Formosa es un Estado policial, como lo confirman quienes disienten con el régimen. Así se observa de inmediato cuando algún periodista de un medio nacional llega a la provincia, pues pasa a ser rápidamente seguido por motociclistas de las brigadas de información de la policía. Los vimos también durante la pandemia, mientras la población sufría un atroz encierro, y en los ataques a los emprendimientos y negocios de todo aquel que exprese opiniones diferentes a las que bajan del poder. Carreteras y plazas están plagadas de carteles con la imagen del mandamás, como sucede en los totalitarismos de todo pelaje, que también adoctrinan en el culto al gobernador desde las escuelas, rebosantes de niños formoseños que concluyen la primaria sin saber leer ni escribir.

A pesar del extendido y férreo control policial sobre la oposición, el celo para controlar el escandaloso contrabando y el ingreso de drogas brilla por su ausencia. Incluso hay fundadas sospechas de connivencia entre gobierno y narcotráfico, con allegados a la familia del caudillo detenidos por fuerzas nacionales, acusados de contrabandear sustancias.

El 40% de las viviendas de los formoseños tiene piso de tierra y la mitad no tiene internet

La prolongación de estos regímenes es resultado de la indiferencia, convertida ya a esta altura casi en connivencia, de muchos dirigentes políticos nacionales. A las demasías con nombre propio se suman problemas de índole estructural que dependen de la coparticipación federal para financiarse con recursos nacionales. El 95% del presupuesto formoseño tiene a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires como los principales aportantes. Según un estudio de Idesa sobre la base de datos del Ministerio de Economía, la coparticipación federal, que promedia los 900 dólares por habitante, en Formosa trepa a 2350 dólares, lo que equivale a 2,6 veces más que el promedio de algunas provincias, aunque no es la única que muestra semejante desequilibrio.

Estos cuantiosos recursos, fruto del esfuerzo de los contribuyentes de regiones productivas y con mayor calidad institucional, fueron malgastados y no sirvieron para impulsar el desarrollo sacando del atraso y la pobreza a la provincia. Como no podía ser de otra forma, fueron irresponsablemente puestos al servicio de financiar la dominación de este exponente del realismo mágico que solo puede compararse con algunos caudillejos de la etapa preconstitucional del país.

Según estudios del Cippec, 68 de cada 100 habitantes formoseños son empleados públicos, con una densidad de empresas bajísima que ronda 3,8 cada mil habitantes. El Indec, por su parte, da cuenta de que el 30% de los ocupados son empleados públicos y el 55% son trabajadores informales. Solo el 15% son asalariados registrados en empresas privadas, aunque la mayoría de ellas están vinculadas al gobierno provincial como contratistas o proveedores, y sus accionistas son familiares o amigos del gobernador.

Junto con Chaco y Santiago del Estero, Formosa integra el ranking de asignación de pensiones truchas por invalidez, con cifras mayores a las de países que sufrieron guerras

El 40% de las viviendas de los formoseños tiene piso de tierra y la mitad no tiene computadora ni acceso a internet. Los resultados de las pruebas Aprender son desoladores: el 35% de los alumnos que concluyen el ciclo primario no saben leer ni escribir y el 43% fallan en las cuatro operaciones matemáticas básicas.

Noticias recientes reportan que la mitad de la superficie destinada al cultivo del banano se ha visto reducida a apenas 500 hectáreas. La actividad ganadera está estancada y la producción de maíz apenas alcanza las 66.000 toneladas en un territorio de 72.000 kilómetros cuadrados irrigado por los ríos Pilcomayo, Paraguay y Bermejo. Junto con Chaco y Santiago del Estero, Formosa integra el ranking de asignación récord de pensiones truchas por invalidez, con cifras que superan a las de países que sufrieron reiteradas guerras.

Una vez más queda en claro que el sistema de coparticipación federal, deformado en sucesivas oportunidades, pero sobre todo en 1987, con una distribución que premia la ineficiencia fiscal provincial y reparte recursos de otras jurisdicciones, no ha reducido ni remotamente el atraso y la pobreza. Por el contrario, se ha convertido en fuente de financiamiento y perdurabilidad de funestas oligarquías provinciales.

Se trata de un escenario que clama por reformas estructurales para terminar con sistemas perversos que castigan a los que producen en beneficio de clanes anacrónicos solo interesados en eternizarse, aprovechándose y profundizando las carencias de sus pueblos para reclamar fondos mayormente dirigidos a incrementar sus fortunas personales y a mantenerlos en el control del poder.