Desde hace bastante tiempo venimos advirtiendo desde esta columna editorial acerca de las crecientes dificultades que sufre gran parte de la población de la ciudad de Buenos Aires para afrontar el pago de las expensas de las viviendas en propiedad horizontal. Lo cierto es que, de la mano del aumento de la inflación, de las subas tarifarias y del impuesto inmobiliario, y de los incrementos salariales de los encargados de edificios, las expensas continúan siendo una pesadilla para muchos propietarios e inquilinos, a tal punto que la morosidad crece a niveles alarmantes.

De acuerdo con datos de la plataforma Consorcio Abierto, basados en un relevamiento efectuado entre más de 100.000 consorcios de copropietarios del distrito porteño, el valor de las expensas promediaba en abril último los 100.794 pesos, al tiempo que la morosidad ya rondaba el 35 por ciento.

Si bien a nadie puede escapar que la Argentina atravesó en los últimos meses el mayor proceso inflacionario desde 1991, no puede obviarse que, en promedio, entre el 60 y el 70 por ciento de los gastos de los edificios corresponden al pago de sueldos, adicionales y cargas sociales de los porteros y del personal de limpieza y seguridad. En particular, los salarios de los trabajadores agrupados en el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh) han experimentado incrementos que se hallan por encima de las posibilidades de la mayoría de los consorcistas. Se trata de una situación que se ve facilitada por la virtual ausencia de peso y representatividad de los propietarios e inquilinos en la negociación paritaria, por lo que el mencionado gremio puede imponer sus demandas prácticamente a su gusto y sin mayor resistencia.

Puede pensarse que este escenario favorece claramente a los encargados, que además de un buen sueldo gozan de beneficios que no existen en otras actividades, tales como una serie de adicionales que, al margen de las horas extras, pueden ir desde el retiro de residuos hasta la “clasificación y traslado” de estos.

No pocos consorcios se están desprendiendo de los encargados de edificios para reducir gastos

Sin embargo, el incremento de las expensas y el aumento de la morosidad, sin duda, ya están perjudicando a los propios trabajadores. No pocos consorcios se están desprendiendo de los encargados para reducir gastos, delegando las tareas de limpieza en personal doméstico por hora o en los propios consorcistas, o para alquilar el espacio destinado a la vivienda permanente de esos trabajadores y sumar así una renta que permita aligerar costos.

Frente a las dificultades para cubrir los gastos que insumen los edificios, algunos consorcios están renegociando contratos con proveedores, tales como las empresas de seguridad y las que se ocupan del mantenimiento de ascensores y matafuegos.

Habría, sin embargo, otras soluciones a mano si hubiera voluntad política de las autoridades. Por empezar, podría avanzarse hacia una descentralización de la negociación colectiva, de modo que cada consorcio pueda negociar condiciones de trabajo con los encargados de edificios. Del mismo modo, el Estado podría reducir el componente impositivo de las tarifas de servicios públicos (agua, luz y gas) en los edificios destinados a vivienda, en tanto que el gobierno porteño podría limitar los aumentos del impuesto inmobiliario, que hoy acompañan el índice inflacionario, para esas unidades.

La necesidad de declarar una situación de emergencia está hoy más que nunca a la vista. Entre otras cosas, porque la alta morosidad está afectando cada vez más la posibilidad de que los consorcios emprendan tareas de mantenimiento edilicio por falta de recursos. Sin créditos blandos de ningún tipo para esta clase de obras imprescindibles, no pocos inmuebles estarán en peligro, poniendo en riesgo no solo a sus ocupantes, sino a toda la comunidad.