La Oficina Anticorrupción (OA) le dio un plazo de cinco días hábiles al Ministerio de Capital Humano para que entregue información sobre algunos de los contratos que la cartera que dirige Sandra Pettovello realizó a través de la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI), un organismo internacional con el que firmó convenios por más de mil millones de pesos para contratar personal. La notificación fue enviada el jueves, pasado el mediodía.

La solicitud de la OA se registra en el marco de la investigación que la propia ministra Pettovello inició cuando decidió expulsar a Pablo De la Torre del área social del ministerio, en medio de la polémica por los alimentos almacenados en los depósitos de Tafí Viejo (Tucumán) y Villa Martelli (Buenos Aires) y de las sospechas por contrataciones irregulares con el organismo internacional.

La información que pide el organismo, sin embargo, se limita solo una de las subsecretarias del área que manejaba De la Torre hasta su desplazamiento, hace dos meses. Según pudo averiguar LA NACION por esos días, las contrataciones realizadas a través de la OEI se extendían a otra áreas del ministerio.

“Conforme surge de las comunicaciones que recientemente mantuvo esta dependencia con sendos organismos (por Capital Humano y la OEI), el Ministerio de Capital Humano habría sido el encargado de realizar la selección de los prestadores a contratar a través de la OEI”, se lee en la carta que la OA envío al Ministerio.

No obstante, el director de investigaciones del organismo, Mariano Jorge Cartolano, le solicitó a la reemplazante de De la Torre, Yanina Nano Lembo que envié los datos de las personas que fueron contratadas solo por la subsecretaría de Políticas Territoriales, donde, se afirma en la misiva, “se advirtieron varios contratos”.

El organismo, a cargo de Alejandro Melik, le pidió Nano Lembo que precise cuáles eran las tareas a desarrollar de los contratados, cómo era el mecanismo de selección y quién solicitó que se realizaran las contrataciones. Respecto de cada uno de estos puntos, se solicitaron las “constancias documentales” respaldatorias.

La contratación de personería externa a través de organismos internacionales es algo habitual dentro del Estado, sobre todo cuando este no cuenta con los recursos técnicos necesarios para un determinado proyecto. Sin embargo, el uso que Capital Humano hizo del convenio con la OEI quedó rodeado de interrogantes.

Según pudo reconstruir este medio, ante las demoras en los nombramientos oficiales, el ministerio de Pettovello contrató a través de este organismo a muchos de sus propios funcionarios, quienes -sin contar con designación oficial- le facturaban a la OEI como prestadores de servicios externos. El modo en que fue usado este esquema falseó el espíritu del mecanismo, diseñado solo para ser una apoyatura externa del Estado, y dejó un reguero de dudas que la Justicia busca disipar desde distintos ángulos.

Tras la salida de De la Torre, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), conducida por el fiscal Sergio Rodríguez, decidió intervenir en el caso. Con el objetivo de tener un mapa completo de las relaciones que el Estado tejió con la OEI, le solicitó a 14 organismos públicos que precisaran, entre otros datos, la cantidad de contratados y los fondos que le fueron girados a la organización internacional en los últimos tres años. Según pudo averiguar este medio, los montos transferidos en ese periodo superan los 28 mil millones de pesos.

Además, luego de eyectar a De la Torre y de iniciar la investigación en la OA, la ministra Pettovello presentó una denuncia en la Justicia sobre la base del relato de Federico Fernández, un funcionario suyo, cercano a De la Torre, a quien se le adjudicaba haber efectuado las contrataciones. La causa quedó radicada en el juzgado del candidato del oficialismo para la Corte Suprema, Ariel Lijo.

Son tres líneas de investigación distintas, pero que tienen bajo la lupa al mismo sistema de contratación, sobre el que pesan diversas sospechas: entre ellas, la probabilidad de que existieran sobresueldos cuando los funcionarios fueron designados de forma retroactiva (al superponerse su sueldo como funcionarios con el de la OEI) y la posibilidad de que algunos otros contratos fueran directamente contratos fantasmas que alimentaran una caja negra.