Un día después de negar la cifra de 30.000 desaparecidos y confrontar con el kirchnerismo al exigir una memoria “completa” sobre la última dictadura, el Gobierno dio a conocer que investiga las indemnizaciones pagadas durante la gestión de Alberto Fernández y que detectó “bandas” que presuntamente falsificaban documentos y testimonios para hacer pedidos de reparaciones económicas.

“Las denuncias se iniciaron antes y estamos impulsándolas, nos vamos a poner en un rol de querella. Voy a pedir embargos y decomiso de bienes. Son entre 15 y 20 bandas y debe haber muchos más. Todavía tengo tres cuerpos más de expedientes para leer. Estamos readecuando la estrategia”, señaló el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a LA NACION.

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Fuentes oficiales aseguraron que existen 22.000 juicios por leyes reparatorias y que se están revisando 900 expedientes, que corresponden a los que fueron firmados en el último año por el exministro Martín Soria y Horacio Pietragalla Corti, exsecretario de Derechos Humanos. Según el análisis al momento, se detectaron irregularidades como el pago a un homónimo e indemnizaciones a personas cuyos expedientes no aparecen.

Este medio dio cuenta en junio del año pasado que la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, encabezada entonces por el camporista Pietragalla Corti, se había presentado como querellante en una causa donde fueron procesadas cinco personas a las que se acusó de integrar de una organización criminal dedicada a falsificar pruebas en juicios por crímenes de lesa humanidad y expedientes de reclamos por leyes reparatorias en busca de un beneficio económico.

Según se detalló en un comunicado oficial, la decisión la tomó el juzgado federal número 5 de la ciudad de Buenos Aires y recayó sobre Adrián Martínez Moreira, Omar Enrique Ramón García, Leticia Concepción Gaete, Nicole Carolina Garrido Piris y Susana Claudia Feldman.

De acuerdo con lo informado, Martínez Moreira fue procesado por “62 hechos como organizador de una asociación ilícita, falso testimonio, estafa y fraude a la administración pública” junto a las otras cuatro personas. El sitio La voz de Misiones confirmó que el hombre es oriundo de esa provincia, lleva años presentándose como hijo de una pareja de militantes paraguayos desaparecidos durante el régimen del general Alfredo Stroessner y acumula denuncias desde 2015.

“En su relato, el misionero aseguraba que sus padres desaparecidos habían sido miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de Enrique Gorriarán Merlo, y que inclusive habían participado del atentado contra el dictador nicaragüense Anastasio Somoza, en Asunción, en 1980″, consigna el citado medio en función de la información que el sospechoso difundía a través de sus redes sociales y cuya veracidad es investigada por la Justicia.

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En la causa se evalúan distintos hechos realizados por la organización con el objetivo de obtener beneficios económicos. “A través de denuncias y pruebas falsas, se presentaron en causas judiciales por crímenes de lesa humanidad y expedientes vinculados al cobro de indemnizaciones contempladas en las leyes reparatorias por graves violaciones de derechos humanos”, detallaron desde la dependencia.

En el marco del proceso, se indicó que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en agosto de 2021, luego de reunir información sobre estas maniobras fraudulentas en expedientes judiciales y administrativos que procuraron afectar el trabajo de la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias de la Secretaría y a las víctimas que legítimamente buscan una compensación ante el Estado.

“De esta manera, se busca impulsar activamente este proceso para obtener una resolución judicial que permita dar claridad y transparencia ante estos hechos, que han tenido impacto en las víctimas y en la normal administración de justicia”, remarcaron desde el organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.