El juez federal Ariel Lijo, propuesto por el Gobierno para ocupara una silla en la Corte Suprema de Justicia, tiene en su juzgado expedientes de corrupción con atrasos significativos, entre los que se destacan al menos 13 causas con más de 10 años de antigüedad que involucran a exfuncionario del menemismo, del kirchnerismo y a empresarios, según en relevamiento que realizó la ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Según datos que la ONG tomó del Centro de Información Judicial (CIJ), Lijo tuvo a lo largo de sus 19 años como juez federal titular un total de 89 causas de corrupción. Casi un tercio de estos expedientes (26) continúa en etapa de instrucción –la fase liminar de cualquier proceso de investigación– y la mitad de ellas permanece en este estado hace 10 años o más.

El caso más explosivo de esa lista, aunque no el más antiguo, es el expediente CFP 3518 del año 2006. Es la causa por el vaciamiento y expropiación de YPF. En la carátula aparecen los delitos de infracción de la Ley 22.415 (Código Aduanero), incumplimiento de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y defraudación contra la administración pública.

La Cámara Federal dijo que se investiga la presunta ausencia de control estatal sobre la información técnica que están obligadas a proporcionar las empresas petroleras. Esto habría dado lugar a una posible manipulación de datos sobre el nivel de reservas, lo que se habría traducido en una pérdida de importantes volúmenes anuales de gas y petróleo para el país.

En particular, el objeto procesal se encuentra ahora enmarcado en la investigación de una posible administración fraudulenta por parte de los directivos de la firma Repsol YPF y representantes del Estado ante el directorio, en virtud de maniobras de vaciamiento mediante descapitalización e incumplimiento de deberes de funcionario público por parte de funcionarios del Estado.

Entre los denunciantes figuran Elisa Carrió, Mario Alejandro Cafiero, Alejandra Dibo y Carlos Stornelli, y son querellantes YPF SA y la Oficina Anticorrupción.

Carrió informó que hubo sucesivas ampliaciones de prueba, en las que se fueron incorporando acusados: Amado Boudou, Julio de Vido, los hermanos Eskenazi –que ingresaron como accionistas a la compañía de la mano del kirchnerismo–, Axel Kicillof, Carlos Zannini y las compañías Repsol YPF e YPF SA, entre otros. Hasta el momento, ninguno de los denunciados ha sido procesado ni sobreseído.

El expediente que investiga el rol de la familia Eskenazi en la compra de la empresa YPF sobresale como caso paradigmático: según otra entidad, la Inecip, hace 16 años que no muestra avances. “Recién en septiembre del año pasado envió un exhorto a la justicia de España para averiguar si el grupo Eskenazi se había quedado con algún derecho litigioso en la quiebra de sus subsidiarias que poseían el 25 por ciento de las acciones de YPF-Repsol”, se lee en el trabajo de la Inecip, publicado en julio, que catalogó a Lijo como el juez con el “peor desempeño de Comodoro Py” y el que registra mayores demoras en casos de corrupción.

En cambio, y con otros tiempos, en el juicio por la expropiación de YPF realizada en 2012, la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ya condenó a la Argentina a pagar indemnizaciones por US$16.000 millones a los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron el derecho a litigar a los accionistas de la petrolera en el momento de la estatización. Quienes cuestionan al candidato de Milei a la Corte le endilgan no haber avanzado sobre cómo estos accionistas ingresaron a la petrolera durante el kirchnerismo y le pasan la factura por los US$16.000 millones.

Otro expediente resonante lleva el número CFP 2645/1998. Es decir, fue iniciada hace 26 años. Corresponde al Caso Siemens, en donde se investigan irregularidades en la licitación 1/96 del gobierno nacional para la “Contratación de un Servicio Integral para la Implantación y Operación de un Sistema de Control Migratorio y de Identificación de las Personas”, conocido como Proyecto DNI.

En el caso se denunció el pago dirigido a funcionarios públicos por parte de Siemens con el fin de obtener la licitación. En 2013, Lijo procesó a 17 imputados: nueve de ellos pertenecían al Grupo Siemens, tres actuaron como intermediarios del dinero destinado a los funcionarios estatales y cinco eran miembros de la empresa competidora en la licitación, que fue incluida en el proyecto a cambio de no impugnar la decisión estatal de contratar a Siemens.

Pero aún continúa abierta la investigación sobre la culpabilidad de los funcionarios públicos, entre quienes se encuentran imputados el expresidente Carlos Menem (ya fallecido), y su ministro del Interior, Carlos Corach.

Otro expediente antiguo y que involucra a la política es la causa iniciada en 2007 contra Edmundo Ruckauf, expresidente de la Obra Social para el Personal del Ministerio de Economía (OSME) y primo del exgobernador de Buenos Aires Carlos Ruckauf. El acusado fue procesado por administración infiel y fraude en perjuicio de la administración pública.

El juez entendió que la obra social falsificaba expedientes que luego eran presentados en la Administración de Programas Especiales (APE) con el fin de recibir subsidios para la compra de medicamentos destinados a afiliados que no padecían las enfermedades que se describían. Hay 11 imputados, un procesado sin prisión preventiva y un sobreseído.

En la lista de expedientes longevos se encuentran también un caso contra Menem, de 1998, donde el expresidente fue denunciado por fraude por Jorge Estrada; una causa de 2012, por encubrimiento y enriquecimiento ilícito, contra Amado Boudou, actualmente con confirmación de la Cámara Federal del procesamiento; un caso por violación al Código Aduanero y fraude al Estado sin imputados identificados; otra causa por malversación de caudales, que lleva en la carátula a Miguel Ángel Paniagua.

Asimismo, hay un caso de 2012, elevado a juicio en 2022, contra Norberto Berner, que era secretario de Comunicaciones del gobierno de Cristina Kirchner. El querellante es el Grupo Clarín.

En el juzgado de Lijo se tramita otra causa desde hace diez años contra Florencio Randazzo, exministro de Transporte y actual diputado nacional, por defraudación y abuso de autoridad.

También hay una denuncia de 2014 contra Boudou por malversación de caudales, exacciones ilegales, violación de deberes y abuso de autoridad; y otro caso del mismo año contra la extitular de la Casa de la Moneda Katya Daura, que en parte ya fue elevada a juicio y juzgada, pero que parte del expediente sigue abierto en el juzgado.

Otro exministro kirchnerista tiene una causa abierta en el despacho de Lijo. Se trata de un caso por nombramientos ilegales y estafa contra el exministro de Trabajo Carlos Tomada, con un sobreseimiento dictado en 2018, pero que sigue abierta en el juzgado. Similar es la situación del exfuncionario de la Anses y actual intendente de Montecarlo, Misiones, Julio César Barreto. Investigado por fraude, cuenta con un sobreseimiento a su favor, pero el expediente sigue abierto en el despacho del candidato de Milei para el máximo tribunal.

El miércoles pasado, Lijo enfrentó cuestionamientos de algunos senadores (los radicales Carolina Losada, Pablo Blanco y Eduardo Vischi, la macrista Carmen Álvarez Rivero y el oficialista Francisco Paoltroni) por la demora en tramitar causas de corrupción. Le señalaron el mote de “tiempista” con el que se lo cataloga, en alusión a la falta de cierre de las causas que involucran a funcionarios y políticos, que no son condenados, pero tampoco sobreseídos y se mantienen bajo acusación.

Para contestar, el juez federal se excusó detrás de la “rigidez” de los procesos judiciales. “En criminalidad trasnacional, los períodos de demora, de exhortos y de pedidos de información son fenomenales. Los tiempos promedio de respuesta de un exhorto internacional son de seis meses, y es incompatible con los resultados este tipo de esquema de investigación, que son rígidos”, afirmó Lijo.

A su vez, habló del “sesgo” de las estadísticas, que, según su criterio, no tienen en cuenta todo el derrotero de un expediente. “Están basados en el universo de casos que se escogieron para auditar y no en la totalidad. Y tienen ese sesgo que evalúan las empezadas versus las concluidas. No tienen en cuenta las sucesivas denuncias en esos expedientes que están tramitando y que generan un límite respecto de la información que yo puedo brindar porque son causas en trámite”, consideró. Y remató: “El juez de primera instancia es el más controlado”.