Los abusos y sometimientos a los que pretendieron acostumbrarnos años de gestión kirchnerista podrían estar llegando a su fin, junto a la impunidad a la que se aferran sus cuadros más destacados, empezando por la expresidenta Cristina Kirchner. La reciente detención del exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri tras la decisión de la Cámara de Casación Penal de esa provincia, en la causa en la que fue condenado en 2022 a ocho años de prisión e inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos, resulta una alentadora señal en ese sentido.

La detención de Urribarri, capturado y trasladado a una cárcel de Paraná, fue ordenada en el contexto de una causa en la que la Justicia provincial consideró probado que el exmandatario entrerriano dispuso en forma ilegal de fondos públicos para financiar sus campañas electorales, además de llevar a cabo otras maniobras ilícitas a través de contratos de imprenta y publicidad. La condena fue impuesta en abril de 2022 y fue confirmada por la Casación de la provincia un año después, pero aún no está firme, puesto que Urribarri presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se revierta la sentencia en su contra.

El más reciente fallo de la Cámara de Casación, que dispuso el alojamiento del exgobernador en una unidad penal, se funda en el peligro de fuga, basado en sus “importantes vínculos”, de acuerdo con el voto de las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo. Las magistradas recordaron que Urribarri y otros coimputados actuaron “en total impunidad durante ocho años”, en los cuales recurrieron a “testaferros”, “destinaron el dinero público a fines personales, se sirvieron del aparato estatal y de las facultades legales y constitucionalmente asignadas, y también de las relaciones que entablaron durante el ejercicio de la función pública”.

Junto a Urribarri, fueron condenados su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y el exfuncionario legislativo Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador, a quien se acusó de uno de los delitos contra la administración pública por ser dueño de las imprentas a las que se derivaron los trabajos financiados con recursos públicos y ser considerado parte activa de la cartelización de empresas que posibilitó el desvío de fondos. Ambos fueron condenados a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Estaríamos, así, ante un nuevo caso de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, donde desde el gobierno de Urribarri se habría armado un esquema con direccionamiento de contrataciones y retornos, al tiempo que, confirmada su condena, mandó a sus adláteres a denunciar una persecución política. Una clásica maniobra del manual kirchnerista.

Este escándalo no es lamentablemente el único que ha debido soportar la sociedad entrerriana. No hace mucho, a requerimiento de la Justicia, la Legislatura provincial subió a su portal web los nombres y apellidos de quienes integran las nóminas de personal de planta permanente, junto a los contratos por servicios, obras y subsidios que desembarcaron en las cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, luego de un pedido de acceso a la información formulado por la ONG Entre Ríos sin Corrupción. Bajo el sugestivo título “Transparencia”, los listados difundidos revelaron turbias designaciones. Entre el cúmulo de nombres, se destaca la reiteración de apellidos como Urribarri. Tres de sus familiares directos figuran como contratados por el órgano legislativo provincial: uno de sus hijos, su cuñado y su sobrina. Los contactos del cuestionado exgobernador favorecieron también a su antiguo secretario privado, Sergio Cornejo, quien junto con su esposa y su hija, integra la planta permanente de la Cámara de Diputados.

El proceso de la causa judicial que involucra a Urribarri se caracterizó además por la injusta destitución de la fiscal anticorrupción de Entre Ríos Cecilia Goyeneche, quien valientemente inició la investigación que le valió al exmandatario provincial la condena. Según lo entendió el propio procurador general de la Nación, Eduardo Casal, se trató de “una grave violación al debido proceso”, por lo que este solicitó al máximo tribunal de la Nación que revoque el fallo a través del cual se destituyó a la fiscal.

Como en el final de tantos ejemplificadores cuentos, los buenos merecen ganar. Es de esperar que sean las propias instituciones las que empiecen a poner las cosas nuevamente en su lugar para que se devuelva a la ciudadanía la esperanza y que no triunfe, como tantas otras veces, la impunidad.