MADRID.– La multa de 150 millones de euros que el Ministerio de Consumo ha impuesto a cuatro aerolíneas de bajo coste (Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea) por el cobro indebido de servicios considerados complementarios es un parteaguas en la batalla entre asociaciones de consumidores y las aerolíneas. La impotencia y la confusión frente a las normas de cada compañía aérea son motivo de especial frustración para el usuario. No solo es la mayor sanción impuesta por las autoridades de Consumo, sino que recoge el malestar que sienten muchos usuarios.

El ministerio concluye que cuatro prácticas habituales de las aerolíneas son abusivas y quedan prohibidas a partir de ahora: cobrar por reservar asientos contiguos para acompañar a menores o personas dependientes; cobrar un suplemento por equipaje de mano; la falta de transparencia sobre el precio final del vuelo (respecto del precio que aparece en las ofertas), y no permitir el pago en metálico en el aeropuerto por estos servicios.

Las aerolíneas aseguran que todo seguirá igual, al menos hasta que la decisión sea firme, lo que supone que hasta entonces pueden seguir cobrando costes extras, por ejemplo, por el equipaje de mano, y que no afectará a la actual temporada de verano. Defienden además que la sanción vulnera la normativa europea de libre fijación tarifaria y advierten de una posible subida del coste de los billetes si se imponen estos cambios.

La falta de consenso en Europa sobre estos costes es uno de los problemas que afrontan los consumidores.

Si las prácticas son consideradas abusivas en cuatro aerolíneas, lo lógico es que la prohibición se extendiera a todo el sector, aunque cada compañía pueda decidir qué medidas debe tener el equipaje de mano en sus vuelos.