GOYA, Corrientes (enviado especial).- Pasados 19 días desde que Loan Danilo Peña, el niño de cinco años que desapareció, el 13 de junio pasado, en un campo en El Algarrobal tras un almuerzo en la casa de su abuela, las miradas están puestas y la presión crece sobre la jueza y el fiscal federal de esta ciudad que están al frente de la investigación hace una semana.

Tanto querellantes como defensores de los seis detenidos y el Poder Ejecutivo provincial y nacional buscan que los funcionarios judiciales avancen con medidas concretas contra algunos sospechosos. Pero eso dependerá de las pruebas. Los peritos de parte fueron convocados para este jueves 4, a las 9, a fines de verificar el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados; también se hará para la apertura de los sobres que conservan los rastros presuntamente hemáticos y los cabellos secuestrados en la camioneta de dos de los principales acusados del caso, que, por ahora, no tiene un hipótesis firme que guíe la investigación.

“Antes de avanzar con detenciones, indagatorias o testimoniales, la jueza quiere tener todas las pruebas constitucionalmente valorables, para arrancar el siguiente paso”, según dijeron fuentes judiciales a LA NACION para explicar la decisión de la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, de no avalar el pedido de detención de Laudelina Peña que hicieron el domingo el fiscal federal de Goya, Mariano De Guzmán, y sus colegas Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

Lo que estaría buscando la magistrada es evitar planteos de nulidades ante los próximos pasos, en especial, a raíz de la intromisión de la justicia provincial al momento de tomarle la denuncia a la tía de Loan. “Es una mujer muy prolija; incluso, hasta que no digitalizó todo el expediente no le envió al fiscal de Guzmán el archivo físico para evitar que cualquier prueba o documento se perdiera en el camino de seis cuadras que hay entre el juzgado y la fiscalía”, ejemplificaron.

Para avanzar con estas medidas sin tener trabas –incluso con la imputación y eventual detención de Laudelina Peña, que dijo haber “plantado” un botín de Loan en medio del campo para desviar la pesquisa–, Pozzer Penzo decretó el secreto de sumario por 10 días hábiles, que recién vencerán la próxima semana. Esa ventana de dos semanas calendario les permiten a ella y a De Guzmán poder sumar pruebas sin que su sentido o contenido se filtre públicamente.

Por este motivo, ayer generó enojo tanto en el juzgado como en la fiscalía que se diera a conocer el resultado preliminar del peritaje sobre la camioneta Ford Ranger blanca que utilizaron Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillava para ir al almuerzo en la casa de Catalina Peña y que, según denunció Laudelina, fue con la que atropellaron a Loan y donde luego cargaron el cuerpo del niño y se lo llevaron.

“Hay un secreto de sumario vigente y que trascienda el trabajo de los peritos puede conspirar contra la verdad”, sumaron en el mismo sentido del juzgado, fuentes cercanas a la fiscalía que lleva adelante la instrucción de la causa.

Por otra parte, LA NACION también pudo saber que De Guzmán pidió a la jueza autorización para poner una custodia permanente a Laudelina Peña a raíz de los incidentes que hubo la noche del domingo en el hotel de la capital provincial en el que la tía de Loan se había alojado tras su explosiva declaración.

En tanto, esta mañana, a través de la Resolución 565/2024, el Ministerio de Seguridad Nacional oficializó la creación del “Comando Unificado Corrientes” que tendrá como finalidad la búsqueda de Loan Danilo Peña, que nació el 8 de mayo de 2029 y fue visto por última vez, pasadas las 14.30, el 13 de junio.

El nuevo Comando Unificado lo conformarán las principales fuerzas federales y su brazo político: la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Seguridad, la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Quien será la cabeza que coordinará el trabajo de todas las fuerzas es el titular de la PFA, el comisario general Luis Rolle, quien tiene la potestad de delegar el manejo del comando unificado en otro funcionario de las fuerzas federales.

La causa fue reclasificada y girada al fuero federal la semana pasada, para que se investigue como un posible caso de “sustracción de menores con fines de trata” y se dispuso que permanecieran detenidos los seis imputados: Antonio Bernardino Benítez, Mónica del Carmen Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez, Walter Maciel, María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez.