La Argentina destina a los gastos previsionales alrededor de 10% del PBI. “Es equiparable a países que tienen el doble de envejecimiento poblacional del que tenemos”, compara Gala Díaz Langou, directora de Cippec, el centro de implementación de políticas públicas que este año cumple 25 años y que va a celebrarlo en la cena anual, el próximo lunes 31.

El think tank trabajó en una propuesta para darle sostenibilidad al sistema previsional, que es el principal gasto del Estado. La iniciativa hace foco en eliminar el requisito de 30 años mínimos de aportes y propone que haya un ingreso jubilatorio básico a partir de cierta edad, al que luego se le suman de manera proporcional los aportes que cada individuo realizó. Además, busca revisar las jubilaciones de excepción, que representan la mitad del gasto previsional total.

“Desde Cippec siempre procuramos construir una estrategia de desarrollo de largo plazo y nos parece que este es un momento propicio, con el aire que da cierta estabilidad para hacer ese ejercicio. Obviamente tenemos que blindar la estabilidad económica, pero también tenemos que tener una estrategia de desarrollo que permita cierto crecimiento a futuro y que sea inclusivo, lo cual implica también poner el foco en la creación de empleo”, dice Díaz Langou.

–En estos 25 años, ¿qué destaca como progreso y qué falta?

–Durante estos años hubo poco crecimiento económico, poca equidad y casi nulas políticas públicas en términos de políticas de Estado. En una Argentina tan volátil, tan cambiante en términos de rumbo y tan hostil para generar un proyecto de desarrollo sostenible, Cippec siempre intentó construir desde abajo políticas que puedan contribuir a ese desarrollo y hemos tenido algunos impactos, desde contribuir a la ley de financiamiento educativo y a la ley nacional de educación, a impulsar el Plan ENIA, que implicó una reducción del embarazo adolescente de más del 60% en los últimos años, a propiciar cambios en cómo se financian los procesos electorales e impulsar la boleta única que se sancionó el año pasado. También estuvo la ley de acceso a la información pública, el debate presidencial y un montón de otros hitos que empujamos. Pero creemos que es fundamental poder empujar algunos temas que puedan llegar a ser la base de esta Argentina más próspera que queremos a futuro, como el ordenamiento previsional. La estabilidad que se consiguió en el último año es principalmente gracias al equilibrio en las cuentas públicas, pero ese equilibrio no está garantizado y para lograrlo a futuro, hay que hacer foco en el principal componente del gasto público que es el sistema previsional.

–¿Qué propuestas tienen?

–Hoy tenemos cosas que funcionan, como el sistema público de reparto, que permite tener una cobertura muy alta. Es necesario mantenerla porque eso es lo que garantiza también que las personas mayores no caigan en la pobreza. Pero tenemos dificultades en lo que es la sostenibilidad del sistema previsional, porque es muy caro. Son 10 puntos del PBI, que es equiparable a países que tienen el doble de envejecimiento poblacional del que tenemos en la Argentina. Países que tienen tasas similares de envejecimiento a la nuestra gastan la mitad por lo general en términos del PBI. Y sobre todo es un sistema muy inequitativo. En primer lugar, tenemos un problema grande en las vías de acceso a la jubilación, no se entiende por qué exigimos 30 años de aporte para ingresar en el sistema. ¿Por qué no son 50 o 15? Solo 24% de las personas llega a tener 30 años de aporte en la Argentina y el resto pierde sus aportes. Esto también es lo que nos obliga a poner el parche de las moratorias.

–De hecho, hoy finalizó la moratoria que permitía que las personas se jubilen si habían llegado a la edad mínima, pese a que no tenían los años suficientes de aporte.

–Sí, y ahora se abren dos escenarios que son subóptimos: mantener la moratoria o quedarnos sin ella. El mejor escenario es revisar de fondo el sistema para cambiar el método de acceso y evitar que las moratorias sean necesarias.

– ¿Qué se puede hacer?

–Un ingreso que sea a partir de determinada edad, reconociendo que precisamente por los fracasos de la política económica del pasado hoy ya tenemos un mercado de trabajo dual con informalidad, que casi se equipara a la formalidad, y eso requiere un sistema universal. Sobre esa base, después podemos reconocer y premiar cada año de aportes, para que existan incentivos concretos para seguir aportando de una manera continua sin un corte discrecional.

–Es decir, una jubilación mínima para todos y aquellos que aportaron, recibirían un diferencial de manera proporcional.

–Los que trabajaron en la informalidad y no aportaron también tendrían una jubilación, que es la mínima. Es lo que hoy existe con la PUAM , que es el 80% del haber mínimo y todas las personas de más de 65 años tienen acceso. El problema es que quien tiene 28 años de aporte y no llegó a los 30 pierde esos 28 años, y quien tiene 45 años de aporte pierde los 15 que aportó de más y no se le reconoce en una jubilación mayor. O quien tiene 70 años y quiere seguir trabajando, sería bueno que se le reconociera. Ahora hay desincentivos que generan ineficiencia por este corte discrecional de los 30 años. Esta propuesta sería el primer paso para ordenar el sistema de reparto y nos permitiría luego discutir el segundo gran componente, que son las jubilaciones de excepción; es decir, todo lo que está por fuera del sistema de reparto y que tiene alguna regla extraordinaria, ya sea una edad jubilatoria más temprana, un haber más alto o algún tipo de excepción. Este tipo de jubilaciones explican la mitad del gasto previsional. O sea, no son tan excepcionales las excepciones en la Argentina.

–¿A qué se refiere, por ejemplo?

–Las mal llamadas jubilaciones de privilegio son las que tienen, por ejemplo, el cuerpo diplomático, presidentes y expresidentes y la justicia. Pero la gran parte de las excepciones está en los sindicatos docentes. En 11 provincias, la jubilación de los docentes se da a partir de los 50 años o menos, pero hay más de 200 profesiones que tienen jubilaciones con algún criterio excepcional, desde los trabajadores de la minera Río Turbio hasta los bailarines del Teatro Colón o los medallistas olímpicos. Lo más grave es que seguimos agravando el problema. En vez de resolverse y tratar de reducirse, se siguen generando nuevos regímenes diferenciales. El año pasado los trabajadores del Instituto del Agua tuvieron acceso a un régimen diferencial. Obviamente, tenemos que definir criterios objetivos y todos podemos estar muy de acuerdo que puedan llegar a haber algunas profesiones que requieran una edad jubilatoria más temprana porque tienen un desgaste particular en su profesión, o porque son profesiones que queremos reconocer porque tienen un valor social muy importante, pero creemos que hay que ponerse de acuerdo y que esos criterios sean objetivos. Por que sino, esto termina generando inequidades, ineficiencias y, por lo general, una desconfianza de las reglas del sistema previsional porque terminan siendo casi lo mismo las excepciones que las reglas.

–¿Cómo se generaron estas excepciones? ¿Tuvieron que pasar por el Congreso o salieron por resolución o decreto?

–Es muy variable, hay cosas que están en resoluciones de la Secretaría de Trabajo, hay decretos de necesidad y urgencia y hay leyes. Es extremadamente variable el entramado normativo detrás de los regímenes.

–¿Lo que Cippec propone es una reforma que ordene todo esto?

–Totalmente, y siempre respetando los derechos adquiridos. Estamos hablando de resolver el problema para dentro de 20 años.

–¿Cómo mejoraría el sistema?

–Nuestra propuesta implicaría una mejora para el 80% de los jubilados al reconocer cada año de aportes y sacar el corte discrecional en los 30 años. Le mejoraría la situación a muchas personas. Obviamente, hay un grupo que se vería perjudicado, pero son sobre todo los de más altos haberes. Todo esto haría que el sistema sea más sostenible a futuro. Y esto no solamente es central porque es necesario seguir garantizando el equilibrio en las cuentas públicas para poder blindar la estabilidad económica, sino por la proyección a futuro que tenemos en la población. La Argentina está envejeciendo de una manera mucho más rápida que las previsiones que teníamos. Eso tiene implicancias para cómo vamos a lograr sostener el sistema previsional a futuro con una proporción mucho mayor de personas mayores sobre las personas económicamente activas.

–¿Cómo ve la opción de volver al esquema de las AFJP?

–La evidencia es contundente, todos los estudios que se han hecho sobre la reforma en la Argentina de pasar del régimen de reparto al de capitalización muestran que no solamente no fue una reforma equitativa, sino que tampoco tendió a la eficacia. Esto es una lección aprendida y creo que todos la compartimos. Sí creemos que un sistema de reparto mucho más sólido, mucho más eficiente, pero más equitativo y más sostenible puede ser compatible con mecanismos de ahorro voluntario. Eso existe en un montón de países y es un tercer pilar. Tendríamos una jubilación universal para todas las personas de más de determinada edad, tendríamos un proporcional por cada año de aportes y tendríamos un sistema voluntario de ahorro privado para quienes deseen aportar en ese esquema.

–Con estos cambios, ¿el sistema previsional podría dejar de ser deficitario?

–Es complejo en un esquema donde nuestro mercado de trabajo es casi dual. Esto quiere decir que tenemos una parte de la economía en la formalidad y otra en la informalidad. De hecho, el año pasado hubo varios meses que teníamos más puestos de trabajo en la informalidad que en la formalidad. Eso implica que haya menos contribuciones al sistema, entonces la sostenibilidad del sistema es más difícil. Hay que reconocer que hace décadas el sistema previsional no se financia con los aportes de los trabajadores, sino con recursos del Tesoro, que provienen de impuestos que pagamos todos. El principal es el IVA, que lo pagan sobre todo las personas más pobres. Si hacemos la proporción sobre el ingreso de cada persona de cuánto pagamos en IVA por el consumo, las personas más pobres son las que más contribuyen. Ahí hay una cuestión también de equidad, de no solo reconocer que ya estamos en un mercado de trabajo dual, sino de cómo se financia el sistema previsional que respalda la idea de tener una jubilación universal, porque esto está siendo pagado por recursos de todos también.

–Ustedes también hacen foco en la institucionalidad, ¿cómo ve al Gobierno en esa área?

–Hay un montón de avances que se están buscando consolidar, y para que efectivamente esto dure en el largo plazo, es necesario que se construya sobre una institucionalidad sólida, porque si no, ante el primer cambio de vientos y cuando haya una alternancia en el poder, es posible que se revierta el rumbo si no hay un consenso sobre un plan de acción que podamos seguir todos a futuro. Esto implica invertir algo de tiempo en cumplir esos procesos institucionales, que se traduzca en instrumentos que contribuyan a esa sostenibilidad.