El fiscal federal Marcelo Rapoport solicitó la detención y el llamado a declaración indagatoria de diez militares acusados de haber cometido tormentos contra tres soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas de 1982. El requerimiento se suma a la causa general iniciada en 2006 en los tribunales federales de Tierra del Fuego en la que se investiga a un centenar de autoridades militares por haber cometido presuntos delitos calificados como crímenes de lesa humanidad.

Los imputados pertenecían a la Brigada de Infantería III y al Regimiento de Infantería 4, y ocupaban posiciones de mando, tanto en los niveles jerárquicos superiores como en los subordinados. Según la descripción que realiza el fiscal en el requerimiento, las torturas aplicadas no fueron hechos aislados, sino parte de una práctica generalizada que tenía como objetivo “controlar” a la tropa ante la escasez de víveres y abrigo. La falta deliberada de alimentos fue, según el fiscal, una de las causas de la muerte de varios soldados.

La causa por torturas en Malvinas se inició en 2006, por una denuncia presentada por un exsoldado ante la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y luego ante el Ministerio Público Fiscal (MPF). A esta denuncia inicial, se sumó una investigación iniciada por el exsecretario de Derechos Humanos de Corrientes Pablo Vassel, quien reunió los testimonios de 22 excombatientes correntinos, a los que luego se sumaron de diversos puntos del país, voces que describieron los tormentos padecidos a mano de sus superiores durante su participación en el conflicto bélico. Hasta aquí la causa cuenta con un centenar de denunciados y cerca de 200 personas entre quienes denunciaron o prestaron su testimonio.

“Este nuevo requerimiento sostiene lo que venimos diciendo hace 42 años. Todavía falta reafirmar el proceso de Memoria Verdad y Justicia que no ha llegado a atender los hechos ocurridos en Malvinas y transcurrido tanto tiempo siguen sumándose nuevas denuncias de hechos ocurridos durante el conflicto de 1982″, sostuvo a La Nación Ernesto Alonso, secretario de DDHH del Centro de excombatiente “Islas Malvinas, La Plata, una de las instituciones querellantes en la causa.

Según consta en las distintas presentaciones de la fiscalía, las autoridades militares con asiento en las islas ordenaron y ejecutaron durante la guerra diversos actos de tortura contra cientos de soldados conscriptos, como los “estaqueamientos”, que consistieron en atar desde sus extremidades a las víctimas, y “enterramientos”, con la tierra al cuello, y la inmersión en aguas heladas, a lo que se sumó el ensañamiento con soldados con apellidos de origen judío.

La causa, según el comunicado publicado en la web oficial del MPF, no tiene avances desde mayo de 2021, después de un pronunciamiento dictado por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que, ante un recurso de casación interpuesto por una de las defensas, determinó por mayoría que otros hechos similares a los impulsados ahora no eran delitos de lesa humanidad y que, por ende, se encuentran prescriptos.

Ese fallo fue recurrido por el MPF y por los querellantes ante la Corte Suprema, por lo que la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto — que había calificado los delitos como de lesa humanidad-, optó por aguardar ese pronunciamiento para continuar con el desarrollo de la investigación.

Desde entonces, según confirmaron fuentes judiciales fueguinas con acceso al expediente, no se están llamando a indagatorias en esta causa, dado que se espera que la Corte se expida, por lo que es probable que no se le haga lugar al pedido de indagatoria y al llamado de detención solicitado por la fiscalía. Las mismas fuentes consideraron que los imputados están a derecho y no habría elementos para detenerlos por ahora, hasta tanto la Corte no se expida.

Por su parte, desde el Centro de Excombatientes “Islas Malvinas” de La Plata, se presentaron con la causa, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fue admitido como caso el año pasado. “Vamos hacia un camino donde la justicia argentina va a ser denunciada por la falta de acceso a la justicia por los hechos ocurridos en Malvinas”, aseguró Alonso.

La nueva presentación del fiscal Rapoport comprende dos hechos -con tres víctimas en total- que ocurrieron en Monte Kent y Monte de las Dos Hermanas, en la Isla Soledad, particularmente en la zona de Puerto Argentino, en perjuicio de tres soldados. Los militares sobre los cuales pide que sean llamados a declaración indagatoria son Diego Alejandro Soria, Ricardo Mario Cordon, Clemente Eduardo Pecora, Jorge Echeverría, Jorge Julio Chaud, Carlos Lopez Paterson, Jorge Rubén Farinella, Alejandro César Moughty, Orlando Ernesto González y Rafael Barrientos.

De acuerdo con el requerimiento, el primer hecho se registró a finales de mayo de 1982, cuando uno de los soldados debía realizar un cambio de guardia con su compañero, quien se quedó dormido como consecuencia de la falta de alimentación y la falta de sueño debido a los constantes bombardeos nocturnos. Como reprimenda, dos cabos los castigaron a ambos estaqueándolos: fueron atados por la espalda, uno con otro, con sus piernas y brazos extendidos, parados, y mantenidos en esa posición durante toda una noche.

El otro hecho tuvo como víctima a un soldado, que en su testimonio narró constantes malos tratos y discriminación por su condición de indígena, quien también fue estaqueado de pies y manos sobre una roca, con la ropa puesta pero desabrochada la chaqueta durante varios horas, durante las cuales nevaba.

Al regresar al continente y antes de ver a sus familias, los tres jóvenes fueron obligados a firmar unos papeles y les impusieron un “pacto de silencio” respecto a lo vivido en las islas.