A pesar del frío glacial que hay en el Senado con respecto a la posibilidad de votar a los dos candidatos de Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia, en el Gobierno creen que los pliegos del juez federal Ariel Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla tienen chances de ser aprobados. “Si no, ya los hubieran retirado”, afirman en la Casa Rosada, y apuestan a que apenas se firmen los dictámenes sean sometidos a votación en el recinto.

“Los pliegos viven, avanzan lento pero avanzan”, le dijo a LA NACION una alta fuente del Gobierno que participa de las negociaciones con los senadores para lograr los dos tercios de los votos del Senado, que son los que destrabarían las nueve firmas que requiere cada candidato en la Comisión de Acuerdos, para que luego sea votado en el recinto de la Cámara alta.

El forzoso giro de Milei hacia la fase de resistencia

En el Gobierno señalan que es una cuestión de tiempo. “Hoy les mandás el pliego de un juez de línea y te lo bochan”, bromeó otro alto funcionario, con una metáfora futbolera, para graficar lo complejo de la situación. Pero ambos dirigentes libertarios señalaron que hay que esperar.

“Si los pliegos estuvieran muertos, ya los habríamos retirado y mandado otros dos nombres. En esto no vamos a perder tiempo”, dijo un funcionario del Ministerio de Justicia que está a cargo de reunir los votos necesarios. Es que el cargo que pretende ocupar Lijo está vacante en la Corte y el que aspira a ocupar García-Mansilla quedará vacante el 31 de diciembre, cuando el juez de la Corte Juan Carlos Maqueda cumpla 75 años, si no hay otros cambios.

Los nombres de Lijo y García-Mansilla quedaron empantanados hace 15 días en el Senado, cuando Cristina Kirchner mandó a frenar todas las conversaciones que estaban manteniendo sus senadores con el propio juez federal, con el asesor presidencial Santiago Caputo y con su álter ego en el Ministerio de Justicia, el viceministro Sebastián Amerio.

Es que la decisión de Cristina Kirchner de exigir cargos judiciales a cambio de apoyar las nominaciones complicó los planes del Gobierno. Al mismo tiempo, los bloques dialoguistas del Senado se incomodaron ante un posible acuerdo Milei-Kirchner. Todo contribuyó a frenar el impulso inicial con el que venían ambas nominaciones.

Lijo hizo sus rondas de reuniones con senadores y gobernadores, incluso en el departamento de su novia, Genoveva Ferrero, sobre la avenida del Libertador. El juez de la Corte Ricardo Lorenzetti recibió en su despacho a mandatarios provinciales con los que habló del tema para conseguir apoyos para el juez federal, ya que fue él quien le sugirió su nombre a Milei.

El Gobierno, para destrabar el asunto, sugirió que estaba dispuesto a discutir la ampliación de la Corte Suprema, actualmente con cinco integrantes y una vacante. La oposición recogió el guante y le sumó los cargos de Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y, en ese envión, parte de las 140 vacantes de jueces federales, con candidatos ya elegidos por el Consejo de la Magistratura, cuyos nombres descansan en el Poder Ejecutivo.

Pero hoy en el Gobierno dicen que primero quieren las nueve firmas en el dictamen de la Comisión de Acuerdos del Senado, y que luego negociarán la ampliación de la Corte. En la oposición quieren exactamente lo contrario.

Los funcionarios de Milei están analizando que si se aprueba el dictamen, esa misma semana, o incluso ese mismo día, pueden convocar a una sesión en el Senado para votarlos. Hay antecedentes de los ‘80, dicen.

“Los dictámenes van a salir y se van a firmar cuando estén garantizados los votos de los 48 senadores necesarios para aprobarlos. Si salen los dictámenes, salen los jueces”, graficó una fuente del Gobierno que está en la conversación legislativa.

Los interlocutores del Gobierno hoy son los senadores, principalmente los que no están atados a ningún gobernador. Por ejemplo, de las tres bancas de Catamarca –administrada por Raúl Jalil, un peronista “dialoguista” y colaborador con la Casa Rosada– dos corresponden al peronismo, pero el gobernador no tiene ascendencia directa sobre Lucía Corpacci, cercana a Cristina Kirchner.

Algo similar sucede en Tucumán, donde el exgobernador Juan Manzur está enfrentado al mandatario Osvaldo Jaldo. De las tres bancas de Río Negro, solo la de Mónica Silva es del mismo color político que Alberto Weretilneck. Por Santa Cruz Alicia Kirchner ocupa una banca y las otras dos son de Natalia Gadano y José Carambia, que responden al gobernador Claudio Vidal, que llegó al poder con alianzas con Pro y sectores de la UCR.

“Hay senadores que me han dicho ‘tengo vía libre: no me llamó nadie, nadie me dijo nada para que rechace a Lijo o para que acepte’”, señaló otro funcionario, que dijo que no se niegan a conversar sobre ampliar la Corte, pero no ahora. Máxime cuando hay proyectos para todos los gustos, incluso uno con media sanción en el Senado que eleva a 15 el número de jueces.

El primer síntoma del cambio de escenario en el Senado, hace 15 días, quedó reflejado en el congelamiento del dictamen de Lijo en la Comisión de Acuerdos. El documento había empezado a circular y reunía la firma de tres senadores de los nueve necesarios. El juez federal defendió su pliego en audiencia pública hace un mes y el dictamen, paso necesario para que se pueda discutir su nominación en el recinto, sigue sin avanzar.

Las negociaciones entre el Gobierno y el kirchnerismo pusieron en alerta a los dialoguistas. El peronista antikirchnerista Juan Carlos Romero (Cambio Federal-Salta) dijo que no firmaría el despacho hasta que no lo hicieran los senadores de Unión por la Patria. Los radicales Martín Lousteau (Capital), Maximiliano Abad (Buenos Aires) y Mariana Juri (Mendoza), miembros de la Comisión de Acuerdos, decidieron esperar hasta que se aclare el panorama antes de decidir si apoyaban a los candidatos del Gobierno. Lousteau estuvo en un momento más cerca de firmarlo, y ahora parece más lejos de hacerlo.