La decisión del gobernador neuquino, Rolando Figueroa, de derogar la adhesión provincial a un decreto de 2012 de Cristina Kirchner por el que se obliga a los funcionarios públicos a viajar exclusivamente por Aerolíneas Argentinas representa un paso indiscutiblemente importante en orden a la libertad de las personas –sean funcionarios o no– a elegir en qué forma circular libremente por el territorio argentino, tal como dispone la Constitución nacional.

Aquel decreto de la entonces presidenta –consecuencia de la ley de 2008 por medio de la cual se declararon de utilidad pública y sujetas a expropiación las acciones de Aerolíneas, Austral y las de sus empresas controladas– va todavía mucho más allá, ya que extiende la exclusividad a los viajes que también se hacen al exterior. Y dispone que, si Aerolíneas Argentinas no vuela una determinada ruta, no cuenta con pasajes para la fecha requerida o no tiene lugares disponibles, los funcionarios, empleados o asesores contratados bajo cualquier modalidad, o los terceros cuyos trabajos debe financiar el Estado están obligados a contratar los servicios de Líneas Aéreas del Estado (LADE). Decreta, además, que, en caso de no poder hacerlo por ninguna de esas dos empresas, solo pueden viajar por otras mediando “únicamente decisión fundada de su máxima autoridad”.

Esas disposiciones, tan regulatorias como asfixiantes, obligan también a tramitar los pasajes mediante Optar Sociedad Anónima, la operadora mayorista de servicios turísticos de Aerolíneas. Un negocio circular y, por tanto, cerrado.

La adhesión neuquina a aquel decreto presidencial había sido decidida por el exgobernador Jorge Sapag en 2013. Recientemente, Figueroa emitió otro instrumento de ese tipo derogando la medida de Sapag. A partir de ahora –dice el nuevo documento– “la contratación de los pasajes que se requieran para el traslado por vía aérea de los empleados, funcionarios o asesores contratados bajo cualquier modalidad del sector público provincial podrá realizarse directamente a través de las páginas web de las distintas aerolíneas que operen en los aeropuertos en territorio provincial”.

El kirchnerismo ha instaurado regulaciones de todo tipo; es hora de revisar esas normas restrictivas tendientes a controlar y a favorecer a determinados sectores por cuestiones meramente ideológicas

Figueroa, quien en su momento formó parte del Movimiento Popular Neuquino, rompió con esa fuerza en 2023 y ganó los comicios con el apoyo de Pro, lo que significó el fin de seis décadas de dominio del movimiento de los Sapag en el distrito.

A la hora de fundamentar su decisión, sostuvo que “actualmente se ha ampliado la oferta de conectividad de las aerolíneas que operan en los aeropuertos provinciales, incluyendo empresas de bajo costo que prestan los servicios que oportunamente puedan requerir las actividades institucionales” de los funcionarios. Se alineó así con la decisión del actual gobierno nacional de establecer para el país una política de cielos abiertos, favoreciendo la competencia entre las líneas aéreas que llegan hoy a la provincia, como Flybondi y JetSmart, con costos incluso menores a los cobrados por Aerolíneas, lo cual, sin dudas, permitirá un ahorro a las arcas públicas.

En su megadecreto de necesidad y urgencia de comienzos de gestión, el presidente Javier Milei derogó y modificó leyes que rigen la aviación comercial, habilitando a aerolíneas que demuestren solvencia técnica y financiera a explotar rutas domésticas e internacionales sin necesidad de tratados bilaterales con otras naciones.

Aunque faltan aún ampliaciones y reglamentaciones de cómo se llevarán adelante muchos de los cambios propuestos por el actual Gobierno, está claro que regulaciones como las que durante todos sus mandatos solía ordenar el kirchnerismo para las jurisdicciones y entidades del sector público nacional, “invitando” a los distritos y a los otros poderes del Estado a adherirse a ellas, no buscaban ni facilitar el comercio, ni ejercer el consagrado derecho de elegir libremente cómo usar un servicio, en este caso polémicamente reestatizado, y por lo cual la Argentina fue demandada judicialmente y obligada a pagar una indemnización millonaria.

Es de esperar que otros gobiernos distritales que hayan oportunamente adherido a semejante despropósito se liberen de aquellas burdas amarras, de modo de tener la libertad de gestionar de la forma más adecuada para contribuir a sanear las ya de por sí delicadas cuentas públicas.