El agravamiento de la violencia originada en el tráfico de drogas ha puesto nuevamente en discusión la cuestión del empleo de las Fuerzas Armadas en el combate de ese tipo de crimen. Estando vigente la ley de defensa nacional que expresamente prohíbe la actuación militar en cuestiones internas, el Gobierno dispuso que por ahora la acción de las fuerzas se limite al apoyo logístico. Entretanto, desde el Poder Ejecutivo se ha hecho saber la intención de suprimir la limitación legal para lograr poner en juego toda la capacidad posible del uso de la fuerza contra la creciente actividad del narcoterrorismo.

El uso de esta denominación adquiere plena validez desde el momento en que las organizaciones involucradas en la cadena de la droga comenzaron a actuar contra personas, empresas o instituciones ajenas a su actividad al solo efecto de sembrar terror. Cualquier inocente puede ser asesinado al azar por manos mercenarias, como se ha comprobado recientemente en Rosario.

Las prevenciones han surgido desde dos frentes opuestos. Muchas voces del sector castrense han recordado el repudio y persecución que han debido sufrir como consecuencia de la intervención contra el terrorismo en los años 70. Todavía, después de más de cuarenta años permanecen abiertas causas judiciales contra militares, muchos de los cuales se encuentran en prisión a pesar de no tener condena firme y de su avanzada edad. Del otro lado, desde sectores identificados con posiciones de izquierda, que aún guardan simpatía con aquel terrorismo, se resiste cualquier ampliación de la actividad militar.

La acción del narcoterrorismo pone en crisis la seguridad, pero aún no la estabilidad de las instituciones de la República

Las Fuerzas Armadas no están preparadas ni equipadas para enfrentar un terrorismo clandestino, que no usa uniforme y que, además, actúa en zonas urbanas. La inteligencia solo se puede alimentar con la infiltración o con la delación y la confesión. Estas dos últimas son difícilmente voluntarias. La obtención de información que permita evitar actos terroristas solo mediante la intercepción de comunicaciones resulta insuficiente. Por lo tanto, la represión exitosa del terrorismo subversivo o mafioso puede derivar fácilmente en abusos y en el pago de justos por pecadores. En este marco no hay diferencia en el carácter de la fuerza que el Estado utilice, sea policial o militar. Sin embargo, las Fuerzas Armadas están sujetas, quiérase o no, a una mayor exigencia moral por parte de la sociedad.

El claro riesgo de la utilización de métodos ilegales que impliquen la violación de derechos humanos no fue debidamente considerado al darles intervención y mandato a las Fuerzas Armadas en la eliminación del terrorismo subversivo en los 70. Había una razón más comprensible: las formaciones especiales u organizaciones guerrilleras practicaban el terrorismo, pero también atacaban cuarteles y buscaban hacerse del poder político. Respondían, además, a una consigna internacional con epicentro en la Unión Soviética y Cuba. La Guerra Fría tenía su variante caliente en Latinoamérica. No fue casual que, de una u otra forma, las Fuerzas Armadas de Brasil, Uruguay, Chile y otros países de la región fueran impulsadas a actuar contra aquel terrorismo. Los excesos y desviaciones se repitieron en esos países sin que en ninguno de ellos los militares hubieran sido formados para ello.

Los procedimientos ilegales cesaron cuando el terrorismo fue vencido, pero ha quedado la versión de que los líderes políticos que ganaron las elecciones convocadas por quienes vencieron al terrorismo fueron los héroes del retorno a la democracia. El fin no justifica los medios, pero si el terrorismo de los 70 no hubiera sido vencido difícilmente habría democracia en los países que lo lograron.

La acción del narcoterrorismo pone en crisis la seguridad, pero aún no la estabilidad de las instituciones de la Constitución. No hay razones, por consiguiente, para que las Fuerzas Armadas sean puestas en juego para combatirlo, más allá del apoyo logístico que podrían brindar.