Semanas atrás, celebramos la sanción de la esperada ley de boleta única de papel (BUP), que introduce cambios importantes en el sistema electoral. Nos referimos también entonces a la importancia de no demorar el tratamiento de otro proyecto largamente esperado: el de ficha limpia, por el cual se modifica la ley orgánica de los partidos políticos.

En una reunión del bloque de Pro con funcionarios del Gobierno, el diputado nacional Cristian Ritondo (Buenos Aires) listó los proyectos por impulsar, entre ellos, el de ficha limpia. Esa voluntad se ha venido topando con la persistente resistencia del peronismo a sancionar normas sobre mayor transparencia electoral y saneamiento de los partidos políticos. Lo mismo había ocurrido previamente con el debate de la BUP, finalmente convertida en ley tras un acuerdo entre el oficialismo, Pro, la Coalición Cívica, la UCR e Innovación Federal. Votaron en contra el kirchnerismo –con excepción del diputado Guillermo Snopek– y legisladores de izquierda.

El proyecto de ley de ficha limpia, apoyado por un amplio número de diputados, establece que no podrán ser candidatos a cargos públicos en elecciones primarias ni en las generales quienes cuenten con una condena judicial en segunda instancia.

La inhabilitación para ejercer cargos públicos en las circunstancias referidas es otro de los puntos principales. De convertirse en ley, sería decisivo a la hora de definir candidaturas. Por ejemplo, si resultara ratificada en segunda instancia la condena contra la expresidenta Cristina Kirchner en la causa conocida como “Vialidad”, no podría volver a presentarse como candidata en los comicios del año entrante.

El último encuentro parlamentario para tratar el tema se concretó el mes último, cuando, a instancias del oficialismo y de un amplio abanico de bloques de la oposición dialoguista, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados avanzó en la obtención de un dictamen sobre la base de varios proyectos presentados sobre el tema.

La última vez que se había intentado aprobar uno similar fue en 2019, en vísperas de la asunción del presidente Alberto Fernández. Pero no pudo ver la luz. Componendas y presiones de todo tipo impidieron avanzar.

Una de las autoras de los proyectos actualmente en debate es la diputada Silvia Lospennato (Pro-Buenos Aires), quien destacó la perseverancia del Movimiento Ficha Limpia –encabezado por Gastón Marra, Fanny Mandelbaum y Gustavo Menna, exdiputado nacional y actual vicegobernador de Chubut– para que el dictamen, con el apoyo de medio millón de firmas ciudadanas, sea finalmente habilitado para ser tratado en el recinto.

“Todos estos años no teníamos el número necesario para que pasara esta ley. Hoy tenemos los diputados para lograr la media sanción”, enfatizó Lospennato, quien enumeró que al menos media docena de provincias –Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan y Santa Fe– y unos 40 municipios tienen una legislación similar.

En esa oportunidad, la legisladora radical Karina Banfi (Buenos Aires) explicó que si bien en un primer momento se había barajado la posibilidad de ampliar la ficha limpia a las condenas por otros delitos, finalmente el dictamen se acotó al de corrupción para evitar una eventual judicialización de la ley una vez que se apruebe.

Aunque hasta ayer no se había dispuesto la fecha de la próxima sesión en la Cámara baja, fuentes del Congreso indicaron a LA NACION que ficha limpia pasaría a formar parte del temario.

“Corrupción o justicia” fue la frase de cierre del alegato del fiscal Diego Luciani en el juicio por la obra pública contra la exmandataria, para quien inicialmente había pedido una condena de 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Esperemos que en la próxima sesión de Diputados se logre la media sanción que habilitará el tema para ser tratado en el Senado. Los tiempos corren y los comicios de 2025 están casi a la vuelta de la esquina.

Es de esperar que quienes tanto dentro del Gobierno como del Poder Legislativo han expresado públicamente su convicción de sanear la política y de transparentar los procesos den fe de que realmente quieren lograrlo y lleguemos al año próximo con las dos herramientas indispensables para alcanzar ese tan ansiado objetivo.