El anuncio oficial de que no se renovarán 1400 contratos en la órbita del Ministerio de Salud puso en estado de alerta profesionales y gremios, que se enteraron de la decisión recién ayer y a través de la red social X a pesar del diálogo que venían teniendo con las autoridades de esa cartera y sus organismos y hospitales.

Por el momento, según pudo relevar LA NACIÓN desde ayer, se enviaron unos 320 telegramas a personal con contratos de renovación trimestral en los hospitales Laura Bonaparte (ex Cenareso), ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, y el Baldomero Sommer, en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. En el Bonaparte son unos 200 contratos suspendidos y, otros 122, en el Sommer.

Tras solicitar desde el ministerio 56 bajas en el plantel del Instituto Nacional del Cáncer (INC) –primero habrían sido unas 30–, lo que motivó que esta mañana presentara su renuncia la directora de ese organismo, Verónica Pesce. En el Hospital Posadas, hasta anoche no habrían llegado telegramas.

Luego de conocerse ayer el comunicado de la Casa Rosada en la red X, los gremios que nuclean a empleados de la Administración Pública Nacional se declararon en estado de alerta. La Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) solicitó una reunión con carácter de urgente con las autoridades de Salud. El encuentro, según fijó esa cartera, será esta tarde, a las 16, y estarían presentes la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, y el jefe de Gabinete, Roberto Olivieri. Desde UPCN, sindicato con el que existían canales de diálogo, señalaron que irán con “una posición dura” a ese encuentro.

Diego Gueren, secretario general de UPCN Salud, anticipó que pedirán a las autoridades abrir una mesa de diálogo “para reincorporar a gran parte del personal echado”. Como ayer refirieron a LA NACIÓN desde el ministerio, Gueren señaló que se trata de contratos con actualización trimestral de personal que, administrativamente, se consideran transitorios, pero que “se renovaban todos los años y en blanco, con aportes sociales y cobertura”.

Como en el resto de los gremios, se enteraron de la decisión de la cartera que dirige Mario Lugones a través de las redes sociales. “Nos llamó la atención que fuera así porque es una gestión con la que hay diálogo”, sostuvo el representante gremial ante la consulta.

El planteo con el que irán a la reunión de esta tarde con la viceministra de Salud será que se retrotraiga la medida para iniciar una revisión caso por caso. En el Hospital Bonaparte, de acuerdo con la información que cuenta UPCN, entre los 200 contratados que recibieron el telegrama hay profesionales que habían rendido y aprobado el examen de idoneidad exigido por el Gobierno como requisito para trabajar en la APN. De pasarlo, según explicó Gueren, el Estado garantizaba un año de continuidad laboral. Es decir, hasta el 31 de diciembre de este año.

“No nos oponemos a reordenar el funcionamiento de los organismos o la reestructuración de la que hablan las autoridades para brindar mejores servicios a la comunidad. Pero no a vaciarlos con la excusa de los despidos: en el Bonaparte, echaron a casi el 50% del personal –dijo Gueren–. Si hoy se abre una mesa de diálogo que permita que las autoridades de Salud entiendan que se extralimitaron y se pueda revisar la situación de los 1400 contratos que no renovarán, caso por caso, y el cierre de áreas clave, no habrá conflicto. De lo contrario, tomaremos las medidas directas que nos competen como gremio.”

Para el sindicato más dialoguista con las sucesivas gestiones, el contexto y la crisis de la que el sistema de salud no se recupera demandan “una revisión integral de esta medida que está afectando directamente al personal que brinda servicios a la población”. Lo “grave” de la decisión oficial, para Gueren, es “que no hay criterios objetivos ni lógicos” para los telegramas que se están enviando. Y puso como ejemplo algunos destinatarios en el Bonaparte, especializado en salud mental y adicciones.

“Echaron a todos los médicos del fin de semana y ese es un hospital que tiene pacientes internados judicializados. En el área de administración, despidieron a los tres liquidadores de sueldos y, en el área de servicios jurídicos, les llegó el telegrama a todos, excepto al jefe. Algunos de ellos habían aprobado el examen de idoneidad para la APN”, expresó el gremialista. “Hay que sincerar si quieren o no mantener el hospital operativo”, dijo.

En octubre pasado, el Ministerio de Salud ratificó en conferencia de prensa que se había acordado con representantes gremiales abrir una mesa de trabajo con profesionales y autoridades para “asegurar la prestación de servicios” y que una comisión, como dio cuenta LA NACIÓN en ese momento, empezaría a “trabajar en un plan, que avanzará de acuerdo con un cronograma” a definir por ese grupo de trabajo.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), en tanto, también solicitaron una reunión con Lugones y se encontraban en la sede del ministerio a la espera de respuesta.

“Tenemos absoluta preocupación por lo que está pasando en los organismos que dependen de Salud”, manifestó Pedro Lynn, secretario gremial de ATE Capital y delegado general de ATE Salud. En los distintos pisos del edificio sobre la avenida 9 de Julio donde funciona el ministerio tampoco habían llegado telegramas.