El juez federal Julián Ercolini reprogramó para el 27 de noviembre la citación a prestar declaración indagatoria del expresidente Alberto Fernández en la causa en la que está acusado de interesarse en la contratación de los seguros de organismos del Estado mediante la intervención de brokers y productores, algunos de ellos de su amistad.

La cita estaba prevista para el 20 de noviembre, pero el fiscal Carlos Rívolo, que investiga el caso, solicitó aplazarla porque esta semana se encontrará de viaje. Hizo el pedido y el juez Ercolini reprogramó todo el cronograma.

Ercolini, al citar a Alberto Fernández, afirmó que existe en la causa “mérito suficiente” para convocar al expresidente a que se defienda de los cargos en su contra.

La principal acusación contra Fernández y sus supuestos cómplices consiste en haber direccionado la contratación de intermediarios –muchas veces, innecesarios– en los seguros que reparticiones públicas tenían que tomar con Nación Seguros SA. El expresidente está imputado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles.

Junto con Fernández fueron citadas otras 38 personas, incluidas el broker Héctor Martínez Sosa y su esposa, María Cantero, la histórica secretaria del expresidente. También, el extitular de Nación Seguros Alberto Pagliano y otros exfuncionarios de ese organismo.

La ronda de indagatorias, que empezará con la del expresidente, terminará el 18 de diciembre, a las 12. Después, Ercolini resolverá si hay elementos suficientes para procesar a cada uno de los investigados, incluido Fernández.

Las citaciones son las siguientes: el miércoles 27 de noviembre, Alberto Ángel Fernández; al día siguiente, el jueves 28, serán indagados Héctor Horacio Martínez Sosa y Cantero. Luego, el resto de los acusados.

Todos ellos están acusados de “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros SA”.

“Una parte” de los acusados, “con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros SA, como así también en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de esta”, escribió Ercolini.

“La maniobra –afirmó el juez– habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de Nación Seguros S.A. y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión que, según los casos, de modo impuesto o acordado, (...) habrían mostrado interés para un propio beneficio o de terceros.”

Según Ercolini, gran parte de esas contrataciones “fuera necesario o no”, contaron “con la intervención de personas físicas o jurídicas que actuaron como intermediarios”, pese a que en muchos casos “no habrían cumplido función alguna como contraprestación por las elevadas comisiones que les eran liquidadas”.

Esos intermediarios, advirtió el juez, cobraron importantes comisiones de Nación Seguros SA gracias a que los designaron las respectivas reparticiones públicas, “a raíz del direccionamiento efectuado por los funcionarios interesados” –en el caso de Martínez Sosa, tuvo un rol clave su esposa, “secretaria histórica de Alberto Fernández, luego devenida en secretaria presidencial”– y “sin que existan procesos de selección alguno”.