Puede mirarse como una nueva tragedia vial en una provincia donde solo el año pasado murieron, según cifras oficiales, 954 personas en incidentes de tránsito. Sin embargo, el choque en el que este fin de semana perdieron la vida cuatro policías bonaerenses y resultaron heridos otros 16 revela algo mucho más complejo: la existencia de un Estado “bobo” y desaprensivo, que no mide los riesgos ni los costos de su propia ineficacia, donde la gestión operativa del gobierno parece librada, en áreas muy sensibles, a una especie de inercia irracional y negligente.

El caso merece ser examinado como una muestra del absurdo en el manejo de la seguridad, pero también del Estado en su conjunto. Los hechos son conocidos: veinte policías eran trasladados desde Bahía Blanca, en el extremo sur de la provincia, para realizar un operativo en una cancha de fútbol de San Nicolás, en el límite norte del territorio provincial, donde se disputaría un partido del Nacional B entre Brown de Adrogué y Atlético Rafaela.

Cuando se produjo el accidente mortal, en el cruce de las rutas 7 y 51, a la altura de Carmen de Areco, los uniformados llevaban diez horas en la ruta y habían recorrido 626 kilómetros. Aún les faltaban algo más de dos horas para llegar a destino. Habían salido a las nueve de la noche del viernes y tenían previsto arribar a San Nicolás apenas un rato antes del partido, que comenzaba a las 16. Al finalizar el encuentro debían emprender el regreso: otras doce horas arriba de un minibús para ir de una punta a la otra de la provincia ¿Puede concebirse un despropósito mayor?

La policía bonaerense tiene casi 100.000 agentes, la mayoría concentrados en el conurbano. ¿Era razonable movilizar a uniformados de Bahía Blanca para un operativo rutinario en San Nicolás? ¿Nadie midió el costo económico, pero además el riesgo humano de semejante despropósito? ¿Nadie supervisa ese tipo de decisiones en el Ministerio de Seguridad? ¿No hay rendición de cuentas ni filtros administrativos que evalúen la razonabilidad de los traslados?

Si uno mira el organigrama de ese Ministerio, como el de cualquier repartición del Estado bonaerense, verá un laberinto de subsecretarías, direcciones, unidades operativas, agencias de verificación y control, oficinas de autorización y mesas de entradas, por citar solo algunos sellos de una intrincada burocracia que siempre juega en contra del ciudadano. En tantos mostradores, sin embargo, nadie parece haber puesto reparos para que 20 policías viajen 800 kilómetros por un operativo de 90 minutos en un partido del ascenso.

El dramático episodio deja en evidencia la inoperancia y la indolencia con que se administra la provincia. Detrás de un discurso altisonante que exalta las supuestas bondades de un “Estado presente” se esconde una absoluta desidia en el cuidado de los recursos humanos y materiales. ¿Qué servicio podrían haber prestado esos agentes después de haber viajado 14 horas en una combi, mal dormidos y con comidas a las apuradas?

El riesgo de que ocurriera lo que ocurrió debió haberse contemplado. Pero si no hubiera sucedido la desgracia, ¿se justificaban el costo y el desgaste para desplegar un operativo de seguridad en un partido de escasa relevancia pública en la otra punta de la provincia?

Esta vez la insensatez terminó en una tragedia, y por eso –lamentablemente– nos hemos enterado. Pero ¿cuántos despropósitos similares pasan por debajo del radar todos los días? ¿Cuántas decisiones absurdas condicionan servicios de salud, de educación y de seguridad en una provincia donde episodios como este ni siquiera provocan preguntas ni debates?

En un sistema medianamente virtuoso, un hecho de esta magnitud desembocaría en una larga cadena de responsabilidades. El ministro de Seguridad y el propio gobernador se verían forzados a rendir cuentas y a dar explicaciones. En la provincia, sin embargo, ensordecen los silencios. Ni siquiera se ha conocido una declaración pública de las máximas autoridades solidarizándose con las familias de las víctimas. Y hasta donde se sabe, nadie se ha apurado a pedir informes por un hecho que, por lo menos, abre serios interrogantes sobre la gestión operativa de las fuerzas de seguridad.

La tragedia terminó con los sueños de Octavio Bergesi, un oficial de apenas 25 años que había nacido en Ingeniero White. También truncó las vidas de Cristian Delgado, padre de dos hijos que vivían con él en Tres Arroyos; de Hernán Danilo Sánchez, un fanático de las artes marciales que también era padre de familia, y de Alejandro López, hincha de Racing y exintegrante del cuerpo de bomberos voluntarios de Punta Alta.

Sus dramas revelan la inconsistencia de un relato basado en eslóganes e ideologismos, que se desentiende de la responsabilidad y la racionalidad en la gestión gubernamental. Curiosa paradoja la de un estatismo que descuida a los agentes y los recursos del Estado. Y la de una facción que se envuelve en la bandera de la “solidaridad”, pero condena a servidores públicos a prestaciones inhumanas. Sacar cuentas, planificar, ordenar y racionalizar parecen verbos ajenos a una cultura política que se aferra al poder desde la ideología, no desde el trabajo arduo y engorroso de la administración y la gestión.

Por supuesto que la carrera policial es riesgosa y sacrificada. Pero precisamente por eso debería ser manejada con responsabilidad y profesionalismo. Administrar el Estado implica tomar decisiones razonables, cuidar los recursos humanos, racionalizar los gastos, hacer una adecuada coordinación interjurisdiccional, calibrar muy bien la ecuación de costos y beneficios. Nada de esto parece haber funcionado al ordenar el operativo que hoy enluta a la policía bonaerense.

La tragedia de Carmen de Areco nos muestra otra vez que Buenos Aires es una provincia ingobernada. Y nos recuerda que la ineficacia no solo es cara: también mata.