La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó hoy que ayer la línea 134 recibió 500 llamadas más de personas que denunciaron irregularidades en la distribución de planes sociales.

“Ayer el ministerio de Seguridad se presentó como querellante para que esto no quede impune y para que otras causas, que son más masivas, avancen en la misma dirección. Ayer, de manera espontánea, tuvimos más de 500 llamadas de personas que quieren denunciar. Dicen que los están apretando en Florencia Varela, en Berazategui, tomamos los casos que tienen datos bancarios, precisiones. La gente está perdiendo el miedo. Se ha dado cuenta que ha sido victimizada por estas organizaciones”, afirmó Bullrich en declaraciones a Radio Mitre.

Ante la pregunta de si los dirigentes piqueteros más notorios tienen responsabilidad en la extorsión, la ministra indicó: “En general, lo que la gente conoce es al capataz, el que maneja los planes en su barrio. El verdugo de las personas es alguien más intermedio, que es el que la gente piensa que tiene que denunciar. La gente nombra al Polo Obrero, a Barrios de Pie, pero se refieren a los que llevan adelante la acción directa en una zona”.

“Tenemos muchos casos donde nos cuentan que cambiaron de auto, de casa. Los operadores de teléfono nos cuentan que la gente lo dice con mucha bronca. La línea se satura permanentemente. Quien administra dinero público y lo usa para extorsionar a la gente tiene una responsabilidad. Tenemos causas en todo el país”, afirmó Bullrich.

Ayer, el juez federal Sebastián Casanello dispuso la inhibición general de bienes de 28 dirigentes piqueteros y de cooperativas bajo la sospecha de que extorsionaban a los beneficiarios de planes sociales para pedirles acceder a esa ayuda estatal.

El juez, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, dispuso la inmovilización general de los bienes de Jeremías Cantero, Elizabeth Del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Carlos Fernández Kostiuk, Gloria Paraguay Estrada, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo “Toto” Martelli, Leticia Maribel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta, Nilsa Elena Torres, Rossmery Grande Arancibia Y Nery Acha Daza.

Se trata de los imputados tras el análisis de las denuncias recibidas en la línea 134 que habilitó el Ministerio de Seguridad en diciembre pasado, para denunciar eventuales presiones a beneficiarios de planes sociales para acudir a la primera marcha piquetera contra el gobierno de Javier Milei, como condición para cobrar un plan social.

El Gobierno pidió este martes que se lo considere querellante en el caso. La ministra de Seguridad, que es denunciante, mediante el abogado Fernando Soto, hizo la presentación y ahora debe decidir el juez Casanello si reviste la calidad de víctima.

Hubo 13.310 llamadas, de las cuales pudieron atenderse 2720 y 924 se transformaron en denuncias. De ellas, unas 45 tuvieron lugar en la ciudad de Buenos Aires. Se citó a las víctimas en estos casos y solo cinco se avinieron a declarar, bajo reserva de su identidad. Para la Justicia, esto habla del nivel de temor de las víctimas o el poder de quienes las coaccionaban, más allá de la solidez de los llamados a la línea 134.

Ahora, la Justicia está trabajando sobre lo secuestrado en los procedimientos, principalmente los teléfonos celulares, para reconstruir los mensajes y ver si determinan responsabilidades dentro de las organizaciones piqueteras.

La Justicia busca analizar cómo se articulaba desde el Estado el Plan Potenciar Trabajo y qué objetivos y lineamientos administrativos seguía, para contrastarlo con lo que señalan las denuncias que ocurría en los barrios, donde los intermediarios se habrían quedado con parte el dinero de los beneficiarios, tenían poder para sacarle los planes o retener los beneficios que le correspondían, como los alimentos que entregaba el Estado. “Aparece un Plan Potenciar Trabajo híperporoso, que habilita que se sucedieran estas malas prácticas, por que los grises eran tantos que daban lugar a estos abusos”, dijo una fuente con acceso a la causa.

“Es grotesco lo que demostró la investigación y son firmes las sospechas sobre actividades delictivas”, dijo uno de los investigadores. Los delitos que se investigan son la administración fraudulenta del dinero del Estado, coacción, pero también se analiza el destino del dinero.

Los mensajes y declaraciones de las víctimas hablan de que los dirigentes piqueteros se quedaban con el 2% de los planes. La Justicia elabora sobre esa base una estimación del fraude cometido en perjuicio del Estado. Una de las organizaciones que admitió en su momento cobrar ese porcentaje, el Polo Obrero, argumentó que los fondos se destinaban a sostener el funcionamiento de los comedores de la organización y los gastos de actividades políticas –básicamente las protestas callejeras–.

Hay dos actividades bajo la lupa de la Justicia: una, la administración de los planes Potenciar Trabajo por parte de las agrupaciones y, dos, la gestión de los comedores populares. Entienden que la contraprestación por recibir el plan Potenciar Trabajo era participar en los comedores, colaborando con el trabajo allí. Y que, a su vez, los comedores recibían por cuerda separada mercaderías y alimentos del Estado –el nuevo gobierno cortó los envíos en diciembre–, que en algunos casos, eran vendidos en el barrio, según los chats que aportaron las víctimas.

En los procedimientos efectuados en las casas de los piqueteros se secuestró dinero en efectivo, recibos de pago, planillas de asistencia a manifestaciones y decenas de celulares. Fueron 32 los procedimientos ocurridos ayer en los domicilios de dirigentes y organizaciones sociales investigadas por supuestas extorsiones a beneficiarios de planes sociales.

Los resultados de esos operativos, que estuvieron en manos de la Policía Federal Argentina, fueron vertidos en un inventario que tienen los funcionarios judiciales que llevan adelante el caso, según supo LA NACION de fuentes con acceso a la causa. Fueron secuestrados, en total, 31 teléfonos celulares, 31 notebooks, 33 tarjetas de crédito, 199 euros, 76.764 dólares y 8.769.909 pesos en efectivo.

Los dirigentes que fueron allanados, y que están imputados en esta causa, son de las organizaciones Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la vertiente no kirchnerista de Barrios de Pie. Son las organizaciones que más protestas protagonizaron durante el gobierno anterior y el actual.