En California, los inquilinos pueden ser desalojados por falta de pago, incluso si consiguen el dinero para saldar su deuda. Así fue el caso de Bradford Berger y su esposa, quienes enfrentaron la posibilidad de perder su hogar en San Francisco a pesar de contar con la asistencia de un programa de ayuda para abonar el alquiler. Esta situación no es excepcional: la ley estatal permite que los propietarios rechacen dinero atrasado y procedan con la expulsión de la vivienda. Actualmente, una propuesta legislativa busca cambiar esta normativa.

Un problema en aumento en California: falta de pago, demora en la ayuda y desalojos

Bradford Berger y su esposa vivieron durante 15 años en un departamento subsidiado en el barrio Tenderloin de San Francisco. En marzo, mientras ella atravesaba un tratamiento contra el linfoma, la pareja recibió una notificación de desalojo por falta de pago. A pesar de haber accedido a un programa de asistencia para cubrir la deuda, su arrendador, una organización sin fines de lucro de viviendas asequibles, rechazó el dinero y mantuvo la orden para sacarlos de la vivienda.

Los desalojos por falta de pago aumentaron significativamente tras el fin de la moratoria implementada durante la pandemia de COVID-19, según informaron desde el medio Cal Matters.

En Los Ángeles, entre febrero de 2023 y noviembre de 2024, el 94% de las 166.463 notificaciones de desalojo fue por falta de pago, según la oficina del contralor de la ciudad.En el condado de San Mateo, un estudio de la Universidad de Stanford reveló que más del 85% de los casos de desalojo en 2023 se debió a retrasos en el alquiler.

Los especialistas indicaron que la falta de datos estatales sobre las causas de los desalojos dificulta comprender la magnitud exacta del problema, ya que los registros judiciales suelen estar sellados y muchas negociaciones se llevan a cabo fuera de los tribunales.

Los programas de asistencia para el pago de alquiler intentaron mitigar la crisis, pero los retrasos en la entrega de los fondos complican su efectividad. En promedio, según el San Francisco Eviction Defense Collaborative, pueden pasar tres meses desde que un inquilino solicita la ayuda hasta que el dinero llega al propietario. Durante ese tiempo, los dueños pueden optar por continuar con el desalojo.

Plazos y obstáculos para los inquilinos con orden de desalojo en California

La legislación actual otorga a los inquilinos un margen muy reducido para reaccionar ante una orden de desalojo por falta de pago:

Una vez que el propietario emite la notificación, los inquilinos tienen solo tres días hábiles para saldar la deuda o enfrentar la acción legal.Si el proceso de desalojo avanza, el propietario no está obligado a aceptar el dinero adeudado, incluso si el inquilino consigue reunirlo antes de ser removido de la vivienda.En algunos casos, los inquilinos pueden solicitar un aplazamiento judicial si demuestran dificultades económicas, pero no siempre se les concede.

Los defensores de los inquilinos sostienen que esta normativa permite a los arrendadores elegir arbitrariamente a quién aceptar el pago. Juliet Brodie, directora de la Stanford Community Law Clinic, alertó al medio citado que este margen de decisión puede generar discriminación basada en factores como la raza o una discapacidad.

¿Se puede dar una reforma que favorezca a los inquilinos?

Un proyecto de ley en discusión en la Legislatura de California busca evitar estos desalojos. La propuesta impediría que un tribunal apruebe una expulsión de hogar por falta de pago si el inquilino logra cubrir toda su deuda antes de ser removido de la casa. Por otro lado, si la persona obtiene la aprobación de un programa de asistencia que cubra el monto en rojo, el caso también sería desestimado.

La senadora Aisha Wahab, autora del proyecto, argumentó que si un inquilino logra recuperar los fondos para pagar, la orden de desalojo debería cancelarse. La iniciativa cuenta con el respaldo de organizaciones como Public Advocates, Tenants Together y Western Center on Law and Poverty.

Sin embargo, la Asociación de Apartamentos de California, que representa a propietarios, se opone a la medida, según explicaron desde Cal Matters. En específico, argumenta que los inquilinos ya pueden solicitar prórrogas en casos de dificultades financieras y considera que la propuesta legislativa debilita la protección de los contratos de arrendamiento. Además, algunos propietarios sostienen que la norma podría fomentar la falta de pago deliberado.