BOGOTÁ.– Ganaron las miles de víctimas y los defensores de derechos humanos; perdió por goleada la revolución bolivariana. Los jueces de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmaron este viernes, por unanimidad, la sentencia de junio del año pasado que permite a Karim Khan, fiscal de La Haya, proseguir la investigación contra Nicolás Maduro, sus generales y colaboradores por crímenes de lesa humanidad.

La apelación contra la decisión previa de la Sala de Cuestiones Preliminares planteada por el equipo de abogados estrella contratados por el chavismo fue desestimada con contundencia, punto por punto, argumento por argumento, del uno al sexto. La investigación del fiscal Khan incluye ejecuciones extrasumariales, torturas, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, crímenes que no han dejado de cometerse en la Venezuela de Nicolás Maduro.

“No solo han ratificado la decisión de continuar la investigación, también confirman la falta de voluntad de la Justicia nacional de investigar”, reaccionó el abogado y defensor de derechos humanos Joel García. La decisión no se puede recurrir a ninguna otra instancia y faculta a los fiscales para que eleven a los jueces citaciones para declarar, incluso órdenes de arresto.

El magistrado Marc Perrin de Brichambaut se encargó de hacer pública la decisión unánime que desestimó la defensa bolivariana, que intentó dilatar al máximo el proceso judicial con una de sus estrategias más conocidas: aportar miles de documentos para embrollar a los jueces. “La Sala de Apelaciones no encuentra error alguno en las conclusiones de la Sala de Cuestiones Preliminares. No existen expectativas en esta fase de procedimiento de que el fiscal tenga que notificar los actos que pretenda investigar”, argumentó Perrin.

Desde que en 2018 se dieron los primeros pasos para llevar justicia a las miles de víctimas del chavismo, los defensores de derechos humanos tenían claro que sin la intervención de los organismos internacionales no habría justicia, algo que ha vuelto a quedar patente con la decisión de la CPI.

“Aplaudimos esta decisión contra crímenes cometidos por la dictadura de Maduro y reconocemos su relevancia ante una nueva ola de persecución hacia personas defensoras de derechos humanos en Venezuela y el cierre del espacio cívico”, ratificaron Provea y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), que agrupa a 188 ONG.

La sociedad civil venezolana sufre en estos días la última embestida de la bautizada por Maduro como “furia bolivariana”, que ha provocado el encarcelamiento de la activista Rocío San Miguel, acusada de terrorismo, conspiración y traición a la patria. Muy cerca de cumplir mil días en prisión también se encuentra Javier Tarazona, otro reconocido activista de derechos humanos. En paralelo, el chavismo ultima una legislación antisociedad civil, que copia gran parte de la puesta en marcha por el sandinismo en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega ha clausurado o expulsado del país a más de 3500 ONG.

“Esta es una derrota del régimen que buscaba retrasar la investigación. No pudo lograrlo. Hablamos de crímenes de lesa humanidad porque se trata de un plan sistemático ordenado por la cabeza y ejecutado por cuadros altos, medios y bajos. La cadena de mando bien descrita por la Misión Independiente de las Naciones Unidas. No es un ‘mal gobierno’, es una tiranía criminal”, precisó el politólogo Walter Molina Galdi.

Colombia, Perú, Chile, Paraguay y la Argentina, con el añadido posterior de Francia y Canadá, presentaron en 2018 la denuncia contra las violaciones de derechos humanos. Tres años más tarde, la entonces fiscal Fátima Bensouda confirmó que había motivos razonables para la investigación. Son casi 9000 las víctimas acreditadas por crímenes contra la humanidad.

La revolución bolivariana reaccionó con su estridencia habitual, haciendo hincapié en que la CPI pretende ocultar “la verdad de Venezuela” en un “caso evidente de instrumentalización política contra el país”, en palabras de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez. “Venezuela revertirá esta decisión y hará valer la verdad por todos los medios a su alcance”, añadió.

Maduro recibió el golpe de la CPI cuando aterrizaba en la isla caribeña de San Vicente y las Granadinas, donde se celebró este viernes la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac). Y lo hizo con el respaldo de sus aliados izquierdistas de la región, que no han censurado la represión impuesta en Venezuela de cara a las elecciones presidenciales de este año.