Podría ser una tragedia griega, ese género de teatro en el que un hecho desencadena una serie de sucesos que terminan en un hecho fatal. Pero tan particular es la marcha atrás del caso de las grúas en la Ciudad que también podría ser una comedia, esa pieza teatral en la que el humor prevalece.

Dependerá de quién lo analice. Podría ser una cosa u otra, siempre con la singularidad que se dio por tierra un contrato que jamás empezó. El fin llegó antes que el inicio. Más allá de que lo que sucedió efectivamente es la anulación de una licitación que solo preveía una pre adjudicación de un servicio, el de grúas, en la letra chica se puede leer que esta decisión, explicada en un comunicado por el propio jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, es un mojón importante en la relación con su predecesor, Horacio Rodríguez Larreta.

El orden actual contra la laxitud anterior, se le escucha decir a los hombres de Macri. Pero más allá de que esa premisa ya había sido expuesta desde la campaña misma, y que no incomodaba demasiado, ahora se sumó una sospecha de un interés particular en aquella decisión al filo del cierre del gobierno de Larreta.

Primero, antes de desandar el camino de la iconografía política, lo formal. Como se dijo, se anuló un dictamen de preadjudicación que aconseja otorgar la prestación de los servicios de acarreo a las tres empresas que quedaron en carrera en el proceso licitatorio: Transporte 9 de Julio, Ashira-Ecoba y SAEM-Tránsito Rosario. El asunto, que quedó claro desde las oficinas de Parque Patricios, es que aquella medida fue el 6 de diciembre de 2023, último día hábil de la gestión anterior. El énfasis de la fecha no es menor, dicen en el macrismo porteño.

La comedia viene a cuento ya que esta decisión no era vinculante, no obliga a ninguna adjudicación. Por eso aquello de que terminó antes de que empiece. Y además, la platea, ocupada por los automovilistas que circulan por la Ciudad, siempre sonreirán mientras haya desencuentros entre concesionante y concesionario como para que el acarreo y las grúas estén quietas.

De regreso a las formas, la licitación que se hizo ya no es una concesión pura para remover autos mal estacionados. Se trata de otra cosa, un híbrido que gana espacio en el mundo de los alcaldes de todo el planeta. Alguna vez, en aquellos contratos se transfería el riesgo, corazón de una concesión. ¿Qué significa esto? Pues que el privado pagaba un canon por tener a cargo una determinada zona y si acarreaba más autos, pues ganaba más. Por el contrario, si el tráfico se ordenaba y no había infractores en la calle, el negocio se caía.

De ahí que el llamado a licitación que ahora volvió a fojas cero era otra cosa, algo así como un gerenciamiento. Es decir, un pago por prestar el servicio en una determinada zona. De esa forma, se quita el incentivo del modelo anterior que solo estaba enfocado en encontrar autos mal estacionados, aunque solo una porción del paragolpe invada el amarillo. No importaba y no había oídos para escuchar al conductor.

La idea del servicio debería conciliar su doble propósito. Por un lado, aportar a la movilidad de la Ciudad, descontrolada en los últimos años, según los funcionarios de Macri. Por el otro, recaudar dinero con penalidades a los infractores. Pero que quede claro, el fin debería ser el ordenamiento de tránsito y no el hecho de hacer crecer la billetera.

Ese prospecto era el que había trazado Rodríguez Larreta con su licitación. El problema, según los funcionarios actuales, fue la coincidencia temporal con el fin de la gestión y los elegido en aquel dictamen que se anuló.

Una de ellas fue la sociedad entre SAEM y Tránsito Rosario, ganadora de la zona Sur por $57.000 millones. Son dos empresas que gestionan estacionamiento medido en Neuquén y Rosario, esta última, gestiona también el acarreo de Rosario.

La segunda es una UTE entre Ashira y Ecoba, preadjudicada en zona Norte por $77.300 millones. Ashira trabaja en siete ciudades del país (Trelew, Junín, San Pedro, Balcarce, San Martín y San Francisco (Córdoba). En la Ciudad, desde 1998, alquila equipos de higiene urbana y tanques atmosféricos. Trabajó en la disposición de servicios cloacales y provisión de agua con el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y desde 2015 realiza tareas de higienización completa en barrios populares. Ecoba es una empresa constructora, cuyas actividades principales se centran en la recolección de residuos, servicio de distribución de electricidad, gas, agua, telecomunicaciones, entre otros puntos. Está a cargo desde 2022 de tareas de mantenimiento en la Comuna 5 (Caballito). Ambas tienen un fuerte apoyo el gremio de Camioneros, el otro actor en cuestión.

La tercera es Transporte 9 de Julio, encargada de zona oeste por $79.400 millones, una firma santafesina de recolección de residuos en La Plata y Mar del Plata. Creada en 1976, se dedica a la higiene urbana y a las construcciones en obra pública y privada en ambas ciudades. También es respaldada por el sindicato que maneja Pablo Moyano.

Justamente, el sindicalista no es ajeno a esta disputa, otro paso de comedia. Casi como si alguna relación hubiese entre la recolección de basura y el acarreo de autos mal estacionados, hoy quedaron bolsas sin ser levantadas como medida de protesta. Quizá Moyano conozca algo más de las composiciones societarias que lo llevan a ser determinante en la defensa de las grúas.

Ahora sí, el regreso a la política. A nadie se le escapa que dejar correr las sospechas de algún interés particular de la administración de Horacio Rodríguez Larreta en la contratación de esas empresas tiene una significación diferente. Bien se podría decir que es el epílogo de una ruptura absoluta. Ya se habían trazado límites entre unos y otros, pero esto de dejar correr un tufillo de corrupción parece escrito con tinta indeleble. Es verdad que la política suele borrarlos con tal de asegurar la subsistencia del espacio, pero Macri fue certero: dejó correr sospechas de negociados en su espacio. Eso y decir fin de la relación, es prácticamente lo mismo.