embargo, tras el fallo, se reinstauró el umbral de US$35.568 anuales establecido en 2019 durante la administración Trump.

Argumentos legales detrás del fallo

El juez Sean D. Jordan fundamentó su decisión en que la norma priorizaba el salario sobre las responsabilidades laborales, lo que excedía la autoridad del Departamento de Trabajo. Este razonamiento refleja decisiones similares tomadas en 2017, cuando otra corte bloqueó un intento de la administración Obama de elevar el umbral salarial a US$47.000.

Las asociaciones empresariales, como la Federación Nacional de Minoristas, que también se oponían a la norma de Biden, señalaron que la expansión podría haber limitado la capacidad de las compañías para ofrecer beneficios flexibles a empleados de nivel medio. Argumentaron que el enfoque en el salario como criterio principal para las horas extra desestimaba la diversidad de funciones laborales y el impacto operativo en sectores clave.

Antecedentes de una política controvertida en EE.UU.

La política de horas extra ha sido objeto de debate durante varias administraciones. Bajo el mandato de Obama, un intento similar de aumentar significativamente el umbral fue bloqueado en tribunales, lo que llevó a la administración Trump a introducir una subida más moderada en 2019. En contraste, la propuesta de Biden buscaba un cambio más ambicioso, lo que refleja las demandas de grupos laborales que argumentan que muchos trabajadores asalariados realizan funciones equivalentes a las de empleados por hora sin recibir el mismo reconocimiento. Mientras tanto, el futuro de esta norma depende de si el Departamento de Trabajo decide apelar la decisión.

El sector más afectado por el fallo

El fallo tiene un impacto significativo en instituciones de educación superior, donde numerosos empleados administrativos y personal de apoyo habrían sido elegibles para horas extra bajo el nuevo umbral salarial. En concreto, según el American Council on Education (ACE), aproximadamente 59.000 trabajadores de universidades y colegios se habrían visto beneficiados por la norma.

Steven Bloom, vicepresidente asistente de relaciones gubernamentales de ACE, expresó su preocupación sobre la implementación abrupta de la norma. Señaló que un aumento del 55% en el umbral salarial podría ser “drástico” y potencialmente desestabilizador para las instituciones educativas, especialmente aquellas con recursos financieros limitados. Además, explicó que los cambios podrían alterar las estructuras laborales, limitar la flexibilidad y complicar las oportunidades de desarrollo profesional en estos entornos.