Esta semana la Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley de Juicio en Ausencia que presentamos desde el Ministerio de Justicia. Esta ley permitirá que el juicio avance cuando los criminales que cometen un delito gravísimo no se presentan al juicio y permanecen prófugos. Puede aplicarse en casos como el atentado terrorista a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Bajo el mandato del presidente Javier Milei, nuestra gestión está centrada en darle a la Justicia las herramientas para que pueda juzgar y condenar a los delincuentes, incluso si no se presentan al juicio.

Han transcurrido 32 años desde el ataque a la embajada del Estado de Israel y 30 años desde aquel que tuvo lugar en la sede de la AMIA. En ambos casos, los procesos continúan abiertos, no avanzan y sus responsables permanecen impunes. Nunca enfrentaron un juicio.

La impunidad de estos delitos rompe la credibilidad de los ciudadanos en la Justicia. Como Gobierno, tenemos el mandato de sanear y reconstruir la confianza en las instituciones. Por lo tanto, la implementación del Juicio en Ausencia es un paso más en este camino.

Se trata de una figura extendida en el derecho comparado. Se aplica en países como Italia, Alemania, España, Francia y Austria. Además, la Cámara Federal de Casación Penal el año pasado exhortó a los otros poderes del Estado a evaluar la factibilidad de una reforma legislativa que incorporara el juicio en ausencia en la legislación procesal argentina. Señalaron que esta innovación permitiría garantizar el derecho a la verdad y reivindicar el acceso a la justicia de las víctimas del terrorismo.

Esta modalidad garantiza un juicio justo, que defiende los derechos y garantías procesales de ambas partes. Se aplica si el imputado rebelde no se presenta, pese a que conoce la existencia del proceso, o si elude los requerimientos de la autoridad judicial. También se contempla cuando el Estado lleva a cabo intentos razonables para lograr que la persona requerida se presente ante los Tribunales argentinos y no lo hace. En estos supuestos, el juez resuelve la continuación del juicio en ausencia del imputado, y la notifica a su defensor, a sus familiares o allegados que se identifiquen. A partir de allí, los derechos del imputado son ejercidos por el abogado que designó antes de profugarse o por el defensor oficial nombrado por el juez.

Además, todos los testimonios, pruebas y evidencias del juicio son grabados y deben guardarse por cien años. Una vez capturado, el condenado en ausencia cuenta con un recurso de revisión contra la sentencia, en el que podrá desarrollar su versión de los hechos y ofrecer pruebas. De esta manera, nuestra iniciativa garantiza absolutamente su derecho de defensa.

La eficacia de esta medida se complementa con la implementación del sistema acusatorio, que ya implementamos en 12 provincias (la mitad del país), y permitió dictar sentencias por narcotráfico en 48 horas que antes tardaban años. A su vez, impulsamos la baja de edad de imputabilidad, porque quien tenga la audacia de empuñar un arma y arrebatar una vida, debe enfrentar las consecuencias y cumplir una condena en prisión. En igual sentido, implementamos el juicio por jurados que permite a los ciudadanos ser parte del jurado para garantizar una justicia imparcial.

También presentamos la Ley de Reiterancia que termina con la puerta giratoria. Establece que quien cometa un delito y tenga un proceso penal previo, quedará preso durante el juicio. Y los procesos penales son un agravante para la sentencia. El asesino de Lucas Aguilar, el repartidor de Rappi que fue asesinado hace pocos días en Moreno, tenía 9 antecedentes penales y estaba libre. Con esta ley, hubiese estado preso.

El mandato que le dio la sociedad al presidente Milei es claro. Esperamos que los senadores tomen conciencia de lo que está sufriendo la gente y acompañen las leyes que presentamos.

Ministro de Justicia de la Nación