La caza y captura de animales silvestres es una práctica tan triste como ampliamente instalada en nuestra geografía. En las últimas semanas, hemos asistido a un desfile de indignantes noticias que no dejan de sorprender. Desde un yaguareté ultimado en la provincia de Formosa y centenares de patos muertos en la provincia de Santa Fe, hasta ñandúes en una reserva nacional en Córdoba o tucanes en la provincia de Misiones, por citar solo algunos ejemplos.

Si bien los objetivos y magnitud difieren en cada caso, la ilegalidad los vincula y muestra cómo la naturaleza es diezmada directamente a mano de irresponsables cazadores de animales silvestres. Incursiones en campos y propiedades ajenas, cuatrerismo, saqueos e intimidaciones se suman a la autorización expresa de productores agropecuarios para erradicar especies que se consideran plaga para las siembras en varias provincias.

Particular repercusión tuvo la cacería “recreativa” de patos en la localidad santafesina de San Javier, por la masacre de cientos de animales a manos de visitantes extranjeros. Amén de las cuestiones éticas que pueden esgrimirse, el amparo legal de la actividad justamente implica cumplimiento estricto de la normativa, tal como ocurre en los países de donde precisamente provienen los cazadores. Especies permitidas, cantidades autorizadas y temporadas habilitadas se presentan como una trilogía ineludible para los amantes de la caza y quienes les prestan servicios. La habilitación de los establecimientos y las licencias de los cazadores también deben ser observadas.

Pero aun respetando todas las premisas, es clave estar al tanto del estado poblacional de las especies autorizadas, porque habitualmente prima el desconocimiento y los cupos anuales por especie se establecen a ciegas o en función de pálpitos de escritorio. En las fotos que fueron publicadas por diferentes canales, se exhibían tanto especies cuya caza no está autorizada como algunas que no debieran estarlo, porque en otras latitudes están en riesgo de extinción.

Otro aspecto no menos importante es el que involucra las técnicas y artes de caza. Habitualmente los cazadores y sus guías utilizan municiones de plomo, potente fuente de contaminación ambiental con probado efecto residual en el medio, especialmente en ambientes acuáticos. Esta situación afecta tanto las cadenas tróficas animales como a los seres humanos que ingieren las presas obtenidas. Hay en el mercado opciones de municiones menos dañinas, como acero, zinc y cobre, cuyo uso exclusivo debería exigirse a cazadores.

Si bien tanto en este como en los otros casos mencionados, las autoridades tuvieron una actuación rápida y valorable, para supervisar la actividad cinegética en general es imperioso un mayor control oficial promoviendo mayor número y fortalecimiento de guardaparques, guardafaunas honorarios y policías ambientales. Promover el monitoreo ciudadano que facilite las denuncias y alertas tempranas ante estas situaciones es clave. Y en la caza de patos y palomas urge profundizar los estudios poblacionales para que las políticas públicas vayan en sintonía con la realidad del territorio, porque la caza de animales silvestres tiene pasivos ambientales que están atentando seriamente contra el futuro de nuestra biodiversidad.