La conflictividad llegó para quedarse en los aeropuertos argentinos. Los aviones y todos los servicios que se mueven a su alrededor no tendrán una operación tranquila, al menos en el corto plazo. Hoy fue una medida de fuerza, una asamblea en este caso, que llevó adelante la empresa estatal Intercargo por el despido de un empleado de la compañía y que afectó a todas las empresas menos a Aerolíneas Argentinas, que se presta su propio servicio. Hace dos días, las cancelaciones se debieron a problemas en el centro de capacitación de la línea aérea de bandera, el Cefepra, que obligó a un intento fallido de reprogramar pilotos. Las consecuencias de ambos fueron similares: pasajeros varados y, en el caso de hoy, rehenes arriba de un avión por unas largas horas.

Pero, más allá de la escena del día, cada una de estas funciones se desarrolla en un escenario mucho mayor y que tiene como telón de fondo una visión opuesta entre el Gobierno y los gremios respecto del presente, pero, sobre todo, del futuro del mercado aerocomercial. A riesgo de ser reduccionista, se podría decir que es una puja entre estatistas y privatizadores, entre la apertura del mercado o un cierre mayor. En el medio, claro está, cuestiones gremiales y salariales, pero todo enmarcado en diferencias mucho más profundas y, lamentablemente, difíciles de conciliar.

A media tarde, y mientras los pasajeros se amontonaban en los aeropuertos, desde la Casa Rosada dejaron trascender que había un ultimatum sobre la mesa y que la semana próxima habría medidas concretas. El anuncio sonó, al menos, apurado dado que, más allá de la confusión en los mostradores de las empresas, la línea aérea de bandera no tuvo consecuencias por las medidas de fuerza de hoy ya que el epicentro fue Intercargo.

La amenaza oficial se blandió con la posibilidad de la presentación del Plan Preventivo de Crisis, un sistema que se presenta ante la autoridad administrativa (Secretaría de Trabajo), una herramienta que entrega la legislación a una empresa cuando se dan ciertas condiciones para que se ejecute un plan que termine por salvar de la quiebra a la firma. Se trata de un expediente administrativo, en el que la línea aérea tendrá que convencer a las autoridades de que las condiciones actuales la han llevado a una crisis. En el caso de que la autoridad acceda al pedido (se descuenta que sucederá), los derechos gremiales quedan muy golpeados y la posición de los jefes sindicales, también. Ahora bien, para complicar la operatoria de la empresa no es necesario una medida de fuer za tradicional. La operación aérea se vería profundamente afectada ya que interferiría también en la venta anticipada de pasajes dado el alto grado de incertidumbre a la hora de volar.

Así las cosas, la novedad del día fue la sorpresiva asamblea de Intercargo, una empresa estatal que maneja los servicios de tierra que necesita un avión cuando aterriza o cuando está presto a despegar. Es decir, operar las rampas, las escaleras para subir o bajar de las aeronaves, los colectivos para el traslado dentro de la estación y el manejo del equipaje. Eso hace la compañía pública, una firma estatal que tenía 1665 empleados cuando el presidente Javier Milei se hizo cargo de la Casa Rosada y que, según datos oficiales que compila en Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), ahora cuenta con 1576 trabajadores.

Como se dijo, la medida de fuerza –que no afectó a Aerolíneas Argentinas– que dejó a centenares de pasajeros sin poder tomar su avión a tiempo, tuvo una consecuencia mayor. Más de 500 pasajeros que llegaron al aeroparque porteño llegaron a permanecer hasta casi tres horas arriba del avión porque nadie operaba el descenso. Todos arriba de la nave hasta que, horas más tarde, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) arrimó escaleras y colectivos y permitió el descenso. Lentos de reflejos.

El motivo fue la solidaridad con un despido que realizó la empresa que, de acuerdo a los que explicaron sus voceros, tuvo su origen en el abandono de tareas. “Fue un episodio que sucedió el sábado y que involucró a varios empleados. También generó demoras”, explicaron en la firma que maneja el servicio de rampa.

Pero, detrás de esta causa, justificada o no, lo que corre por detrás de estos hechos es la profunda desregulación del sector que lleva adelante y, un poco más allá, la intención de privatizar varias empresas, Intercargo entre ellas. Una de las medidas más importantes fue un decreto que firmó Milei en julio. En esa norma se dispuso la apertura necesaria como para que otros jugadores compitan con Intercargo, encargada de todo lo que tiene que ver con servicios de rampa, asistencia y equipaje para todas las líneas aéreas que operan en el país, con excepción de Aerolíneas Argentinas, Flybondi y American Airlines, que operan su propia prestación.

Tal como se vio, los gremios del sector tienen capacidad de fuego como para realizar medidas de fuerza que paralicen la operación. Estos movimientos gremiales seguirán cuando avance la liberalización.

De acuerdo a la regulación que estaba vigente hasta julio, las aerolíneas tenían la obligación de contratar a Intercargo salvo que se presten ellas mismas el servicio. American siempre tuvo su personal de tierra, ya que opera en un puñado de aeropuertos. Flybondi se autoabastece en todos lados menos en Aeroparque y la línea aérea de bandera tiene para ese trabajo a Aerohandling, una sociedad del grupo que le da servicios a sus aviones. Los demás, en manos de Intercargo.

Desde entonces se abrió la posibilidad de que entren otros jugadores, o incluso Aerohandling tendría la posibilidad de ofrecer sus servicios a otras firmas y fortalecer esta línea de negocios. Claro que también hay requisitos de presentación de documental y, finalmente, plazos exprés para que el regulador apruebe o solicite lo necesario, a riesgo de que el paso del tiempo termine por entregar la aprobación tácita ante el silencio del Estado. Lo cierto es que semejante golpe a un monopolio empezó a generar conflictividad en el día a día.

Así las cosas, se llegó a una paralización total del servicio. Los gremios juegan su partido y el Gobierno el suyo. “Ante las medidas salvajes que están llevando a cabo gremialistas de APA en Intercargo, estamos coordinando junto a Patricia Bullrich para que la PSA pueda asistir a los pasajeros que han sido tomados de rehén por esta runfla de delincuentes. Se han impartido instrucciones para que se presenten las denuncias penales correspondientes para que la justicia intervenga inmediatamente y puedan recuperar su libertad los pasajeros”, escribió el secretario de Transporte, Franco Mogetta a las 13.39 en la red social X. Pocos minutos más tarde, fueron socorridos los viajeros que estaban arriba de los aviones, algunos de ellos desde las 11.

Podrán venir causas penales, denuncias, presiones de unos y otros, y mil excusas con razones de ambos lados. Los gremios y el Gobierno juegan su partido. Pero, detrás de eso, y al menos por un tiempo, cada pasajero que haya pagado su pasaje no sabrá si vuela o no hasta el momento mismo del despegue. Así se configuró el mercado de cara a la temporada alta, a la época de más demanda hay de todo el año.