El 1° de julio de 2024 fue una fecha significativa para los diferentes estados de EE.UU., ya que ese día entraron en vigor una serie de leyes promulgadas por los distintos gobernadores. En el caso de Georgia, comenzó a regir una normativa que ha generado gran controversia y preocupación entre las comunidades migrantes.

Se trata de la HB1105, promovida por el gobernador Brian Kemp, que exige que los carceleros comprueben el estatus migratorio de todos los presos y notifiquen a las autoridades federales si identifican a algún individuo que se encuentre en el país de manera ilegal. Esta resolución ha sido recibida con críticas tanto de defensores de los derechos de los inmigrantes como de algunos sectores de la sociedad civil. Es que, apuntan, podría desencadenar incontables deportaciones e incluso generar mayor discriminación y segregación entre la ciudadanía.

Cabe destacar que, la aprobación de esta ley fue, en gran parte, una respuesta al asesinato de Laken Riley, de 22 años, una estudiante de enfermería de la Universidad de Georgia.

La joven murió en febrero de este año y José Ibarra, un inmigrante venezolano, fue acusado por ese crimen. Según las autoridades, este hombre ingresó ilegalmente al país en 2022. Esto llevó a los legisladores a tomar medidas más estrictas en torno a la colaboración entre las agencias de ley locales y las autoridades federales de inmigración.

El proyecto de ley, que fue firmado por Kemp el 1° de mayo de 2024, establece que los gobiernos locales que no cumplan con estos nuevos requisitos podrían enfrentar la pérdida de fondos estatales. Además, los funcionarios que la incumplan podrían ser acusados de delitos menores, de acuerdo con The Current.

El impacto en la comunidad migrante

Los defensores de los derechos de los inmigrantes han señalado que esta ley podría tener efectos devastadores en las comunidades migrantes. Argumentan que podría aumentar los casos de perfil racial y la persecución injusta de individuos, basándose únicamente en su apariencia o acento. Además, temen que la ley desincentive a los inmigrantes a reportar crímenes o buscar ayuda de las autoridades por miedo a ser detenidos y deportados, según Ajc.

Ese mismo medio informó que diferentes organizaciones de derechos civiles organizaron múltiples protestas en todo el estado, argumentando que esta ley no solo es injusta, sino también ineficaz en términos de seguridad pública. Afirman que la colaboración forzada entre las autoridades locales y federales podría erosionar la confianza en la policía, especialmente entre las comunidades vulnerables.

Otras leyes que entraron en vigor en julio en GeorgiaHB1017 - Ley de reforma de los ocupantes ilegales

Esta normativa busca proteger los derechos de los propietarios al abordar el problema de la ocupación ilegal de propiedades. Según esta ley, cualquier persona que ingrese y resida en un terreno o local sin el consentimiento del propietario o un representante autorizado podría enfrentar consecuencias legales severas.

SB465 - Delito grave de homicidio involuntario agravado

La SB465 incrementa las penas para los traficantes de drogas que contribuyen a la crisis de opioides en Georgia. Los traficantes responsables de sobredosis fatales de fentanilo enfrentarán cargos por homicidio involuntario agravado, con la posibilidad de cadena perpetua.