Frente al escenario de intransigencia que plantea el Gobierno, que dejó trascender que no avanzará en el debate del presupuesto 2025 si los gobernadores aliados de Pro y de la UCR no deponen sus demandas, el sector más duro de la oposición decidió cortar por lo sano y convocó nuevamente, esta vez el martes próximo, a rechazar uno de los decretos dilectos del ministro de Economía Luis Caputo: el que le permite realizar canjes de deuda en moneda extranjera sin autorización del Congreso.

La sesión especial fue convocada para el martes próximo –en la última semana previo al cierre de las sesiones ordinarias- y es impulsada por legisladores de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, que aglutina a los radicales críticos del oficialismo. Será el segundo intento tras haber fracasado el jueves pasado en reunir el quorum ante la reticencia de los gobernadores aliados de llevar la ofensiva al extremo.

Sin embargo, tras la súbita decisión del oficialismo de suspender la firma del dictamen del presupuesto, sumada a la versión de que el Poder Ejecutivo no incluiría este tema en sesiones extraordinarias del Congreso, los ánimos de los gobernadores se caldearon.

Durante una reunión por zoom que mantuvieron este miércoles con los jefes de bloque de la UCR, Rodrigo De Loredo; de Pro, Cristian Ritondo, y de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, los mandatarios provinciales hicieron una larga catarsis y analizaron las vías de acción disponibles para presionar al Gobierno a sentarse a negociar el texto del presupuesto. Como primera medida intentarán que el oficialismo reabra la vía del diálogo y, por esa razón, no suscribieron -aún- el pedido de sesión especial de la oposición dura.

“Los próximos días van a ser claves: vamos a intentar que el oficialismo recapacite y no cierre el Congreso sin agotar las negociaciones –relató uno de los legisladores presentes en el encuentro-. Si el Gobierno no reacciona, volveremos a reunirnos para evaluar cómo seguir. En ese escenario no descartamos nada, desde convocar a una sesión especial para discutir el presupuesto hasta presionar con el rechazo al decreto 846 como última instancia.”

Otro de los legisladores que participó del encuentro relató que los gobernadores no quieren llevar los niveles de tensión al extremo y que buscarán, hasta el lunes próximo, reabrir las negociaciones. “Por ahora parece difícil”, se sinceró.

Los gobernadores de la UCR y de Pro sintetizan sus demandas en cinco puntos: que se acuerde un mecanismo que garantice el financiamiento de las 13 cajas de jubilaciones no transferidas a la Anses (este año las transferencias fueron nulas) y el pago de las compensaciones pendientes del Consenso Fiscal 2017.

Además, reclaman que la Nación elimine las afectaciones específicas del impuesto a los combustibles, que están dirigidas a obras públicas y transporte; aducen que estos fondos están subejecutados y piden que vuelvan a las provincias. Además, promueven la reducción del presupuesto de la AFIP (actual ARCA), que se nutre del 1,9% de toda la recaudación tributaria y aduanera, y la coparticipación de los Aportes de los Aportes del Tesoro (ATN) que la Nación concentra pero no reparte entre las provincias.

Desde la Casa Rosada esgrimen que las demandas de los gobernadores implicarían un impacto fiscal de 3700 millones de dólares. “El año próximo dejaremos de recaudar $10.000 millones por la caída del impuesto PAIS. No entienden que no hay plata”, repiten, y agregan que los mandatarios provinciales reciben actualmente, por coparticipación, unos 40 mil millones de dólares, cifra que podría trepar a 57 mil millones si la economía crece cinco puntos, como prevén las estimaciones oficiales.

Desde las provincias replican que la Nación concentra recursos que les corresponde a las provincias. “Es fácil llenarse la boca con el superávit fiscal cortándole a las provincias lo que les corresponde por ley y quedándose con fondos que se deben ejecutar”, despotrica un ministro de Hacienda provincial.