Los números están, sólo es cuestión de tiempo. El oficialismo en el Senado reconoce que el DNU 846/24, que habilita operaciones de canje de deuda sin la autorización del Congreso, tiene los días contados si el Gobierno no logra frenar su rechazo en la Cámara de Diputados en la sesión prevista para este martes.

Con los 33 miembros de Unión por la Patria dispuestos a rechazar el decreto de necesidad y urgencia, sólo es cuestión de que cuatro radicales se sumen a la ofensiva para convertir al 846/24 en el segundo DNU de la historia en cosechar el rechazo de las dos cámaras legislativas y terminar derogado.

El primero en sufrir ese proceso fue el decreto 656/24, por el cual el Gobierno le asignó $ 100.000 millones a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que conduce Sergio Neiffert, hombre que responde al asesor presidencial Santiago Caputo.

“Si los gobernadores no meten la cola, los votos están para rechazarlo”, le dijo a LA NACION un senador de la UCR. Según las cuentas que hacen en el centenario partido, al menos cinco senadores estarían dispuestos a votar para derogar el decreto de necesidad y urgencia que habilita al Gobierno a canjear títulos de deuda sin cumplir con los requisitos establecidos en la ley de administración financiera.

En el entorno de la vicepresidenta Victoria Villarruel admiten que no tienen la fuerza suficiente para detener una eventual embestida opositora en la Cámara alta, la que sería inminente.

Según confiaron fuentes legislativas kirchneristas, la bancada de senadores de Unión por la Patria tendría decidido impulsar el tratamiento del DNU 846/24 en una sesión ordinaria que quieren celebrar esta semana, más aún si se concreta su rechazo en la Cámara baja, lo que podría ocurrir en la sesión convocada para este martes.

En el oficialismo reconocen que no tienen el respaldo suficiente para exigir el voto de los dos tercios para tratar el tema sobre tablas, ya que el DNU no fue discutido en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. La Constitución es clara al permitir el tratamiento de manera inmediata si, una vez vencido los plazos reglamentarios, como ocurre en este caso, la bicameral no se ha expedido sobre la legalidad del instrumento.

En ese escenario, la última barrera que le queda al oficialismo es que Villarruel demore lo más posible la convocatoria a sesión. En ese sentido, será clave saber si convoca a reunión de Labor Parlamentaria. Ya lo hizo con otros decretos de necesidad y urgencia, cuando la vicepresidenta desconoció todo lo que pudo los pedidos de la oposición. En el caso del megadecreto 70/23, esa estrategia duró más de un mes y medio. Al final, debió ceder a la presión y el DNU fue rechazado por la Cámara alta, aunque mantiene su vigencia porque nunca fue tratado en Diputados.

Diferente es el panorama para el proyecto que busca modificar la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia, que la oposición también pretende aprobar en la sesión de mañana en la Cámara baja.

En este caso, todo indica que el oficialismo podrá regular los tiempos y alcanzar el final del período de sesiones ordinarias sin que el proyecto llegue a discutirse en el recinto del Senado.

En este caso, para convocar a una sesión el proyecto necesitará ser discutido y obtener dictamen en comisiones. Cualquier intento por acelerar su debate sin obtener la luz verde de los órganos de trabajo parlamentario implicará para la oposición la obligación de buscar el apoyo de los dos tercios de los presentes para obligar a su tratamiento sobre tablas.

Así, el oficialismo podrá contar con el respaldo de senadores aliados para darle largas al tema y llegar de manera más holgada al final del período ordinario de sesiones, el que operará en menos de 20 días, el próximo 30 de noviembre. A partir de esa fecha, el Congreso sólo podrá funcionar en sesiones extraordinarias, período en el que es el Poder Ejecutivo el que habilita el temario que se puede discutir.

Si se toma en cuenta el trámite legislativo que la nueva reglamentación de los DNU superó en Diputados, en la Cámara alta el proyecto debería ser discutido, al menos, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que conduce el peronista Edgardo Kueider, de buena sintonía con Santiago Caputo.

Así, el Gobierno tendrá la posibilidad de manejar los tiempos del debate y poder demorarlos, como mínimo, hasta marzo del año próximo.