Todo parece indicar que, finalmente, Cristina Kirchner será la nueva presidenta del Partido Justicialista; esto es, de la misma agrupación política a la cual la exmandataria del Estado argentino se refirió peyorativamente más de una vez como “pejotismo”, caracterizándola como una etiqueta que la encapsulaba y la limitaba. Su repentino deseo de presidir esa estructura a la que siempre minimizó es un síntoma de su actual debilidad política.

Distintos analistas de opinión pública coinciden en que podríamos estar asistiendo al principio del proceso hacia el fin del predominio hegemónico del cristinismo sobre el peronismo.

La jueza federal con competencia electoral, María Servini, rechazó el pedido de Ricardo Quintela, quien quería competir con Cristina Kirchner por la presidencia del PJ, y convalidó la decisión de la junta electoral partidaria que impugnó la lista del gobernador riojano. De este modo, solo quedó en pie la nómina “Primero la Patria”, encabezada por la expresidenta de la Nación, quien sería así proclamada como líder del partido el próximo 17 de noviembre.

Que una figura para muchos impresentable, como la de Quintela, se haya animado a desafiar a Cristina Kirchner y que esta haya debido impugnar su candidatura, no deja de ser una señal de fragilidad de la exmandataria.. Es demostrativo de que, en el seno del peronismo, hay síntomas de hartazgo frente a quien tomó decisiones equivocadas como líder del kirchnerismo. En efecto, fue responsable de haber ungido como su compañero de fórmula en 2011 a Amado Boudou, quien terminó siendo el primer vicepresidente condenado por corrupción de la historia argentina. Cuatro años después, le sirvió en bandeja el triunfo al macrismo, al empecinarse en que Aníbal Fernández debía ser candidato a gobernador bonaerense; finalmente, en 2019, optó por Alberto Fernández para la presidencia de la Nación, con el resultado por todos conocido en términos de gestión

¿Por qué razones siente hoy la expresidenta de la Nación la necesidad de tomar las riendas de esa estructura que tradicionalmente consideró burocrática cuando siempre fue reacia a asumir roles partidarios? En primer lugar, porque, tras el malogrado gobierno de su delfín Alberto Fernández, que tanta decepción provocó en la sociedad y en el universo de votantes peronistas, Cristina Kirchner creyó necesario construir la oposición a Javier Milei y reedificar su liderazgo desde un lugar diferente, que no es otro que la presidencia del PJ. En segundo término, hay que entender que se trata de una reacción ante una serie de gestos de Axel Kicillof tendientes a diferenciarse y emanciparse de la conducción política de ella, que abarcaron reuniones del gobernador bonaerense con otros mandatarios provinciales y un nuevo discurso de este, abogando por dejar atrás las viejas partituras del kirchnerismo. Frente a lo que interpretó como un desafío de Kicillof, Cristina Kirchner resolvió tomar el control del partido para, desde allí, tratar de controlar el proceso político dentro del peronismo, para terminar con un triunfo de ella misma en la provincia de Buenos Aires.

Hay otra interpretación sobre el propósito de Cristina Kirchner de buscar el liderazgo formal del PJ. Radica en que, frente a la fuerte probabilidad de que la Cámara de Casación ratifique el 13 de noviembre su condena a seis años de prisión en la causa Vialidad, que en definitiva quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia, Cristina crea que, siendo ella la presidenta del principal partido opositor de la Argentina, pueda hallar una suerte de fuero partidario, de modo que si el máximo tribunal de la Nación llegara a fallar en su contra de aquí al año 2027, ella esté en situación de denunciar una supuesta maniobra de proscripción que no le permitiría competir electoralmente a la principal figura opositora del país.

Esto lleva a la hipótesis de que Cristina Kirchner podría querer ser candidata presidencial dentro de tres años, como lo desearía Kicillof. Podría ser un caso equiparable al de Lula, que buscó con éxito volver a la primera magistratura de Brasil después de haber sido condenado por la Justicia. Pero si no se le llegaran a dar las condiciones para ser candidata presidencial, por falta de competitividad, manteniendo esa aspiración podría eventualmente negociar el acceso de Kicillof a la postulación presidencial preservando la provincia de Buenos Aires para su propio espacio político y, probablemente, con su hijo Máximo Kirchner -hoy enfrentado con el mandatario bonaerense- como candidato a la gobernación.

En síntesis, podría decirse que estamos ante una jugada un tanto desesperada de Cristina Kirchner por cobrar mayor protagonismo decisorio frente a la doble amenaza que suponen tanto el desafío de Kicillof por emanciparse de ella como de la posibilidad de que la Justicia la condene definitivamente y ordene su detención.

Se trata de una jugada que Milei festeja íntimamente. Precisamente porque Cristina Kirchner es la figura antagónica ideal para él. Si hay una figura en todo el espectro opositor que ayuda al Presidente a ahuyentar votos de otros sectores hacia él, esa es Cristina. Es ella quien genera casi unánime rechazo entre el 55,6% de votantes que en el balotaje del 19 de noviembre de 2023 se inclinaron en favor de Milei, como sostiene el director de la consultora Synopsis, Lucas Romero. Y si en ese segmento de electores pueden existir hoy fisuras porque a muchos podría desagradarle el estilo agresivo o el sesgo autoritario del primer mandatario, quien puede reunificar a esa mayoría de votantes en torno del líder de La Libertad Avanza es Cristina Kirchner. Ninguno de ellos va a preferir a la exjefa del Estado por sobre Milei, quien buscará recrear la situación de aquella segunda vuelta electoral, poniéndola a Cristina enfrente y polarizando a la opinión pública del mismo modo que logró hacerlo en las últimas elecciones.

La paradoja a la que, sin embargo, ha quedado expuesto el gobierno de Milei es que, al tiempo que parece estar ganando la batalla cultural contra la casta política, está también negociando con esa casta -incluida la propia Cristina Kirchner- para imponer cambios en la Corte Suprema. Algo con lo que el Gobierno buscaría alcanzar una mayoría automática en el máximo tribunal, al mejor estilo de Carlos Menem en los años 90.