En términos boxísticos, podría decirse que a todo Presidente le llega su primer gancho al hígado. La multitudinaria marcha universitaria mostró un amplio consenso que trascendió clases sociales en torno de la defensa de un valor como la educación pública y fue un serio llamado de atención al gobierno de Javier Milei, al margen de que algunos de los dirigentes políticos y gremiales más impresentables de la Argentina hayan querido apropiarse de ella. Por primera vez un gobierno que parecía disfrutar de su prolongada luna de miel y que dominaba a piacere la agenda política debió replegarse hacia una posición defensiva.

Nuestra historia reciente está llena de hechos sociales, muchas veces inesperados, que sacan a los gobiernos de su zona de confort. El secuestro y posterior asesinato del joven Axel Blumberg, que provocó masivas movilizaciones en demanda de seguridad allá por 2004, fue el primer golpe a la mandíbula que experimentó Néstor Kirchner como presidente. Las protestas del campo y el fracaso de la resolución 125 sobre retenciones en el Senado constituyó el primer traspié de Cristina Kirchner a solo tres meses de su asunción presidencial en diciembre de 2007. A Mauricio Macri le llegó después de ganar las elecciones de medio término de 2017, cuando nadie lo imaginaba, con la violenta protesta desencadenada a partir de su proyecto de ley sobre haberes jubilatorios. En todos esos casos, se trató de advertencias a los gobernantes que encendieron luces de alerta, pero que no les impidieron continuar con su gestión.

Las interpretaciones sobre la marcha universitaria dividieron al propio gobierno de Milei entre quienes enfatizaron que se trató de un ataque más de los sectores que se oponen al cambio, y quienes, por el contrario, admitieron que el mensaje de buena parte de los manifestantes iba más allá y merecía al menos el ensayo de una autocrítica.

Milei fue víctima de esas contradictorias lecturas. Su primera reacción fue lanzar una ácida crítica hacia quienes orquestaron la movilización y calificar la jornada de protesta como “día de gloria para el principio de revelación”, un artificio para identificar quiénes están de un lado y quiénes del otro, en una suerte de glorificación de la grieta. Incluso llegó a postear en las redes sociales la imagen de un león bebiendo de una taza con la inscripción “Lágrimas de zurdo”. Más tarde, sin embargo, el propio jefe del Estado pareció recalcular sus movimientos y expresó que “se usaron causas nobles para desestabilizar al Gobierno”. De este modo, al menos, le reconoció legitimidad al reclamo.

El Presidente acusó el impacto de la marcha y por eso se dispuso que, en adelante, fuera el más moderado secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien condujera las negociaciones con los rectores de las universidades nacionales, en lugar del responsable de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, un funcionario mucho más radicalizado que había llegado a afirmar que se pasó “del adoctrinamiento a la persecución política y el terrorismo” en las universidades públicas.

Al margen de las diferencias en cuestiones presupuestarias, que hoy cruzan a todo el sector público por la crisis económica y de financiamiento que afronta el país, los argentinos nos debemos un debate mucho más maduro y profundo sobre la universidad pública que aquel derivado de consignas políticas tan huecas como engañosas. Porque no es cierto que la universidad pública sea una máquina de adoctrinamiento o lavado de cerebros –más allá de algunos casos tan puntuales como vergonzosos– ni es verdad que desde el actual Gobierno se pretenda cerrarla. La situación educativa, incluida la espinosa cuestión sobre la gratuidad para los estudiantes extranjeros y para quienes tranquilamente pueden pagar para estudiar, exige una discusión alejada de dogmatismos y prejuicios.

Es probable que a Milei ya no le baste con sus arremetidas verbales contra “la casta” para conservar su encanto en la opinión pública.

El modelo discursivo del Presidente, basado principalmente en la descalificación de quien se atreve a cuestionar su política económica, cuando no en la agresión, puede explicarse por varios factores. Parte del supuesto de que, en los tiempos que corren, el insulto mide más que la mesura y la moderación es propia de los tibios. Se trata de una estrategia de conducción, sustentada en la idea de que pelearse con todos los que pueda lo posicionará en el centro del escenario en forma permanente. Además de expresar en buena medida la personalidad y la propia naturaleza de Milei, ese particular estilo se sostiene en la demanda de la sociedad de un cambio profundo en un país donde casi nada parece funcionar bien. Para esos argentinos, el peor insulto es la palabra statu quo, y Milei se empeña en demostrar que quiere dar vuelta todo y quebrar las viejas estructuras en las que anida la “casta”.

El histrionismo presidencial también puede obrar como una táctica capaz de desviar la atención de cuestiones urticantes para el Gobierno. Con su mensaje en clave de stand up en la noche de gala de la Fundación Libertad, en el que no ahorró chicanas y burlas contra no pocos críticos de su gestión, condimentadas con algún que otro comentario fuera de lugar que desentonó con el protocolo propio del evento, Milei buscó correr de la agenda mediática el golpe que para su gobierno significó la marcha universitaria. Y aun cuando para no pocos observadores rozó el ridículo con sus grotescas imitaciones de conocidos economistas y dirigentes, pareció lograrlo.

El penoso estado de la oposición política y de no pocas de sus figuras fácilmente asociables a la imagen de un tren fantasma, también ayuda a Milei. Muchos de los pesos pesados de la política vernácula que reniegan del programa libertario no saben cómo entrarle al Presidente. Esto se aprecia especialmente entre dirigentes del peronismo, conscientes de que Milei tiene encandilada a no poca parte de su histórica clientela electoral, fascinada con el estilo transgresor del primer mandatario, que lo asemeja por momentos a Néstor Kirchner; con ciertos rasgos histriónicos que supo cultivar Cristina Kirchner, y con el carisma que caracterizó a Carlos Menem. Como apunta Juan Germano, director de la consultora Isonomía, las principales fuerzas opositoras requieren hacer un upgrade de sus propias herramientas: mientras el peronismo se ha quedado anclado en conceptos como el Estado presente y la justicia social, el radicalismo se ha refugiado en la simple idea de la república y la democracia. Tal vez les haya llegado el momento de un reseteo.

El vacío de contenido que ofrece esa oposición explica en buena medida el hecho de que alrededor del 30% de quienes confiesan que no llegan a fin de mes respalden a Milei, según los datos de Isonomía. Se trata, según los especialistas en opinión pública de la consultora, de un dato insólito, por cuanto en anteriores administraciones gubernamentales el apoyo al gobierno por parte de ese segmento de la sociedad tendía a cero. Del mismo modo, el amateurismo y la falta de experiencia que se advierten en el Gobierno y son cuestionados por expertos analistas políticos, parecen ser bien vistos por una amplia porción de la sociedad. Frente al interrogante acerca de si será Milei el más apto para liderar el cambio a pesar de su fragilidad parlamentaria y de los errores de gestión propios de su inexperiencia e improvisación, el Presidente advirtió que puede servirle no tener poder y que sus tropiezos legislativos pueden serle útiles para decirle a su electorado: “Acá está la casta que no me deja avanzar”.

Hay, sin embargo, un dato que pone nerviosos a muchos: el de Milei es el primer gobierno desde la reapertura democrática de 1983 que ha sido incapaz de sancionar una sola ley en sus primeros cuatro meses de gestión.

Con los dictámenes emitidos por las respectivas comisiones de la Cámara de Diputados sobre la “Ley de bases” –no sin pocas concesiones al sindicalismo para mitigar la proyectada reforma laboral– y el paquete tributario renació la esperanza en el oficialismo. Es altamente probable que la Cámara baja les dé media sanción a esas iniciativas en los próximos días. Subsisten, no obstante, dudas acerca de cómo será el trámite posterior de esos proyectos en el Senado. Entretanto, se espera que de un momento a otro aterrice en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia el proyecto de reforma del régimen penal juvenil, que bajaría la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años, fruto del trabajo conjunto de los ministros Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona. Dejar atrás la sensación de provisoriedad y demostrar que puede sancionar leyes y exhibir gobernabilidad es el objetivo inmediato de Milei.