El fiscal federal Carlos Stornelli pidió elevar a juicio oral y público la causa contra el hacker misionero que sacó a nombre del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, del vice Carlos Rosenkrantz y de magistrados federales líneas de teléfono celular para acumular gigas y venderlos por plataforma de e-commerce.

El acusado es Santiago Machado y según la acusación del fiscal Stornelli, debe ser juzgado por 13 fraudes reiterados contra al empresa Telecom, ya que las líneas que tramitó eran de esa compañía.

La modalidad consistía en contratar las líneas a nombre de “personas importantes”, activarlas con información personal que obtenía de bases de datos comerciales como NOSIS, pasarlas a un plan con determinada cantidad de gigas y vender las líneas con los gigas por plataformas de comercio electrónico.

Machado usaba el crédito telefónico cargándole el pago de sus abonos a terceras o dejaba de pagar a la empresa cuando el titular desconocía el cargo.

Machado, según la acusación, tramitó cinco líneas a nombre de Rosatti, una a nombre de Rosenkrantz, tres a nombre de la jueza federal de Misiones María Verónica Skanata, tres a nombre del exgobernador y diputado de Misiones Oscar Alberto Herrera Ahuad y una a nombre del actual gobernador misionero, Hugo Mario Passalacqua.

La justicia dio por probado como para juzgar a Machado que al menos entre el 20 de diciembre de 2022 y el 4 de mayo de 2023, el procesado defraudó a Telecom Argentina S.A. al haber gestionado el alta de una serie de líneas prepagas nombre de terceras personas sin sus autorizaciones.

Para eso se valió de los números de DNI, domicilios y/o de vínculos personales de Rosatti, Skanata, Rosenkrantz, Herrera Ahuad y Passalacqua para registrar sin sus consentimientos las líneas. El acusado obtuvo esos datos que son necesarios para activar las líneas de la información de bases de datos comerciales como Nosis.

Luego de ello, con la aplicación MÍ Personal modificó las modalidades de contratación por planes de abono y así generó cargos a nombre de los jueces y funcionarios. Ello provocó perjuicio a Telecom porque Machado tenía los chips con gigas y los que aparecían como dueños de las líneas luego desconocían los pagos.

La investigación fue iniciada con motivo de la denuncia de Rosatti. Se probó que los chip se activaron con un celular de Machado y una testigo declaró contactó al acusado por Facebook porque ofrecía 10 gigas a $500 mensual, 15 gigas por $750, y 20 gigas por $1000, 25 gigas por $1250, 30 gigas por $1500, 35 gigas por $1750 , 40 gigas por $2000, 45 gigas por $2250 y 50 gigas por $2500. Dijo la mujer que le compró un chip al igual que su madre, que compró dos, e incluso Machado luego le brindó el servicio de recarga de gigas.

Nelly Valdés y su hija contaron que Machado ofrecía chips ya cargados y activados. Lo contactó, hablaron por WhatsApp y acordaron la compra. El hacker les dijo que podía recuperar Instagram, Facebook, Telegram y cuentas de Google. Y le dijo que estaba estudiando para hackear las PC, servicio por el cual cobraba $8.000. La mujer le compró un celular para uno de sus hijos.

La primer sospecha cuando se advirtió la maniobra era que se trataba de una estrategia para realizar tareas de espionaje ilegal, pero eso hasta ahora no se corroboró. De todos modos, fuentes allegadas al caso dijeron a LA NACION que esta es una elevación parcial y que se sigue investigando para determinar si había exclusivamente un móvil económico u otro tipo de actividad.

En paralelo, hay otro hacker misionero, Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, que también es investigado. Confesó haber participado en la clonación de los teléfonos móviles funcionarios, fiscales, jueces y hasta ministros de la Corte Suprema que fueron víctimas de espionaje ilegal. El acusado está excarcelado

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi consideró que existen indicios suficientes para concluir que Nuñes Pinheiro no formó parte de una banda criminal junto a Ariel Zanchetta, el sargento retirado de la Policía Federal y agente inorgánico de la entonces Secretaría de Inteligencia (exSIDE), quien desarrolló tareas de espionaje ilegal desde 2014 y continúa detenido.

La defensa remarcó, además, que quedó probado en el expediente que Nuñes Pinheiro, quien continuará procesado por violación de secreto y privacidad y tentativa de estafa, jamás se comunicó con el espía Zanchetta, ni tampoco con el diputado nacional y ex funcionario de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Rodolfo Tailhade, o con Fabián “Conu” Rodríguez, el expresidente de Télam y exalto funcionario de la AFIP sospechado de ordenarle tareas de espionaje.

Por el contrario, recordó que Nuñes Pinheiro tenía 22 años cuando fue detenido y no tenía “conciencia de la gravedad de los hechos” en los que participó desde Misiones. Nuñes Pinheiro habría sido usado “como un simple ‘otario útil’ por los verdaderos delincuentes”, dijo la defensa, algunos de los cuales permanecen en las sombras, mientras que el hacker misionero acumuló más de nueve meses detenido y colaboró con la Justicia.

Nuñes Pinheiro relató cómo participó en las maniobras para tomar el control de teléfonos móviles o activar nuevas líneas a nombre de jueces y fiscales, pero aclaró que no recordaba si el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, era uno de sus “objetivos”.

Según argumentó el hacker devenido “arrepentido”, se abocó solo a tomar el control de los teléfonos que a través de un canal reservado de Telegram le ordenó de alguien que aparece identificado en el expediente por un seudónimo —“Juanxd”–, y cuyo verdadero nombre todavía se desconoce. Nuñes Pinheiro detalló que hackeaba los aparatos para, a continuación, dejarlos en manos de ese usuario misterioso.

“Todo se hacía sobre la marcha”, rememoró ante una pregunta del fiscal Stornelli, quien también dio su visto bueno para que Nuñes Pinheiro recupere su libertad. “La información de la persona me la pasaba ”, explicó, para luego detallar que cobraba entre 8000 y 15.000 pesos en criptomonedas por cada ataque, que ejecutó por medio del llamado SIM-swapping.

Oriundo de Eldorado, entre los objetivos de Nuñes Pinheiro figuraron los cuatro ministros de la Corte Suprema —Rosatti, Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda —, Mariano Borinsky y otro juez de la Casación Penal —Gustavo Hornos —, dos jueces de tribunales orales federales — Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu — y la jueza Skanata, entre otros.

Entre las víctimas también estuvieron el exministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, el diputado nacional y excandidato a gobernador bonaerense Diego Santilli. La Fiscalía sospecha que el listado completo de espiados superaría los 2100 políticos de distintos partidos, jueces y fiscales, entre otros. Entre ellos, el presidente Javier Milei y una hija del exmandatario Mauricio Macri, pero también el diputado nacional Máximo Kirchner y el jefe de la custodia de la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner, Diego Carbone.

Según reconstruyó LA NACION, Zanchetta recurrió a los métodos más tradicionales de los “plumas” para “caminar” a sus “objetivos”. Pero también apeló a cámaras ocultas y drones. Y a una docena de teléfonos celulares y a correos electrónicos con nombres falsos. Pero llegó más lejos que otros espías: utilizó un canal de conversación secreto y encriptado con nivel de seguridad militar para comunicarse con terceros y recurrió a una aplicación de uso restringido a gobiernos para infiltrar teléfonos.