La Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó una medida cautelar que le impide al Gobierno avanzar con despidos o con otras medidas que atenten contra la “estabilidad laboral” en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, antes AFIP), donde la a Oficina de la Presidencia había anunciado la “desvinculación de 3155 agentes”.

La medida responde a un pedido de los gremios que representan a los trabajadores del organismo recaudador (Aefip y Supara), que en primera instancia había sido rechazada.

El fallo dispone: “Hacer lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando al Poder Ejecutivo Nacional y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero se abstengan de adoptar cualquier medida que contraríe o violente la garantía de estabilidad prevista por el CCT 56/92, Laudo 16/92 y por el CCT aprobado por laudo 15/91 suscriptos por Supara y Aefip”.

El fallo de la Cámara lleva las firmas de los jueces Gabriel de Vedia, Mario Fera y Roberto Pompa. De Vedia, autor del primer voto, al que adhirieron sus colegas, resaltó, en su argumentación para otorgar la cautelar, que el objetivo es el resguardo de la garantía –constitucional y convencional– de estabilidad en el empleo de los representados por los gremios que hicieron el planteo, presentado luego de que el Gobierno comunicó la desvinculación de 3155 trabajadores de ARCA, por parte de la Oficina del Presidente.

“La función de la medida precautoria de no innovar es evitar un daño posible y previsible luego de las acciones iniciadas por el Poder Ejecutivo Nacional para descalificar a gran parte de los trabajadores que se desempeñan en ARCA” sostuvo De Vedia.

El octubre pasado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la disolución de la AFIP y su reemplazo por la ARCA. También, anticipó la desvinculación de 3155 de los 22.200 empleados del ente recaudador. El Gobierno sostuvo que se trataba de empleados nombrados “de manera irregular” durante el gobierno de Alberto Fernández, que representaban el 15% de la dotación del organismo y que correrlos era imprescindible para eliminar la “burocracia innecesaria”.

En respuesta, los gremios de la ex-AFIP lanzaron paros con presencia en los lugares de trabajo, apagones informáticos y asambleas. Además, se presentaron en la justicia laboral para frenar las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo.