En medio del debate por el recorte presupuestario a las universidades públicas, el presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, apuntó al Congreso como responsable de que en los últimos 10 años solo se realizara un único control en la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la Facultad de Psicología más específicamente. “Los planes de auditoría los aprueba la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Parlamento nacional, integrada por diputados y senadores. Son ellos quienes lo determinan”, explicó el funcionario y dijo que “habría que pedirles” que lo hagan.

Durante una entrevista en radio Mitre, Olmos fue consultado sobre los motivos que consideran están detrás de que no haya habido más auditorías desde entonces; asimismo le consultaron si hubo algún tipo de “arreglo”. “No, yo no creo que esté arreglado. Usted sabe cómo es el sistema de auditoría”, contestó el titular del organismo.

“En este momento se están iniciando auditorías en las universidades de Jujuy, Formosa, Córdoba, Salta, Nordeste y La Plata”, agregó el funcionario, vicejefe de Gabinete durante el gobierno de Alberto Fernández. “En la UBA, particularmente, al ser la universidad más grande, es la que más presupuesto lleva. Habría que pedirle a la comisión que ingrese un plan de auditoría integral sobre la Universidad de Buenos Aires si es que el objetivo es auditarla”, prosiguió Olmos.

Tras ello el referente de la AGN explicó que al ser la UBA un ente público no estatal no es parte del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, no podría auditarlo a través de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Añadió que esa universidad “tiene auditorías internas permanentes que son concomitantes”, que se desarrollan mientras está la gestión. “A esas auditorías es a las que se refieren las autoridades universitarias, en decir, estamos siendo auditados”, aclaró.

En lo que respecta al control externo, Olmos indicó que se trata de un muestreo que realiza el Congreso de la Nación a través de su órgano técnico, que es la AGN, “donde se determinan cuáles son los aspectos del gasto presupuestario que se va a auditar”.

“No creo que haya ninguna situación, digamos, política porque, le vuelvo a decir, Jujuy, Formosa, Córdoba están programadas y aprobadas por el Congreso para auditar”, resaltó Olmos desechando la idea de que pueda haber algún tipo de interés por el cual los legisladores no ordenan la auditoría externa de la UBA. El funcionario dijo que esa institución educativa requeriría un equipo especial de control por el volumen que tiene. “No sabría decir por qué el Congreso no la determinó, pero sería una buena propuesta”, reflexionó.

Para Olmos, en el caso del debate por la educación pública el eje del cuestionamiento no está en si se hacen o no controles “porque las universidades se auditan”. “El problema es el ajuste que se está haciendo sobre las cuentas que pondría en riesgo la supervivencia de determinadas actividades educativas”, opinó el funcionario de la AGN. “¿Por qué se cuestiona al Estado? Bueno, evidentemente porque hay cosas que están funcionando ineficazmente y eso legitima ponerlo en cuestionamiento”, agregó.

Al ser consultado sobre el desfinanciamiento que tuvo la UBA durante el gobierno de Alberto Fernández, Olmos interpeló: “En alguno de esos cuatro años, pandemia de por medio, ¿escuchó a algún decano decir que va a tener que apagar la luz de las facultades porque no puede dictar clases? No, hoy lo están diciendo. Entonces no es comparable una situación con la otra”.

“Hay un ajuste programado del Estado que alcanza a todos los ámbitos, incluida la educación pública. En el Hospital de Clínicas en junio, julio, con este presupuesto, tienen que dejar de hacer operaciones, intervenciones quirúrgicas. ¿A usted le parece que es una situación comparable? No lo es. La Constitución dice que el Estado tiene que garantizar el funcionamiento de la educación pública estatal, porque la educación siempre es pública. En primer lugar, la educación estatal. Entonces, de lo que estamos hablando, lo que estamos discutiendo, es poder brindar educación pública”, prosiguió Olmos.

“El Congreso de la Nación dispone de una auditoría de la UBA y la Auditoría General de la Nación va a cumplir su rol y lo va a auditar. Pero no desviemos la discusión. Lo que está en discusión es si el ajuste tiene la profundidad como para que se dejen de brindar los servicios de la educación pública”, marcó el funcionario.

Luego enfatizó: “Lo que estamos discutiendo en este momento es que los recursos que necesita la universidad van a estar garantizados de acuerdo a lo que dice la constitución, pero los tiene que garantizar el Estado”.

“¿Están garantizados? Esta es la discusión. Si lo van a estar o no. Hagamos también una auditoría a ver si realmente tiene los recursos que necesita. Si son más o si son menos. Pero discutamos técnicamente lo que significa financiar la educación pública, que es un mandato constitucional, no es un antojo de los que fueron a la marcha”, apuntó.

Al término de la entrevista el funcionario de la AGN criticó la gestión de Javier Milei. “Creo que está realizando un ajuste del gasto público sin mirar qué es lo que está recortando. Sin hacer una priorización de qué gasto puede ser suprimido y cuál no. Y entonces, en esa brutalidad hace un desparramo que afecta a todos los sectores. A la educación pública, en este caso; a las universidades nacionales también les tocó”.