A través del decreto 953/24, el Gobierno disolvió la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y creó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que se integra con la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas.

Todo aquello que suponga una racionalización de los recursos públicos y que conduzca a la progresiva reducción de la dotación del personal estatal debe ser bienvenido. Sin embargo, no puede dejar de recordarse que la eficacia en materia tributaria seguirá dependiendo en mayor medida de la simplificación de las normas tributarias y de la eliminación de impuestos, cuyo número alcanza en la Argentina niveles estrafalarios.

En tal sentido, debe tenerse presente un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que ha identificado un total de 155 tipos diferentes de tributos en todo el territorio nacional.

La AFIP se constituyó durante el segundo mandato de Carlos Menem (1995-1999), con Domingo Cavallo como ministro de Economía y Carlos Silvani como primer administrador federal.

En esa época, nuestro país atravesaba una profunda crisis económica, una creciente deuda externa y una profunda desigualdad social, además de registrar no pocos casos de corrupción pública, recordándose tanto los paradigmáticos escándalos asociados a la DGI y el Banco Nación en relación con IBM como el de la Aduana paralela, entre otros.

Como consecuencia de ello, se intervino la Administración Nacional de Aduanas y fue creada la AFIP como agencia única de recaudación, con la DGI y la Dirección General de Aduanas, con su nueva estructura, con el objetivo de reformar y eficientizar la administración tributaria y la recaudación fiscal. Pero a pesar de generar nuevos procedimientos y tecnologías, la Aduana no logró el propósito de una mayor eficiencia.

Las propias autoridades gubernamentales hicieron un claro diagnóstico de la situación actual de la AFIP, advirtiendo un importante sobredimensionamiento en su estructura organizacional y la multiplicación de sectores que no desempeñan estrictamente funciones esenciales.

Se ha concluido que la estructura y el funcionamiento de la AFIP ha mostrado serias limitaciones en la capacidad para responder de manera ágil y eficaz a las demandas del sistema tributario, afectándose así la administración de los recursos públicos y el control de las actividades aduaneras. Esta situación se verificó en los últimos años con los continuos conflictos generados por los aplicativos para la presentación de las declaraciones juradas y los múltiples problemas en la operatividad de la página web del organismo fiscal.

Ante tal situación, se dispuso la disolución de la AFIP con el objeto de eficientizar, en el nuevo organismo fiscal, los aspectos vinculados con la aplicación y fiscalización del régimen tributario.

El nuevo organismo fiscal, la ARCA, es un ente autárquico que depende del Ministerio de Economía, previéndose que contará con una estructura simplificada, lo cual contribuirá a optimizar su operatividad, garantizando mayor especialización y eficacia en la ejecución de sus funciones, evitándose la dispersión de recursos. También se persigue establecer sistemas de control y evaluación más precisos, mejorándose la transparencia y la rendición de cuentas.

La flamante ARCA queda a cargo de una dirección ejecutiva (Florencia Misrahi) designada por el Poder Ejecutivo, con un mandato de cuatro años, pudiendo ser designada por sucesivos períodos, siendo requisito ineludible el previo cumplimiento del plan de gestión del mandato anterior. En caso de producirse la vacancia del cargo de director ejecutivo antes del vencimiento de su mandato, la designación de su reemplazante se hará por el término que reste hasta la finalización de dicho período.

La directora ejecutiva de la ARCA estará secundada por un director general de la DGI (Andrés Vázquez) y un director general a cargo de Aduanas (José Andrés Velis), mientras que los subdirectores generales, cuyo número y competencia serán determinados por el Poder Ejecutivo, serán designados por la titular de la agencia.

La AFIP transfiere sus recursos, su personal y su patrimonio y presupuesto vigentes a la ARCA, que mantendrá las responsabilidades, competencias y funciones asignadas al ente hoy disuelto, hasta la publicación de las normas y la estructura orgánica y funcional, que será elevada por el titular del nuevo ente fiscal al PEN, dentro de los 60 días hábiles administrativos siguientes a la fecha de entrada en vigencia del decreto.

Como puede observarse, el marco que en su momento dio lugar a la creación de la AFIP no resulta totalmente distinto al actual, en el que se ha dispuesto la disolución del organismo.

No será posible augurarle éxitos al nuevo organismo fiscal mientras sigamos con el mismo sistema tributario, complejo, inequitativo y elevada presión fiscal, que alienta la economía informal y provoca un alto costo de cumplimiento para los contribuyentes.

A todo esto, debe agregarse la designación como director general de la DGI de un controvertido funcionario que, si bien cuenta con una prolongada actuación en el organismo, ha sido vinculado en el pasado a diversos hechos asociados a falta de transparencia.